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Decretan estado de emergencia en cárceles de El Salvador

Corte de comunicación desde centros penitenciarios así como la suspensión de las visitas de familiares son algunas de las medidas implementadas desde ayer.

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Reunión.  El Gabinete de Seguridad sostuvo una reunión ayer con representantes de compañías telefónicas y el superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones.

Reunión. El Gabinete de Seguridad sostuvo una reunión ayer con representantes de compañías telefónicas y el superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones.

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El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, en conjunto con el director general de Centros Penales, Osiris Luna, y el ministro de la Defensa, René Merino, anunció un estado de emergencia para 28 centros penitenciarios del país, con el objetivo de evitar que se giren órdenes hacia estructuras delincuenciales por medio del corte de la comunicación hacia el exterior por cualquiera de las vías.

La medida, según explicaron las autoridades, se sustenta en el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, que faculta a la Dirección de Centros Penales para que se pueda decretar estado de emergencia en el Sistema Penitenciario por un lapso de 15 días, es decir hasta el próximo 5 de julio.

Dicho artículo expresa: "En situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos o motines, los directores de centros penitenciarios podrán declarar el estado de emergencia en el centro que dirigen o en algún sector determinado del mismo y suspender o restringir los derechos previstos en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 9, por un plazo no mayor de quince días, decisión que estará sujeta a confirmación o revocación de la Dirección General de Centros Penales, en un término no mayor de doce horas. De tal confirmación, se debe informar por escrito o de cualquier forma, inmediatamente, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República".

Esta acción se incluye, dijo Rivas, dentro del plan de recuperación territorial que comenzó a desarrollarse a primeras horas del pasado 20 de julio y que también incluyó el traslado de 1,041 reos de la pandilla 18 a diversos centros penitenciarios.

Los pandilleros guardaban prisión en los penales de Quezaltepeque e Izalco, y fueron trasladados a otras cárceles "de mayor rigurosidad", según se dio a conocer por medio de un mensaje emitido en las redes sociales.

Ante esto, Luna manifestó por medio de su cuenta de Twitter: "Este día no solo hemos realizado traslados estratégicos de reos, sino que hemos iniciado el rompimiento de estructuras criminales y las mafias dentro de los centros penales instaurados desde la tregua".

Rivas explicó ayer, en conferencia de prensa, que durante el estado de emergencia "no se permitirán las visitas familiares", y que los privados de libertad "no podrán utilizar las cabinas telefónicas para comunicarse con el exterior".

"No hay ningún tipo de comunicación en los centros penales hacia el exterior. Se ha ordenado cortar toda comunicación", señaló Rivas.

Por su parte, Luna señaló que además se han eliminado los saldos que los privados de libertad tenían para poder realizar llamadas controladas desde los centros penales.

"El estado de emergencia también incluye el corte de los saldos que cada privado de libertad tiene para llamadas al mes que el gobierno pasado subió a $100. Ese también ha sido eliminado y no hay forma de comunicación al exterior porque descubrimos que las llamadas no solo eran ocupadas para sus procesos, sino que tenían hasta 10 números de llamadas para seguir dando órdenes", dijo Luna.

Además, Rivas dijo que se ha solicitado apoyo al ministro de la Defensa para reforzar la seguridad en los alrededores de las cárceles con 350 efectivos de la Fuerza Armada, todos los centros penales, "para tener un mejor control de los perímetros".

Con los alcaldes

Entre tanto, Rivas también afirmó que dentro del plan de recuperación territorial que se ejecuta desde el pasado jueves en 12 municipios del país se encuentra el trabajo de reinserción y la reconstrucción del tejido social de los municipios con la intención de poder disminuir los niveles delincuenciales.

Santa Ana, Apopa, Ilopango, San Martín, San Marcos, San Miguel, Ciudad Delgado, Colón, Mejicanos, Santa Tecla, San Salvador y Soyapango son los 12 municipios en los que se ha puesto en marcha el plan, que incluye a 2,500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a 3,000 miembros de la Fuerza Armada para patrullar dichos lugares.

Es de recordar que los últimos seis municipios fueron parte de la primera etapa del Plan El Salvador Seguro impulsado por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

"Además se ejecutarán otro tipo de actividades dentro del plan que más adelante serán dados a conocer a la población y a la prensa", aseguró Rivas.

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Tags:

  • Emergencia en cárceles

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