Defensa CEL-Enel señala debilidad de pruebas FGR

Defensores sostuvieron que contrato con empresa italiana no fue lesivo para el Estado, sino que aumentó patrimonio a geotérmica.
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Tercera sesión. Ayer transcurrió el tercer día de la audiencia preliminar que preside el juez Séptimo de Instrucción.

Tercera sesión. Ayer transcurrió el tercer día de la audiencia preliminar que preside el juez Séptimo de Instrucción.

Defensa CEL-Enel señala debilidad de pruebas FGR

Defensa CEL-Enel señala debilidad de pruebas FGR

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LaGeo (antes llamada Gesal) pasó de tener un patrimonio de $22,870.29 en 1998, antes de la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica, a un patrimonio de $556,576,785.00 en 2013. Ese fue uno de los planteamientos presentados ayer por la defensa del caso CEL-Enel para rebatir parte de la tesis fiscal, que señala que el contrato con Enel fue lesivo para el Estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) intenta convencer al Juzgado Séptimo de Instrucción que nueve personas, mayoritariamente exdirectivos de CEL, fraguaron un “plan criminal” para buscar un socio estratégico para explotar energía geotérmica en LaGeo y para favorecer a Enel.

“Habría que ver si ha sido rentable o no. Y la respuesta es rotundamente sí. Sí se generó energía, sí se repartieron ganancias, ¿entonces a dónde está el reclamo?”, afirmó Tom Molina, abogado de Julio Olano.

Los abogados que intervinieron ayer, durante el tercer día de la audiencia, reiteraron que sus representados tomaron decisiones con base en la normativa vigente en su momento, en especial la Ley General de Electricidad.

Arturo Muyshondt, defensor de Thomas Hawk y del exministro de Economía Miguel Lacayo controvirtió los documentos que la fiscalía ha ofrecido como prueba. El defensor explicó al juez que la FGR vincula a Hawk con 14 actas de junta directiva, de las cuales su defendido solo participó en 4.

El abogado también expuso que la FGR le está atribuyendo a Hawk decisiones que fueron tomadas cuando él ni siquiera era director suplente en CEL.

La fiscalía ha señalado que los imputados permitieron que Enel se hiciera de más acciones en LaGeo. La defensa cuestionó ayer que ninguno de los exdirectivos que dio su aval para el último incremento de acciones de Enel, que le permitió alcanzar el 36.2 % de acciones, ha sido acusado.

Los defensores consideran que no se configura el delito de peculado que está imputando la fiscalía, porque ese es un delito contra el patrimonio en el que se requiere una apropiación de bienes del Estado.

“¿Y de qué se apropió Enel? Al contrario, Enel lo que hizo fue comprar acciones en GESAL, eso no significa apropiarse. Por otra parte, si en realidad hubo un detrimento en el patrimonio de CEL, ¿qué reflejan las cuentas, qué reflejan las auditorías? Reflejan lo contrario: de 1998 a 2013 hubo un incremento de patrimonio, no hubo un detrimento”, subrayó Nicolás Hernández, defensor de Jorge Simán Zablah.

En diciembre pasado, el Gobierno pagó $287.62 millones a Enel por su participación accionaria en LaGeo. Los abogados que expusieron ayer se volvieron a preguntar: “¿Compró el Estado acciones de origen ilícito?”

Los defensores se suscribieron al planteamiento que hizo el pasado martes otro abogado: que los hechos descritos por la fiscalía se ajustan más al delito de negociaciones ilícitas y no a peculado y que, en esa lógica, se estaría ante un delito que ya prescribió.

Los defensores que han hablado han recriminado que la fiscalía no ha demostrado que ninguno de los señalados haya obtenido bienes o incrementado su patrimonio a partir del contrato.

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