Defensa de Angelucci señala a exdirectivas del BMI

Hoy continuará la audiencia de aportación de pruebas del caso Infocentros. La Fiscalía niega que los delitos hayan prescrito.
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FOTO DE LA PRENSA/Josué Guevara En audiencia.  Angelucci (derecha) y Figueroa (centro) se presentaron ayer a la audiencia.

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Un juez interino del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador inició ayer la audiencia de aportación de pruebas del caso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucc, y al ex director ejecutivo de Asociación Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, de haber confabulado para forzar convenios ilegales entre el banco y la asociación, ambos presididos por Angelucci, y de esta manera beneficiar a dicha asociación por más de $6 millones, entre 2002 y 2008.

Los abogados defensores de Angelucci afirmaron que no comparten que la firma de los siete convenios entre la Asociación Infocentros y el BMI son hechos que figuran como delitos de corrupción, pero que si en todo caso existiera una falta, sería responsabilidad de las juntas directivas del banco que aprobaron los acuerdos y no de Angelucci.

“Tenemos información de que muchas de las actuaciones del señor Angelucci (como presidente del BMI y presidente de Asociación Infocentro) no pasaban por la junta directiva (del banco)”.
 Rocio Rodríguez, fiscal del caso

Según hizo constar el apoderado legal de Angelucci, Mario Machado, en las reuniones en las que se aprobaron los acuerdos estuvieron presentes otras personas. Además, según Machado, en la mayoría de reuniones de junta directiva en las que se aprobaron los convenios no participó Angelucci, y cuando lo hizo fue para incluir en acuerdos puntos ya decididos.

En la acusación fiscal consta que las iniciativas de los convenios entre la asociación y el BMI fueron acuerpadas por el titular de la cartera de economía de ese momento, Miguel Lacayo, y representantes de otras instituciones como el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

La parte acusadora sostuvo que Angelucci y Figueroa tomaron acciones particulares para enriquecer a la asociación de manera ilícita. Por ejemplo, los fiscales afirmaron que Angelucci incumplió el paso burocrático requerido para la aprobación de algunas prórrogas de los convenios, las cuales no fueron discutidas en la junta directiva.

“Tenemos información de que muchas de las actuaciones del señor Angelucci no pasaban por la junta directiva”, dijo la fiscal Rocio Rodríguez.

Prescripción

En los incidentes del caso la defensa también planteó la posible prescripción del delito (que significa que se agotó el tiempo que da la ley para juzgarlo) y pidió que si se procesa por peculado se haga con la penalidad anterior a 2004, ya que era menor a la actual.

La Fiscalía rechazó la prescripción, ya que el periodo se cuenta cuando Angelucci dejó el cargo, es decir en el año 2009.

El juez del caso aseguró que resolverá los incidentes sobre la forma de la acusación y la solicitud prescripción al final de la audiencia, la cual continuará hoy.

$6
 millones es lo que la FGR señala que fue llevado a Infocentros de forma ilegal.

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