Lo más visto

Defensa pide a juzgado no detener a señalados en el caso CEL-Enel

Durante la primera intervención de los defensores en el caso, estos atacaron la hipótesis fiscal de que ha existido el delito de peculado.
Enlace copiado
Tiempo.  A los defensores se les otorgó una hora para presentar su defensa. En la foto, Guillermo Sol Bang con uno de ellos.

Tiempo. A los defensores se les otorgó una hora para presentar su defensa. En la foto, Guillermo Sol Bang con uno de ellos.

Jornada.  Pedro Escalón Pacas, exmiembro de la directiva de la CEL, abandona la sala donde se realiza la audiencia, que se espera continúe hoy.

Jornada. Pedro Escalón Pacas, exmiembro de la directiva de la CEL, abandona la sala donde se realiza la audiencia, que se espera continúe hoy.

Defensa pide a juzgado no detener a señalados en el caso CEL-Enel

Defensa pide a juzgado no detener a señalados en el caso CEL-Enel

Enlace copiado
Los defensores de los nueve señalados en el caso CEL-Enel, para quienes la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la detención preventiva, coincidieron ayer en diversos puntos al plantear sus argumentos. El principal de ellos fue que no puede hablarse de peculado al tratarse de dos empresas privadas en disputa: la italiana Enel Green Power y la salvadoreña Inversiones Energéticas (INE), que desde 2006 posee las acciones que el Estado tenía en la CEL.

Ayer, en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, los defensores tuvieron su primera intervención desde el viernes pasado, cuando comenzó la audiencia inicial por supuesto peculado y falsedad documental agravada contra un total de 21 personas. Para 12 de estas la FGR solicitó la exoneración por prescripción del delito, pero también pidió que se les declare responsables civilmente, es decir, que se certifique el perjuicio económico causado.

Bajo términos de “absurdo”, “falso” y otros, los defensores calificaron las imputaciones que la FGR hizo sobre exmiembros de la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), exmiembros de la junta directiva de LaGeo y representantes temporales de la italiana Enel Green Power.

Si bien todos los defensores dijeron estar conscientes de que el caso pasaría a la siguiente etapa, pues así lo dispone la ley, solicitaron que sea bajo ningún tipo de medida de prisión.

“La misma fiscalía ha planteado que estaba dentro de los proyectos internacionales privatizar bienes del Estado (...) que era una política de Estado”, planteó Édgar Morales Joya, abogado del expresidente de la CEL Guillermo Sol Bang. De acuerdo con el abogado, para cumplir esta política existían legislaciones tales como la Ley de Inversiones, así como la creación de la misma SIGET.

“Hay todo un marco regulatorio de estas circunstancias. Es decir, esto no nace de la CEL, ni de LaGeo ni la INE”, agregó Morales Joya. “Se estaba actuando dentro de un marco legal, una política de Estado”, dijo.

Morales Joya agregó que el mercado de la electricidad en El Salvador “está regulado por entes privados”, y argumentó que por ello “hablar de la aplicación de la LACAP (ley de licitaciones) no tenía sentido, ya que el peculado es un delito “relacionado con la administración pública”.

Morales Joya agregó incluso que algunas de las imputaciones efectuadas por la fiscalía “ya están resueltas en el laudo arbitral” de 2011, a favor de Enel.

Uno de los defensores del exmiembro de LaGeo José Ricardo Palomo Déneke, el abogado Manuel Cruz Azucena, cuestionó: “Aquí y en todas partes se sabe que nadie es corrupto de gratis, ¿cuál es el incremento patrimonial que ha encontrado la fiscalía?”

Cruz Azucena atacó, además, que la implicación de Palomo se da por su participación en las sesiones de junta directiva, pero que en la acusación no se aclara si este lo hacía como suplente o si votaba o no lo hacía, entre otros. El defensor cuestionó, asimismo, que otras personas que participaron en esas sesiones de junta directiva no fueron acusadas.

La FGR ha planteado que la pérdida ocasionada al Estado sobrepasa los $1,800 millones; sin embargo, Tom Molina, abogado representante del exmiembro de la CEL Julio Alberto Olano, consideró “que no se puede basar esto en figuras ideales de lo que el Estado podría haber perdido, porque el derecho es de hecho”.

Dentro del requerimiento, la FGR ha planteado un perjuicio económico directo de aproximadamente $20 millones, resultantes de la capitalización del 4 % de acciones de Enel en LaGeo.

Uno de los defensores explicó que el análisis financiero, en el que se plantean los $1,800 millones, se basa en proyecciones económicas si el Estado salvadoreño accede a cumplir el laudo arbitral que ordenó se permita la inversión de $120 millones más de Enel en LaGeo, que permitiría que la italiana se convierta en accionista mayoritaria.

Tags:

  • lageo
  • cel
  • enel
  • ine
  • energia geotermica
  • peculado
  • fgr
  • corrupcion
  • conflictolageo

Lee también

Comentarios