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Defensa sin explicar faltante de 1,545 armas

El Ministerio de Defensa modificó cuatro veces, entre 2011 y 2012, un decreto que establecía la cantidad de armas, supuestamente inservibles, que iba a destruir. No consta que la CCR haya averiguado, como lo establecen los manuales.
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Cinco barriles metálicos de 55 galones estaban llenos de armas desde el fondo hasta el tope el 22 de enero de 2015, que fueron destruidas (fundidas) 2,588 armas de todo tipo. Y aunque apiladas, ocupaban un espacio considerable. Entre 2011 y 2012, el Ministerio de la Defensa Nacional modificó cuatro veces un decreto ejecutivo para la reducción de 1,545 armas y 2,000 cargadores del inventario de la Fuerza Armada (FAES), el equivalente a la cantidad de armas que suelen destruir en fundidoras.

El Acuerdo Ejecutivo n.º 0133 fue publicado en el Diario Oficial el 18 de octubre de 2011, bajo la cartera del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN). En este se establecía que el Órgano Ejecutivo autorizaba al MDN para permutar “3,796 armas de fuego (fusiles, ametralladoras, subametralladoras y pistolas) valoradas en $254,285.09, así también 2,824 armas de fuego (pistolas, pistolas ametralladoras y revólveres) valoradas en $897,375” que debían ser descargadas de los inventarios de Defensa, bajo el “programa de depuración de material inservible de la Fuerza Armada”, dice literalmente el decreto, firmado por el entonces ministro de la Defensa, David Munguía Payés.

Ese acuerdo fue modificado tres veces más, en el lapso de 10 meses. La primera para especificar que no solo se trataba de armas, sino también de 5,000 cargadores para armas de fuego. Las otras dos para rebajar las cantidades de fusiles, pistolas y cargadores.

“Normalmente, para poder descargar cualquier activo que por uno o por ‘b’ motivo ya no funciona, todo se hace a través de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas constata que ya sea vehículos, cualquier material se encuentra ya obsoleto, o ya no funciona, no tiene arreglo, entonces autoriza para que se pueda hacer. En el caso de munición, por ejemplo, lo hace y esto se destruye mediante los procedimientos de explosivistas y eso”, explica el diputado presidente de la comisión de seguridad pública de la Asamblea, Antonio Almendáriz, militar retirado.

Ese procedimiento también consta en el “Manual de Organización” del Ministerio de Defensa, en el cual se establece que, entre las múltiples actividades que el Departamento de Inventarios tiene a su cargo, una es precisamente verificar el estado y destrucción de material inservible bajo supervisión de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Otro acuerdo, bajo número n.º 0013 y fechado 21 de enero de 2012, también publicado en el Diario Oficial, daba cuenta de la primera modificación al acuerdo ejecutivo original. El cambio únicamente trataba de especificar que los $897,375 incluían las 2,824 pistolas, ametralladoras y revólveres; pero también, “2,000 cargadores para pistolas ametralladoras MP-5, calibre 9 milímetros y 3,000 cargadores para pistola Browning, calibre 9 milímetros”. Esta modificación fue firmada por el entonces viceministro de la Defensa, Jaime Parada González.

El Diario Oficial del 5 de junio de 2012 contiene otro cambio al decreto original. El documento fue firmado por el entonces ministro de la Defensa, Atilio Benítez Parada, acusado actualmente por la Fiscalía de traficar armas. En este documento se plantea que ya no eran 3,796 fusiles, ametralladoras, subametralladoras y pistolas, sino que las armas para las que buscaban permuta entonces habían disminuido a 3,251. Y que se valoraban en $218,833.09.

Para el 10 de agosto de 2012, fecha de la última modificación, redujeron todavía más las armas a permutar: de las 2,824 pistolas pasaron a ser 1,824. Y los 2,000 cargadores para MP-5 ya no estaban consignados. Únicamente los 3,000 cargadores para Browning, por un valor total de $397,375.

“Fijate que no tengo esa información que se haya destruido armamento de la Fuerza Armada en esa época. Lo que destruíamos nosotros en esa época eran explosivos y municiones que estaban obsoletas, pero de haber destruido armamento de la Fuerza Armada no tengo conocimiento yo”, dijo el ministro David Munguía Payés, consultado recientemente por las modificaciones.

El diputado Almendáriz explica, en cambio, en qué consiste una permuta: “Para el caso de descargo de armamento, últimamente lo que se ha estado haciendo es que los fusiles tipo G-3 y otros han estado dándose como intercambios. Ha habido, después de que la Corte de Cuentas autoriza, se hace mediante un intercambio de material viejo por armamento nuevo”, y pone como ejemplo cambiar dos pistolas viejas por una nueva.

La permuta, según el legislador, va autorizada por la CCR, y se hace con empresas que llegan a ofrecer sus servicios. “No todas las empresas (de armas) hacen eso, sino que llegan a ofrecerles (al MDN), se le dice a la Corte de Cuentas ‘queremos hacer esto con tal empresa’, la Corte constata que sí es lícito, y beneficioso para la institución, y así se hace”, explica Almendáriz y añade: “Para poder haber pedido que era inservible y descargarlo de inventarios, primero tuvo que haberlo avalado la Corte de Cuentas”.

—¿Qué tan frecuente es que estos acuerdos, una vez efectuados y publicados en Diario Oficial, varíen?

—No. Si dicen que son tantos, son esos y nada más.

—Por su experiencia militar, ¿es normal que la institución diga: ‘ay, se me quedaron estas’?

—No, no. Porque los inventarios que se llevan en la Fuerza Armada son bien estrictos.

Almendáriz rechaza de tajo que exista un descontrol en el armamento de los inventarios de la FAES y, con ello, la posibilidad que un decreto se modifique. El diputado repite lo que otra fuente militar recalcó a LA PRENSA GRÁFICA: que en la milicia se cuenta hasta el último cartucho.

“Recuerdo que una vez con el problema con el hermano país de Honduras, había una cantidad de cartuchos a granel y no podíamos salir del área nosotros mientras no entregábamos cartucho por cartucho contado”, ejemplifica Almendáriz, con un recuerdo de 1969, cuando era un militar joven en la guerra con Honduras.

LA PRENSA GRÁFICA mostró a una fuente militar, que declinó su identificación, la copia de los cuatro acuerdos que modifican la cantidad de armas. De tajo y sin endulzar opinó que esas armas fueron vendidas. “Mire, lo que ha de haber pasado es que le quitaban la culata a una, le ponían otra pieza de otra, y así”, dijo. La fuente es del mismo pensamiento que el diputado: no es usual, ni normal, ni casual, que un acuerdo de estos se modifique tantas veces.

Hace poco más de un año, en abril de 2015, LA PRENSA GRÁFICA también consultó al ministro Munguía Payés acerca de la diferencia entre los acuerdos. “Hay que tener claro una cosa, nosotros destruimos munición obsoleta de la Fuerza Armada, y hay una comisión interna y todo un procedimiento legal para destruirla”, dijo entonces el funcionario, y añadió: “Si esto se cambió, no me acuerdo, pero asumo que tuvo que haber sido en coordinación con otras instituciones del Estado que están presentes para verificar la destrucción”.

Munguía Payés insistió en que en ese momento no tenía la información disponible y tendría que “investigar por qué se cambió”. El funcionario dio una entrevista dentro del contexto de una serie de publicaciones acerca de varios casos de tráfico de armas desde la FAES. En julio pasado, antes de volver a consultarle personalmente, LA PRENSA GRÁFICA envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa para solicitar una explicación sobre las modificaciones. No hubo respuesta por esa vía y cuando el ministro fue consultado sobre si era común modificar ese tipo de decretos, dijo: “No, no. Tendría que hacerse un nuevo acuerdo. No se puede modificar porque si ya salió en el Diario Oficial se convierte en ley”.

Sin embargo, el período de modificaciones del acuerdo sucedió cuando Munguía Payés no estaba frente a la cartera de Defensa físicamente. Desde noviembre de 2011 hasta 2013 fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública y la cartera de Defensa fue asumida por el hasta entonces viceministro: Atilio Benítez Parada, quien ahora está a la espera de que la Asamblea decide si avala un antejuicio en su contra por tráfico de armas.

Benítez Parada ha sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de vender y matricular fraudulentamente 29 armas de fuego. Varias de esas, fusiles considerados armas de guerra, debido a la cadencia de tiro automático. Hasta antes que el exministro –actualmente es embajador– estuviera bajo la lupa, y que el coronel Salvador González Quezada se convirtiera en testigo, los inventarios de la FAES eran intocables. O en términos más sencillos: la Fuerza Armada es la institución encargada del registro y autorización de todas las armas que circulan legalmente en el país. Sus inventarios, no obstante, están protegidos bajo la etiqueta de “seguridad nacional”.

La delación de González Quezada motivó un allanamiento a la Oficina de Registro de Armas de Defensa en 2014. Munguía Payés ordenó que sacaran a los fiscales y cerró las puertas del Estado Mayor con soldados como armas.

“Tenemos indicios de que el comercio de armas, yo dije en su momento, pudiera estar viniendo desde la misma institucionalidad. Creemos que pudiera haber más casos y más armas involucradas”, dijo en abril pasado el actual fiscal general, Douglas Meléndez, que dice tener pruebas de que Benítez sí estuvo metido en el tráfico.

La única institución autorizada a auditar a Defensa no tiene ni un solo registro que haya analizado la modificación del Acuerdo Ejecutivo n.º 0133. LA PRENSA GRÁFICA solicitó a la Corte de Cuentas todas las auditorías, exámenes especiales y resoluciones ejecutoriadas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 relacionadas con Defensa. Ni uno de los 29 documentos se ocupa de las modificaciones. La fuente militar cuenta: “En el ministerio hay delegados de la Corte de Cuentas. Pero no se meten con el tema de armas. Ellos ven cosas del pisto y ya”. Hay, sí, un solo informe especial acerca del extravío de un arma. Se originó a través de una denuncia de alguien que llegó a matricular un arma y demandó que la CCR averiguara si el Registro de Armas había hurtado o desaparecido una pistola, en el período de agosto de 2012 a noviembre de 2013. La Corte concluyó que no había nada irregular.

La mayor parte de los análisis de la CCR remitidos se ocupan de establecer si el ministerio usó vehículos con placas nacionales en feriados. La CCR efectuó un solo juicio de cuentas en ese período por faltas administrativas de emisión de facturas y controles en una panadería. De auditorías sobre armas, ni sombra.

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