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Defensor de oficial de la PNC dice que la acusación es “selectiva”

El abogado Luis Mario Pérez Bennett, defensor del comisionado Óscar Aguilar, cree que se ha procesado a personas que no tienen poder para decidir sobre la tregua.
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El dictamen fiscal, que contiene la acusación en contra de 22 personas por haber promovido la tregua entre pandillas, es “selectivo” e “injusto”, de acuerdo con Luis Mario Pérez Bennett, el abogado defensor del comisionado Óscar Aguilar, quien dirigía el Centro de Inteligencia Policial (CIP).

Según Pérez Bennett, es selectivo debido a que no acusa a los que realmente debía e injusto porque hace esa selección precisamente entre aquellos que no tienen poder. “El jefe de la Policía no tiene control sobre la tregua, menos un subalterno”, dice Pérez Bennett, después de leer el testimonio del entonces director de la PNC, el general Francisco Salinas.

Como ejemplo de eso, cita que en el folio 30,497 del folio de la acusación se concluye que el entonces ministro de Justicia y Seguridad, general retirado David Victoriano Munguía Payés, y los 22 acusados han llegado a encuadrar su conducta dentro de lo que se refiere como “agrupaciones ilícitas”.

“Lo que está diciendo que lo que Munguía Payés hizo, su conducta, se enmarca dentro del delito, pero no lo procesan. Procesan a otros. Por eso es que es selectivo e injusto”, sostiene.

Para Pérez Bennett, la tregua se enmarcó dentro de una política de Estado. Prueba de ello, sostiene, es la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) como garante del proceso, una entidad que se relaciona con gobiernos, no con particulares.

Sin embargo, apunta, a pesar de que se trate de una política de Estado, las 22 personas procesadas actualmente no tienen ni tuvieron el poder de decisión para implementarla.

— La Fiscalía señala que en el marco de la tregua, los acusados hicieron cosas que se configuran como delito, más allá de que fuera una política de Estado.

— Si eso fuera así, también sería delincuente José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA. Él estuvo en la entrega de armas — responde Pérez Bennett.

Para este abogado, independientemente que haya sido buena o mala, la tregua fue una política de Estado. Tanto fue así, señala, que el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, también habló de ella durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2012, responsabilizándola de la reducción de los homicidios en un 50%.

Un detalle que le llamó la atención a Pérez Bennett al leer el dictamen fiscal es que en múltiples ocasiones se menciona que los impulsores de la tregua buscaban “réditos políticos”.

“¿Y quién puede obtener réditos políticos con la reducción de la criminalidad? Quizás un presidente o alguien que quiere ser presidente. No un comisionado o un miembro de un Consejo Criminológico”, apunta.

Contradicciones

El dictamen fiscal, en su afán de ser selectivo, dice el abogado, está lleno de contradicciones. Por ejemplo, acusa al comisionado Aguilar de proveer vehículo y celular al policía José Roberto Castillo Díaz para que negocie el éxito de la tregua entre las pandillas.

Sin embargo, páginas más adelante en el mismo dictamen fiscal, se establece que el vehículo no era parte del CIP, sino que estaba asignado a la dirección general de la PNC. Y el teléfono fue asignado por la Unidad de Tecnología, Información y Telecomunicaciones de la Policía, que tampoco depende del CIP.

Es por eso que para el defensor del oficial policial, el dictamen también es “generoso”. “El dictamen mismo es la defensa”, sostiene.

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