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Deficiencia en penales para aplicar medidas extraordinarias

Informe del Gobierno a la Asamblea revela que aún no se evita el ingreso de ilícitos y existe comunicación desde el interior. ARENA denuncia complicidad “como en la tregua”. El FMLN dice que reduce el problema.
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Divididos. ARENA y el FMLN tienen posturas encontradas sobre el informe que el Gobierno envió a la comisión de seguridad sobre implementación de medidas extraordinarias.

Divididos. ARENA y el FMLN tienen posturas encontradas sobre el informe que el Gobierno envió a la comisión de seguridad sobre implementación de medidas extraordinarias.

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El 7 de abril de 2017, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, en representación del Gobierno, entregó a la Asamblea Legislativa el décimo segundo informe sobre la implementación de las medidas extraordinarias para la seguridad en los centros penitenciarios del país.

Esto con base en el artículo número 9 del decreto que dio vida a estas medidas. El informe corresponde a marzo y en él se reconoce que las medidas extraordinarias siguen sin tener efectividad en un 100 % en los centros penales. Ejemplo de ello es la cantidad de ilícitos que se han encontrado en seis cárceles, así como miles de dinero en efectivo.

El documento de seis páginas muestra en la número cuatro que la cantidad de ilícitos que siguen ingresando a los centros penitenciarios es elevada.

También hay miles de dólares decomisados en las diferentes requisas que se han hecho. En el penal de Ciudad Barrios, por ejemplo, se decomisaron $18,525, de acuerdo con el informe del Gobierno.

Otros ilícitos que se han encontrado solo en marzo en seis penales son 540 chips para celular, 216 baterías, 166 celulares de diferentes modelos, 89 cargadores, cinco armas de fuego, una granada, dos tabletas y 86 manos libres.

Ni en el llamado penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, se ha podido controlar esta situación. En ese recinto decomisaron un celular, dos baterías y un cargador.

Para el diputado del partido ARENA y miembro de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa Rodrigo Ávila, esta situación se da por dos factores: complicidad por parte de las autoridades de centros penitenciarios o del mismo Gobierno, como en la tregua. “Para que entren ilícitos tiene que haber dos cosas: o complicidad del personal de los penales o un arreglo con las pandillas. Solo puede haber dos cosas, o que sea una complicidad de algún personal que vulnera la seguridad e ingresa esto, o que adrede les estén permitiendo. Ya pasó una vez con la tregua y eso no es secreto”, dijo Ávila.

El Gobierno se defiende argumentando que se ha reducido el accionar delincuencial con lo decomisado. “Por medio de las requisas generales y selectivas realizadas en algunos de los centros (penitenciarios) o sectores se ha logrado incautar una serie de objetos calificados como ilícitos”, dice Ramírez Landaverde en el informe entregado a la comisión de seguridad pública.

El FMLN reconoce que no han logrado aplicar en un 100 % de efectividad las medidas extraordinarias en los diferentes centros penitenciarios, y se suma al discurso del ministro en que se está reduciendo el accionar delictivo. El diputado Misael Mejía, del FMLN y miembro de la comisión de seguridad del Congreso, cree que “no hay que ponerse exquisitos por la cantidad de ilícitos que encuentran”, pese a las medidas extraordinarias.

“Mire, yo creo que ponerse exquisitos por haber encontrado ilícitos en los centros penales es una irresponsabilidad. Primero, porque los niveles de hacinamiento en los centros penitenciarios no han permitido que se hagan las requisas en su totalidad con la rigurosidad plena que requiere”.

Otro factor que el Gobierno no ha podido controlar es la comunicación desde el interior de los centros penitenciarios. El informe detalla que “se continúa dando seguimiento” al trabajo conjunto con la empresa privada “para garantizar un corte del tráfico de telecomunicaciones”, pero a pesar de eso, dicen, “el tráfico de telecomunicaciones se sigue registrando en algunos lugares”. El documento entregado a los diputados establece que hay señal en los penales de Quezaltepeque, Chalatenango, Zacatecoluca e Izalco.
 

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