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Del 9F al 1M, el camino a la autocracia

En sus primeros dos años, la militarización de la Asamblea Legislativa y la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional han mostrado a un Bukele al que le preocupa poco el desmantelamiento del régimen democrático.

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Hecho.  La militarización de la Asamblea, el 9 de febrero de 2020, puso a El Salvador en los ojos del mundo.

Hecho. La militarización de la Asamblea, el 9 de febrero de 2020, puso a El Salvador en los ojos del mundo.

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Dos años y dos hechos para la historia. Si hay dos eventos que marcaron un antes y un después en la gestión Bukele, estos están fechados en febrero de 2020 y mayo de 2021. La militarización de la Asamblea Legislativa (9F) —considerado como un golpe de Estado fallido— y el derrocamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1M) consumado han consolidado una ruptura democrática y el surgimiento de una autocracia en el país.

Desde que Bukele asumió el poder, hace dos años, el camino por el que ha transitado la democracia salvadoreña ha sido uno pedregoso. En las formas, Bukele ya había adelantado sus objetivos, cuando desde el día 1 de su gestión calificó a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia como "enemigos del pueblo" por oponerse a los designios de la Casa Presidencial.

El control de la Asamblea, luego del triunfo electoral en las urnas, el 28 de febrero; y el posterior uso del Salón Azul para derrocar a la Sala de lo Constitucional, no son más que consecuencias del que pareciera haber sido un plan trazado en el que hasta se incluyeron interpretaciones constitucionales desde el Ejecutivo, una facultad que solo le compete al Órgano Judicial.

Por ejemplo, la militarización de la Asamblea (9F) se dio luego de una interpretación particular que hizo el Consejo de Ministros del artículo 167 de la Constitución, el cual le avala convocar a una sesión plenaria extraordinaria, siempre y cuando la Asamblea no se encuentre reunida.

El Consejo de Ministros estiró hasta su máxima expresión la interpretación del artículo con el fin de acelerar la aprobación de un préstamo con el que se buscaba el financiamiento para una de las fases del Plan Control Territorial; un plan, a la fecha, aún desconocido.

Fue así que ese domingo 9 de febrero, militares ingresaron con armas largas al Salón Azul de la Asamblea, como parte de "un dispositivo de seguridad" para el presidente, según lo dijo meses después el ministro de Defensa, René Merino Monroy.

Para los diputados —incluso algunos afines al discurso oficialista—, el dispositivo fue excesivo y hasta sorpresivo, tomando en cuenta las previas visitas del mandatario y en las que no se exhibió tal despliegue de elementos.

Ya sentado en la silla del presidente del Congreso, Bukele amenazó con disolverlo al asegurar que era evidente "quien tiene el control".

Desde aquel momento los ojos del mundo se posaron en El Salvador. Comenzaron a ser más constantes los señalamientos de preocupación de parte de representantes de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional.

"¿Qué concepto tiene Nayib Bukele sobre democracia?", cuestionó, por medio de las redes sociales, el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

También alzaron la voces los miembros de la comunidad internacional, pero por sobre ellos los senadores y congresistas de Estados Unidos, el aliado más importante de El Salvador, a nivel económico y de relaciones diplomáticas.

La imagen de un Bukele "autoritario" calzaba con otra imagen: la de la sumisión de la Fuerza Armada, la cual, a criterio de muchos, validó acciones que fueron en contra de la Constitución salvadoreña.

"Los militares salvadoreños no deben usarse para resolver disputas entre el presidente y el congreso. Las diferencias entre civiles deben ser resueltas por instituciones civiles", expresó tras los acontecimientos el congresista demócrata Eliot Engel.

Pero nada paró ahí. Por el contrario, las afrentas al Legislativo se agravaron con la llegada de la pandemia por el covid-19 durante la cual, el Ejecutivo pidió un estado de excepción temporal así como un refuerzo presupuestario de $2 mil millones a la Asamblea Legislativa. Pese a que ambos fueron aprobados sin mayor discusión, Bukele nunca bajó el tono de conflicto con la Asamblea, responsabilizando a los diputados, y a los magistrados, de las muertes en la pandemia.

Los ataques recrudecieron cuando la Asamblea se negó a dar más decretos de emergencia, luego de los señalamientos de las irregularidades en la compra de insumos para la emergencia y de las violaciones a los derechos humanos registradas en las calles. El Gobierno pedía una Ley de Emergencia específica, pero se le negó. Entonces llegaron 19 vetos de la Presidencia y algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional. Nuevos mensajes gubernamentales sobre "los intereses perseguidos por los otros órganos de Estado", así como frases amenazantes hacia los miembros de la Sala, como la recordada: "¿Dictador?, los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco, pero no, no soy dictador".

Durante el periodo preelectoral hacia los comicios del 28 de febrero, la narrativa gubernamental y del partido Nuevas Ideas se centró en las piedras de tropiezo que significaron la Asamblea y la Sala; y lo necesario que era que los diputados trabajaran al lado de Bukele.

El mensaje caló y ahora Nuevas Ideas controla la Asamblea. En su primer iniciativa, destituyó, pero sin el debido proceso, a los cinco magistrados propietarios de la Sala, así como a sus suplentes. La consecuencia: un Bukele con poder total.

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