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Delegado ONU preocupado por militares en tareas de seguridad

Organizaciones presentaron estudio sobre inseguridad con el que plantearon que el Gobierno se ha olvidado de las víctimas y le apuesta a la represión.
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Alberto Brunori, comisionado para derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la región centroamericana, manifestó ayer que se encuentra preocupado por el uso de los militares en tareas de seguridad en el país. La preocupación, según dijo, es por las denuncias de abusos de autoridad que cometen mientras patrullan.

“Trabajé seis años en Guatemala y me he documentado de lo que pasa acá en El Salvador y en la región. Con esa experiencia en cuenta, he visto un debate en la región por el uso de militares en tareas de seguridad, ya que no es un debate solamente de El Salvador. He visto con mucha preocupación el uso de los militares por las frecuentes denuncias. Es preocupante porque han sido señalados por abusos de autoridad y atropellos a los derechos humanos”, dijo Brunori ayer, en la presentación del estudio sobre inseguridad y violencia en El Salvador (enfocado en el municipio de Mejicanos).

El delegado de la ONU también dijo que coincidía con una de las conclusiones del estudio sobre inseguridad, que trata sobre el abandono en que el Gobierno ha dejado a las víctimas y su prioridad de mantener la represión con medidas extraordinarias y el uso de militares en seguridad. “Este estudio ha cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos para las víctimas. Y lo que están diciendo las víctimas es que están olvidadas y no hay una atención hacia ellas”, dijo.

Verónica Reyna, coordinadora del estudio y representante del Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya, dijo que aunque existen planes definidos para la atención a las víctimas, estos no se cumplen.

“El país ya tiene planes de seguridad, como el plan El Salvador Seguro, que garantizan la atención a víctimas. Pero, como en gobiernos anteriores, se ha optado por planes populistas de represión como las medidas extraordinarias que se comenzaron a implementar desde el año pasado”, dijo Reyna.

De acuerdo con Reyna, la falta de atención a víctimas y la apuesta para continuar dando prioridad a la represión han provocado que los militares y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) cometan “ejecuciones extralegales, capturen de forma arbitraria poniendo ilícitos en los bolsillos de los jóvenes, torturen metiendo la cabeza de jóvenes en barriles con agua y hasta cometen violaciones sexuales”.

La Sala de lo Constitucional, de hecho, comprobó recientemente que militares participaron en la desaparición forzada de jóvenes en Armenia.

Tres de los casos de abusos policiales que fueron documentados en el estudio sobre inseguridad ya fueron presentados ante el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien se comprometió a investigarlos. “Ha sido muy abierto para escucharnos; nos ha dicho que investigará los casos que presentamos en el estudio. El problema que hemos visto es que los mandos intermedios no muestran esa misma disposición para colaborar”, dijo Reyna.

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  • seguridad
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