Demandan a Asamblea por ley de compras por pandemia

Cristosal demanda la nulidad de la dispensa de trámite con la que se dio vida de manera intempestiva a la que se conoce como "Ley Alabi" y que ha sido señalada por blindar los casos de corrupción en compras.

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Proceso. Cristosal solicita que se cumpla con el debido proceso de análisis y discusión de la ley.

Proceso. Cristosal solicita que se cumpla con el debido proceso de análisis y discusión de la ley.

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"Los diputados aprobaron con dispensa de trámite, sin discusión, sin debate, sin motivación, y en una especie de madrugón, esta dispensa de trámite que se vuelve un acto nulo de pleno derecho y por ende es un acto ilegal", argumenta Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. Esta es la razón por la que desde Cristosal se ha presentado una demanda solicitado la nulidad de la dispensa de trámite, apoyada con 64 votos de diputados afines a Nayib Bukele.

Esta dispensa fue el primer paso que se dio para dar vida a la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19", más conocida como "Ley Alabi", en referencia a que la normativa blinda los casos de corrupción en compras de la pandemia que se han hecho durante el tiempo en que Francisco Alabi ha sido ministro de Salud Pública. La demanda fue presentada el viernes pasado ante la Sala de lo Contencioso Adminstrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado 5 de mayo, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa de ley presentada por el presidente Nayib Bukele, a través de Alabi. En dicha ley, Alabi pidió eliminar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a procesos de contratación realizados por las instituciones de salud desde que la OMS declaró pandemia por COVID 19. Es decir, la ley tiene un carácter retroactivo a todos los procesos de contratación.

"Esta demanda es para que se conozca la pieza de correspondencia que contenía el proyecto para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública, ocasionadas por la pandemia de covid", aseguró Navas.

Los demandantes aseguran que esta es una ley que busca frenar cualquier investigación y dejar en la impunidad los actos de corrupción cometidos en la adquisición de productos médicos para atender la pandemia del covid, incluyendo aquellos que se cometieron antes de la vigencia de esta ley. Además, señalan que hay información que no es cierta respecto a la ley. Uno de esos aspectos es que se menciona que ya entró en vigencia, sin embargo, la misma ley establece que entrará en vigencia en ocho días.

Según la demanda, el acto en el que se aprobó la dispensa de trámite fue emitido en inobservancia total. Cuestionan que careció del mínimo contenido para inferir las razones de urgencia por las que debía ser conocido el contenido de la ley.

"La ausencia de motivación del acto hace que no se cumpla con uno de los requisitos de aálidez de todo acto administrativo (artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos)", se lee en la demanda. Piden a la Sala de lo Contencioso que se cumpla con el proceso de análisis y discusión de la ley.

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