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Demandan al Pleno de Asamblea Legislativa por elección de magistrados

En la demanda se argumenta una clara violación a normativas que regulan el proceso de elección de magistrados para Corte Suprema. 

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Demandan al Pleno de Asamblea Legislativa por elección de magistrados

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Hace unos momentos se presentó una demanda contra el pleno de la Asamblea Legislativa por la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. 

El demandante Salvador Enrique Anaya presentó la demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerar que “el nombramiento está viciado de nulidad absoluta, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elección de magistrados de la CSJ, incluyendo la Sala de lo Constitucional”. 

El acto que se pide impugnar es el Decreto Legislativo número 2 del 1 de mayo de 2021, en el cual se eligieron a los abogados “Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón,  como pretendidos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ”, dicta el documento. 

También considera que el nombramiento es ilegal porque los abogados no están incluidos en ningún listado presentado el pasado 30 de abril por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a la asamblea. Además, argumenta que no existió un estudio público en la Comisión Política de los candidatos, y que de igual manera, no hubo deliberación parlamentaria pública sobre dichos perfiles.

En la demanda se impugna el nombramiento de tres abogados como magistrados de la Sala de lo Constitucional, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón. Ya que estos abogados no formaban parte de la lista de candidatos que presentó el CNJ ante la Asamblea Legislativa. 

Para el demandante hay una clara violación a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura (LCNJ) y al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). 

En la demanda se pide que de acuerdo a los 30 argumentos expuestos fudamentados jurídicamente, se declare ilegal el acto impugnado y que se anule. 


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