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Denuncian a juez y piden auditoría en caso Normandía

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Protesta. Por el fallo, habitantes afectados salieron a cerrar las calles por la decisión.

Protesta. Por el fallo, habitantes afectados salieron a cerrar las calles por la decisión.

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La cooperativa no está de acuerdo con las decisiones del juez del caso, ya que aseguran ser ellos son los legítimos dueños.

La Asociación Cooperativa Normandía presentó una denuncia ante la Sección de Investigación Judicial en contra del juez de Primera Instancia de Jiquilisco, Adrián Humberto Muñoz Quintanilla, por irregularidades que ha presentado en el caso y porque consideran que ha sido parcial en favor de las otras partes.

"Queremos que no siga viendo él (Muñoz) los casos de la Cooperativa porque estamos seguros que este juez se ha vendido a esa gente por el actuar de él", aseguró el presidente de la Cooperativa, Isaías Blanco.

Además, dijo que han pedido que se realice una auditoría fiscal al "proceso que lleva la cooperativa en contra de los demandados, José Alberto Zavala, Lucio Rivera, Genaro Cabrera Raúl Antonio González, Sociedad Granos Continentales, Puesto de Bolsa de Productos Agropecuarios, Elba Peña y ACCOVI, para que se siga el procedimiento legal y se haga del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que imponga la sanción que corresponda".

Isaías Blanco, presidente de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda Normandía, informó que el pasado 15 de julio el juez del caso falló en contra de la cooperativa, contradiciendo por segunda ocasión una resolución de la Cámara. Por ello, quieren separarlo del caso.

Los problemas legales de la Cooperativa Normandía comenzaron en 1996 cuando dos supuestos dueños quisieron apropiarse de sus tierras y los demandaron.

Sin embargo, Normandía asegura que estos terrenos fueron comprados en los años 90 al Instituto de Transformación Agraria (ISTA), cuando fueron otorgados por la reforma agraria en los años 80.

Pero en 2012, el juzgado ordenó que la cooperativa devolviera a la supuesta dueña, Elba Josefina Peña, 240 hectáreas y al otro supuesto dueño, Roberto Bukele, apoderado legal de Textil Giuliana, 345 hectáreas, de las 928 que posee la cooperativa. Por ahora, tienen embargadas sus cuentas y los bancos no les quieren dar créditos.

Para Blanco, la idea de todos esos procesos es desgastar económicamente a la cooperativa para que ya no se puedan defender, pero dice que seguirán en la lucha. Y que el interés de los otros supuestos dueños es la reserva de agua que hay en la zona porque hay un río cerca.

"Aquí somos más de 700 familias, más de 3 mil 500 personas a nosotros no nos van a sacar de aquí, no estamos dispuestos a entregar las tierras por alguna manoseada del sistema judicial y del poder económico de este país", aseveró.

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