Denuncian dos crímenes de los ochenta en FGR

Los demandantes los califican como “crímenes de lesa humanidad”, ocurridos en 1980 y 1982.
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Denuncian dos crímenes de los ochenta en FGR

Demanda.  Los miembros de la LIASIES confían en las “señales” que ha dado el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, que les permiten pensar que “está haciendo algo” contra la impunidad.

Demanda. Los miembros de la LIASIES confían en las “señales” que ha dado el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, que les permiten pensar que “está haciendo algo” contra la impunidad.

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El Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador (LIASIES) solicitó, el viernes recién pasado, a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue dos crímenes que ocurrieron durante el conflicto armado en el que, según la demanda, sufrieron privación de libertad, tortura y ejecución seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR); y privación de libertad y desaparición forzada de dos mujeres y del padre de una de ellas.

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El primer caso ocurrió el 27 de noviembre de 1980, según la denuncia, las víctimas fueron privadas de libertad en las instalaciones del Colegio Externado de San José; y lo que el laboratorio ha solicitado a la Fiscalía es que le pida a la Organización de Naciones Unidas que le permita revisar los archivos de la Comisión de la Verdad.

“En esos archivos hay varias páginas de declaraciones de las investigaciones que se hicieron en aquel entonces; y hay suficientes indicios para afirmar que fue la Policía de Hacienda la que puso un cerco de seguridad alrededor del colegio y, a plena luz del día, la ciudad estaba militarizada y un grupo de secuestradores armados llegaron a sacarlos. A cinco los fueron a tirar, sus cadáveres, a Apulo, y a unos más lo fueron a tirar al parque Centenario”, explicó Benjamín Cuéllar, coordinador del laboratorio.

El segundo caso ocurrió entre el 28 y el 29 de julio de 1982. “Mi prima, que tenía como 26 años, fue privada de libertad después de dejar a sus hijos en la guardería. Su pecado era ser defensora de los Derechos Humanos y el de su papá, buscarla. Él era gerente de la ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales), no era ningún delincuente ni mucho menos era guerrillero”, expresó.

Como presuntos responsables, la demanda señala a exmiembros de las fuerzas de seguridad de la época.
 

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