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Denuncian en CSJ que presidente de tribunal se contradice en casos

El presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), Noel Orellana, se justifica diciendo que los argumentos de la denuncia son falsos y que todo se resume en un asunto personal en su contra. CSJ todavía no ha discutido la denuncia.
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En dos casos distintos, el magistrado presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), Noel Orellana, se contradijo, según una demanda que recibió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 15 de febrero de este año y que todavía no ha sido discutida. El denunciante señala que, por cambiar de opinión en resoluciones que estaban a punto de notificarse, Orellana cometió el delito de prevaricato. Es decir, es acusado de haber cambiado el contenido de resoluciones por un interés personal o por haber recibido algún tipo de soborno. Orellana, por su parte, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que la denuncia está basada en argumentos falsos.

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En el primer caso, Orellana dijo que estaba de acuerdo con la destitución del motorista José Herminio Garay Perdomo, quien trabajaba en el Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Miguel. Antes de ser notificada la resolución definitiva, uno de los tres magistrados que conforman el TSC razonó su voto. Tras la redacción del voto razonado, Orellana pidió el expediente, se lo llevó y luego lo devolvió con una nueva postura. Según la denuncia, todo ese proceso demoró irregularmente nueve mes.

Orellana se justificó diciendo que cambiar de postura es válido en el momento previo a la notificación de la resolución. Según su análisis, lo único que no puede ser cambiado es lo que ya ha sido notificado a las partes.

“Antes de la notificación estamos hablando de proyectos de resolución. Estos proyectos se firmaron, claro. Ahí están nuestras firmas. Pero no quedaron en firme porque no fueron notificados. Revisé el voto razonado y concluí en que no había tomado en cuenta algunos aspectos, por lo que me adherí a la postura del voto razonado y ya con eso hacíamos mayoría en este ente colegiado”, dijo Orellana.

El presidente del tribunal también aceptó que hubo un espacio de nueve meses para que la resolución definitiva fuera notificada a las partes, pero aseguró que ese periodo corresponde al tiempo que se tarda cualquier caso en el TSC.

“En la denuncia parece que este caso en particular se tardó, señalando al presidente del tribunal como responsable de esa tardanza. No es así. Se tardó como se tardan todos los casos. De hecho, en promedio, cada caso se tarda hasta un año y medio para que se resuelva. A pesar de esa tardanza, estamos trabajando para reducir la mora. Hasta esta fecha hay todavía algunos casos de 2016, pero estamos avanzando para sacar todos los casos”, dijo el presidente del TSC.

En el segundo caso, el denunciante señala que Orellana le dio la razón a una secretaria de Cámara de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que pedía ser trasladada nuevamente al puesto desde donde había sido removida. Meses después, Orellana cambió de opinión y en la resolución definitiva dijo que estaba de acuerdo con el traslado de la secretaria.

El titular del TSC dijo, en su defensa, que la razón por la que la secretaria había sido removida le quedó clara después de escuchar al exmagistrado presidente de la CCR Humberto Valiente.

“Lo que sucedió es que se señaló una audiencia. A esa audiencia solamente llegó la secretaria. Entonces se le escuchó. A mí me pareció que ella tenía la razón. Pero luego recibimos una constancia médica, en la que se demostraba que Valiente tuvo complicaciones para llegar y programamos otra audiencia”, dijo Orellana.

En la segunda audiencia, según Orellana, escucharon a Valiente y fue entonces cuando se firmó una resolución definitiva, en la que se negaba la petición de la secretaria.

“Al final, esa secretaria igual fue llevada a su antiguo puesto de trabajo. Valiente nos dijo que no quería seguir teniendo problemas con esa secretaria y por eso decidió regresarla a su puesto”, dijo.

Señalamientos de corrupción

En la denuncia en la CSJ también hay un señalamiento por $56,000, que supuestamente fueron utilizados de forma inadecuada para vales de supermercado. “En el tribunal tenemos gente ganando hasta $380. Eso no es justo y por esa razón es que decidimos brindar esta prestación económica, para que tuvieran cómo llevar la canasta básica a sus hogares. Tenemos los comprobantes de que a cada empleado se le dio un vale y firmó de recibido, no me lo he quedado yo. Además, la Corte de Cuentas ya nos autorizó hacer esto”, dijo Orellana.

Según el señalado, la Corte de Cuentas hizo un examen especial para determinar si hubo irregularidades en la entrega de vales de supermercado, pero los auditores no encontraron anomalías. Sin embargo, recomendaron al TSC hacer un instructivo para esa prestación económica.

“En mayo del año pasado fue publicado el instructivo en el Diario Oficial. No veo cuál es la irregularidad. Todo esto de la denuncia es personal en mi contra. Yo creo que quien está detrás de esto es Juan Antonio Martínez. Está molesto porque no lo apoyé para reelegirse en este tribunal”, dijo Orellana.
 

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