Departamento de Estado investiga por corrupción y narcotráfico a funcionarios de Nuevas Ideas, GANA y FMLN

Los nombres de Carolina Recinos, Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos, José Luis Merino y Sigfrido Reyes fueron desclasificados de un informe de funcionarios vinculados a casos de corrupción y narcotráfico de El Salvador.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó un extracto de un reporte que revela cinco nombres de dirigentes y funcionarios de los partidos Nuevas Ideas, FMLN y GANA sobre los que considera hay suficientes elementos para establecer que cometieron o facilitaron actos de corrupción o de narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica. 

En concreto, el Departamento de Estados señala a Carolina Recinos, actual jefa de gabinete y operaciones del gobierno de Nayib Bukele; José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del gobierno de Bukele; Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa oficialista y líder del partido GANA; y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido FMLN.

El listado no cita acciones a tomar en contra de los antes citados o qué tipo de consecuencias puede haber contra estos por las sospechas que Estados Unidos tiene sobre sus vinculaciones a casos de corrupción o de narcotráfico en el país. 

Con fecha 17 de mayo, el reporte fue enviado con una carta adjunta firmada por Naz Durakoglu, asistente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en el comité de asuntos legislativos. Según la misiva, la lista forma parte de un informe entregado al congreso el pasado 21 de abril, por lo que es posible que el mismo tenga a más salvadoreños involucrados o sospechosos.

Los documentos desclasificados este 17 de mayo, y que incluyen la lista de funcionarios y exfuncionarios del FMLN, GANA y Nuevas Ideas, forman parte del reporte sobre corrupción en el Triángulo Norte solicitado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro por la congresista Norma Torres, y recibido, en parte, a inicios de abril pasado. En aquella fecha, sin embargo, la información venía incompleta: hacía falta la lista de nombres de funcionarios salvadoreños ligados a grandes casos de corrupción y narcotráfico solicitados por la congresista, que apeló para recibir la información completa y desclasificada.

Torres había solicitado específicamente una lista de nombres de “quienes se tiene información creíble de que cometieron actos de corrupción, incluido el narcotráfico y por haber recibido financiamiento de campañas políticas con dinero producto del narcotráfico”, dijo en abril a LA PRENSA GRÁFICA una fuente cercana a su oficina. 

Fuentes en Washington confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que esta lista es la parte clasificada del reporte de corrupción solicitado por Norma Torres. Este medio solicitó una reacción oficial de la oficina de la congresista, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

Los investigados

En el caso de Carolina Recinos, la misiva menciona que está “involucrada en significantes actos de corrupción durante su gestión en el cargo”. Investigaciones periodísticas han señalado que familiares de Recinos --exintegrante del FMLN y ahora parte de Nuevas Ideas-- han sido beneficiados con contratos en la gestión Bukele, e inclusive la Fiscalía General de la República bajo el mandato de Raúl Melara incluyó este caso en una investigación más amplia en la que también se incluyó solicitar información a España para investigar compras irregulares durante la pandemia.

Luego, sobre Rogelio Rivas, el informe cita que está “involucrado en actos de corrupción al otorgar a su propia empresa de construcción varios contratos no anunciados y no competitivos para construir estaciones de policía y otros edificios (...) e infló el costo de los materiales”.

Rivas se desempeñó como ministro de Seguridad de la gestión Bukele desde junio de 2019 hasta el viernes 26 de marzo, cuando, previo a la Semana Santa, Bukele anunció la juramentación de Gustavo Villatoro como nuevo encargado del despacho y sin dar mayores explicaciones sobre la salida de Rivas. 

Sin embargo, una investigación del periódico digital El Faro reveló que Rivas fue destituido por usar fondos públicos para intentar construir una campaña presidencial a su favor sin permiso de Bukele. Tras su salida del ministerio, no ha trascendido a qué se dedica.

Además de los dos funcionarios directos del gobierno de Bukele, el informe también desclasificó el nombre de José Luis Merino, quien en 2017 fue citado en una carta firmada por congresistas tanto demócratas como republicanos en la que pedían investigarlo dados sus “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”.

Merino se desempeñó como viceministro durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén en la presidencia, de 2014 a 2019. El exmandatario creó un viceministerio para atraer  inversión extranjera en el que ubicó a Merino y le garantizó fuero, para evitar cualquier posibilidad de enfrentar a la justicia.

Con el ascenso de Bukele al poder, Merino perdió su cargo en el gobierno pero no ha trascendido ninguna investigación en su contra. De hecho, en septiembre de 2019, se conoció a través de revista Factum que Bukele recibió $1.9 millones de parte de Alba Petróleos cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán.

A diferencia de otros líderes del FMLN cuyos familiares fueron despedidos por Bukele vía Twitter al asumir el poder, nunca hubo ninguna orden --al menos no pública ni vía redes sociales-- de remover a familiares de Merino de puestos de gobierno.

Luego, entre los nombres desclasificados también aparece, por parte del FMLN, el expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes, quien se encuentra actualmente en México con asilo político. “Fuentes creíbles corroboraron que Reyes malversó fondos públicos para beneficio personal cuando autorizó gastos de viaje fraudulentos”.

Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa durante dos períodos legislativos, de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. LA PRENSA GRÁFICA reveló en una investigación que Reyes adquirió terrenos propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un valor más bajo del real. 

Asimismo, Reyes enfrentó la justicia por un caso de enriquecimiento ilícito, al no poder justificar $359 mil en su declaración patrimonial. Asimismo, la FGR determinó que, cuando fungió como presidente del órgano legislativo, Reyes realizó cobros excesivos de viáticos por un monto de $99 mil.

Finalmente, en el caso de Gallegos, el jefe de fracción de GANA y uno de los vicepresidentes de la actual Asamblea Legislativa, ha estado vinculado a casos de corrupción como la contratación de familiares en la institución, entrega de fondos públicos a una ONG dirigida por su esposa, o el cobro de viáticos por viajes no realizados.

Gallegos fue uno de los fundadores del partido GANA, nacido a partir de una ruptura del partido ARENA luego que el FMLN ganara la presidencia en el 2009, bajo el amparo del expresidente Elías Antonio Saca, actualmente en prisión por enriquecimiento ilícito. Es además, uno de los principales aliadas del Gobierno Bukele en la actual Asamblea Legislativa.

Hasta esta hora, LA PRENSA GRÁFICA ha intentado establecer contacto con Carolina Recinos, Rogelio Rivas y Guillermo Gallegos. En el caso de los dos primeros, ninguno atendió las llamadas a sus teléfonos. También se intentó contactar a Recinos a través de Ernesto Sanabria, secretario de prensa de CAPRES, mediante un mensaje a su cuenta de Twitter, pero sin respuesta de parte de Sanabria.

En el caso de Gallegos, su personal de comunicaciones explicó que el diputado no tenía ninguna opinión que emitir debido a que tenía comunicación oficial sobre lo dicho por el Departamento de Estado y que hasta que reciba una notificación oficial podrá emitir alguna postura.
 

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