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Deportados amenecieron inundados en centro de cuarentena

Cristosal advierte que los están tratando peor que a una persona detenida, porque ni siquiera están teniendo acceso a abogados para entablar demandas.

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Fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en el albergue improvisado en un centro deportivo en el barrio La Vega.

Fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en el albergue improvisado en un centro deportivo en el barrio La Vega.

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Privados de libertad es como se encuentran unos 800 deportados, señaló ayer la directora de Programas de Cristosal, Celia Medrano.

Cristosal es una organización internacional que se dedica a promover los derechos humanos en la región centroamericana y ayer reiteró su llamado a las autoridades a garantizar los derechos humanos de las personas a las que mantiene en confinamiento forzado, luego de que ayer uno de los 13 centros de contención donde los ubicaron a su retorno al país amaneciera completamente inundado.

Las fuertes lluvias la madrugada del lunes empaparon las pertenencias y los colchones de los camarotes donde permanecen acostados todo el día unos 70 deportados, en el Centro Recreativo Pedro Pablo Castillo, sobre el bulevar venezuela, en el Barrio La Vega de San Salvador.

Llevan allí más de un mes y no les han realizado ninguna prueba para descartar o confirmar covid-19, según las denuncias que han hecho a Cristosal. Durante la inundación les impidieron salir del lugar.

"Están peor que en un centro de detención, porque son personas que no están siendo procesadas por la comisión de un delito. Están bajo confinamiento en el contexto del covid-19, pero al pasar 45 días privados de libertad sin que si quiera se les hayan efectuado pruebas de covid-19 para verificar si son portadores del virus, estamos hablando de situaciones violatorias que están muy lejos de responder a las necesidades de contención y propagación del virus", expresó Medrano.

Si quisieran, estas personas, entre las que hay una decena de mujeres solo en el albergue que se inundó, pueden presenter acciones legales contra el Gobierno, pueden presentar un habeas corpus colectivo en favor de ellos y también podrían presentar un recurso de amparo. "No obstante, es importante plantear que para algunas acciones legales es necesario que estas personas tengan acceso a abogados", enfatizó Medrano.

Cristosal advirtió que las cifras de deportados se están manejando desde el Gobierno con mucho hermetismo, pero que de forma no oficial han sabido de un vuelo diario con 100 deportados, la mayoría desde Estados Unidos. Hasta el 10 de abril sumaban 800 los retornados, según los datos que obtuvo a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

"Estos confinamientos obligatorios ya fueron planteados como detenciones arbitrarias por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y llega a niveles que generan mucha duda sobre que exista una adecuada planificación y coordinación con respecto al manejo de la pandemia", declaró la representante del organismo internacional para la defensa de los derechos humanos.

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