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Desalojan a familias de la comunidad en El Espino

Sus viviendas están construidas en una propiedad privada y una orden judicial autorizó que se retirara a los habitantes.
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Foto de LA PRENSA/Jonathan Funes La policía,  junto a un juez y trabajadores de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, hizo el desalojo.

Foto de LA PRENSA/Jonathan Funes La policía, junto a un juez y trabajadores de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, hizo el desalojo.

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Las 77 familias que conforman la comunidad El Espino fueron desalojadas ayer, junto con todas sus cosas, del terreno que ocupaban en una propiedad privada.

El proceso comenzó en julio de 2014, cuando la familia propietaria interpuso una demanda a los habitantes de la comunidad por invasión de la propiedad privada. El 9 de junio de 2015 se dio a conocer el fallo en el que se estipulaba que los pobladores tenían que desocupar el terreno.

A partir de entonces se ha intentado el desalojo de las familias en diversas ocasiones. Sin embargo, los habitantes de la zona han utilizado diversos recursos, como apelaciones, demandas o manifestaciones, para obtener una prórroga de la sentencia y que no se vieran en la obligación de desocupar sus viviendas.

El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Humano informó el mes pasado que se le iba a proporcionar un cheque a cada familia con un monto de $12,000 a las que no posean otra propiedad y de $4,000 a las familias que sí tengan otros inmuebles. Sin embargo, los pobladores que aún quedaban no estuvieron de acuerdo .

“Nosotros no queremos dinero. Yo tengo dos hijos y no los voy a ir a exponer a que los maten por otro lado”, declaró Blanca Mendoza, una de las habitantes y cabeza de familia de El Espino.

Ayer se comenzó, nuevamente, con los desalojos con la supervisión del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma. Miembros de la PNC y trabajadores de la alcaldía llegaron al lugar a las 6 de la mañana para sacar las pertenencias y lugareños del terreno, propiedad de la familia Dueñas.

“Entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida y la integridad personal siempre tiene que prevalecer el derecho a la vida”, comentó Arnau Baulenas, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) que estaba presente durante los desalojos. “Son 77 familias, 186 personas que se está dejando sin hogar. Entre ellos hay más de 50 niños afectados”, comentó.

“Los 60 años que yo he dejado aquí son cosa seria, es mi vida entera”, afirmó David Pérez, uno de los desalojados de la comunidad.

Las pertenencias. Habitantes de la comunidad argumentaron no tener a dónde ir. El Gobierno informó que les daría $12,000 a cada familia para reubicarse. La mitad del grupo ya había salido.

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