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Desaparecer en El Salvador: lo que viene después

Cuando una persona desaparece, la familia debe cargar con la tragedia, ya sea por días o años, y con un sinfín de emociones que marcarán ese proceso.

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Caso reciente. Flor García desapareció a inicios de marzo, en Cojutepeque. Sus familiares han hecho de todo para acelerar la investigación.

Caso reciente. Flor García desapareció a inicios de marzo, en Cojutepeque. Sus familiares han hecho de todo para acelerar la investigación.

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Cinco personas desaparecen a diario en El Salvador. Los testimonios de los familiares dan cuenta que el proceso de búsqueda en una desaparición puede tardar días, meses, años, incluso toda la vida. Y durante la larga espera reciben poca o nula información sobre avances. A esta tragedia se le suma ser vulnerables a otros factores que pueden marcar el proceso de búsqueda al que, sin elección, se tienen que someter.

En la pérdida de un ser querido, más allá de la respuesta ineficiente de las autoridades, la familia quiere encontrarlo. Independientemente del estado en que este se encuentre, necesitan cerrar de alguna manera ese ciclo. Mientras tanto, las extorsiones, factores socioeconómicos y psicosociales y las vulneraciones a sus derechos por organismos del Estado se apropian de la vida de las familias.

Cuando una persona desaparece no solo es afectada la víctima, también es afectado su entorno social y, mayormente, la familia, según la psicóloga de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Jessica Arévalo. "Durante ese ciclo el aspecto mental y emocional trasciende hasta el aspecto físico de la persona, colocándola en un estado emocional que le va a acompañar durante el proceso de búsqueda", relató.

La psicóloga enfatiza que durante el transcurso de la investigación la situación para los familiares puede agudizarse si se ven revictimizados, estigmatizados y humillados. Se convierte en una situación donde las mismas instituciones del Estado los hacen "cargar a ellos mismos las razones por las que el familiar desapareció", porque a veces incluso los culpan.

El gobierno salvadoreño es el principal actor que resta importancia al fenómeno de los desaparecidos y que justifica las causas asociándolas a otros factores. Esta opinión ha sido criticada por representantes de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Muchas veces se trivializa la denuncia de la desaparición de una persona. Las autoridades justifican que se fue con la pareja o que se fue a tomar. Una serie de cuestiones que no tienen nada que ver y esta no es la generalidad. La generalidad es que cuando alguien no llega a casa, de la forma cotidiana en que lo realiza, es que pasa algo grave y hay que investigar", dice Pedro Cruz, director de ASDEHU.

En el delito de la desaparición de personas, por su misma naturaleza, existe mayor vulnerabilidad a otros derechos tanto de la víctima como de los familiares. La especialista en factores socioeconómicos, Trinidad Mónico, quien acompaña a familiares de víctimas, explica que las deudas, los préstamos, las extorsiones y las amenazas agravan las condiciones de vida de la familia, sobre todo de las mujeres, durante el proceso de la búsqueda del familiar ausente.

"Si la persona desaparecida tenía deudas, los acreedores buscan cobrarle a las familias, porque estas no se cancelan. También se vuelven víctimas de extorsiones y amenazas porque el familiar en la desesperación comienza a dar su número para recibir cualquier información. Muchas personas malintencionadas les han dicho que tienen a su familiar, pero que tienen que dar dinero", agrega.

La complejidad varía en los casos. Mónico detalla que existen situaciones en las que el familiar tiene que pagar préstamos para realizar la búsqueda y saldar deudas pendientes. Las responsabilidades económicas incrementan y hay casos en los que las abuelas tienen que asumir el caso de madres cuando la mujer es la persona desaparecida.

El papel del Estado

Desde el 1.º de enero hasta el 22 de marzo de 2021 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública registra 397 personas reportadas como desaparecidas. De estas, entre el 40 y 45% fueron encontradas con vida. Del porcentaje restante, un 4% son halladas sin vida y el resto no ha sido localizado. Esas cifras determinan que en lo que va del año 2021, al menos cinco personas desaparecieron cada día.

Trinidad Mónico enfatiza en la obligación del Estado de prevenir los actos de desapariciones, como reflejo de la violencia social, y de brindar reparación a todas las familias que la sufren.

Sin embargo, el diagnóstico más reciente de la ASDEHU sobre la situación de casos de personas desaparecidas y diversos testimonios de los familiares de víctimas dejan evidenciado que no existen políticas que ayuden durante el proceso de búsqueda y que por esto son más vulnerables a los factores detallados.

El informe de la asociación recoge 75 casos en los que, en su mayoría, hay denuncias de maltrato e irrespeto durante el proceso de denuncia y búsqueda que prestan autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"En la mayoría de casos que nosotros hemos recibido detectamos niveles de maltrato, en unos de manera bastante intensa y en otros de forma leve, pero nadie reporta un trato conforme a estándares de calidad, ni tampoco se sienten apoyados por la institucionalidad", señala el director de la ASDEHU.

El 3 de diciembre del año 2019, entró en vigencia el delito de desaparición de personas, ya que anteriormente, solo existía la privación de libertad y la desaparición forzada. La FGR también creó la Unidad de Personas Desaparecidas con el fin de agudizar el fenómeno. No obstante, la investigación y la búsqueda siguen siendo factores que no se están tratando debidamente, según consta en las declaraciones de las organizaciones defensoras de derechos y en los relatos de familiares.

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