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Desconfianza, principal desafío para implementar plan El Salvador Seguro

Las acciones que el GOES ejecuta en los 10 municipios más inseguros del país como parte del Plan El Salvador Seguro enfrentan una baja participación ciudadana e institucional. Ese el diagnóstico de una parte del Consejo Nacional de Seguridad, que también ve grandes avances y una política que camina por buen rumbo.
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Desconfianza es el principal desafío que deben superar las autoridades para implementar el Plan El Salvador Seguro (PES) en los 10 municipios que fueron priorizados para su ejecución. Esa es la conclusión de cinco integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) que analizaron para LA PRENSA GRÁFICA ,en un foro, los logros y desafíos del plan a dos años de su puesta en marcha.

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, dijo que la desconfianza que ha enfrentado en el territorio el PES se traduce en una “baja participación de las comunidades”. Y tal como está diseñado, la participación es precisamente uno de los ejes principales en los que se fundamenta el éxito del plan.

William Cáceres, representante de los transportistas, echa mano de un ejemplo para valorar la importancia de la confianza: “Ha habido casos donde los empresarios de transporte no han denunciado las extorsiones en las delegaciones porque han desconfiado en que los agentes le pasarán la información a las estructuras de pandilleros que les exigían el pago de la ‘renta’”.

Esa baja colaboración ciudadana, de acuerdo con el ministro, está cimentada en inseguridad y temor hacia el Gobierno, hacia la Policía Nacional Civil, hacia las instituciones y hacia el plan en general. Una desconfianza que, según Ramírez Landaverde, no solo proviene de los ciudadanos, sino que “de otras instituciones”.

“Es difícil articular estrategias en municipios gobernados por la oposición. Esa superación de las diferencias es clave para implementar proyectos. Ha ocurrido también en gobiernos anteriores”, señala el ministro de Justicia y Seguridad.

El PES fue presentado por el CNSCC al Gobierno en enero de 2015. En resumen, es un documento con 120 acciones, donde destacan empleo para jóvenes y mejorar la presencia del Estado en municipios más inseguros, con las que se pretende salir del espiral de violencia en que se encuentra sumido el país desde la posguerra, según lo consignan las estadísticas de homicidios.

Elena de Alfaro, representante de la sociedad civil ante el CNSCC, considera que esa dificultad para lograr una coordinación entre instituciones no es exclusiva del Gobierno, pues “las alcaldías también enfrentan ese desafío”.

“Debería llamarse a un cabildo abierto no solo de parte de las comunas, sino de empresarios y comunidad. De todos los sectores”, propone De Alfaro para superar esa barrera. Además, hace un mea culpa y reconoce que la empresa privada debe hacer “más esfuerzos por colaborar con los municipios” en prevenir el delito.

Pese a que continúa esa lucha por lograr que las instituciones y las comunidades se apropien del plan, Guadalupe Serrano, alcaldesa de Cojutepeque –uno de los 10 municipios donde se ejecuta el PES– destaca un logro: la articulación que existe entre los sectores para apoyar las acciones incluidas en el plan.

Una de esas articulaciones, de acuerdo con Christian Salazar, representante residente en El Salvador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el apoyo a las víctimas: “El Plan El Salvador Seguro es el primero en el mundo que incluye una atención a las víctimas”.

Sin embargo, el PNUD reconoce que ese es un camino que apenas se empieza a recorrer en el país porque en el caso de los desplazamientos forzados “no hay muchos albergues”. Además, Salazar opina que eso debería ser una atención temporal; pero “las familias llegan y luego no hay nada. Se quedan allí porque no se tiene un sistema para darle seguimiento a esos casos”.

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