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Deserción en autodefensa Chalatenango por temor

Miembros de una organización en La Laguna piden a los políticos agilizar la discusión sobre la legalización de los grupos armados. Grupo cuenta con el apoyo de la alcaldía y la PNC del lugar.
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Integrantes de un grupo de autodefensa que desde hace cinco meses vigila abiertamente dos de los cantones del municipio de La Laguna, en Chalatenango, han empezado a abandonar la organización, porque creen que algunos políticos y funcionarios han criminalizado, con sus debates, los grupos comunales organizados.

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Este grupo, integrado por aproximadamente 25 hombres, utiliza corvos y palos para patrullar su comunidad. Solicita a las autoridades que decidan pronto sobre la legalidad de los grupos armados, para poder planificar futuras acciones.

Según los integrantes, el grupo tuvo algunas deserciones en los últimos días, por el miedo que generaron las recientes advertencias de las autoridades. El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), por ejemplo, dijo que investigaban las autodefensas y el Gobierno ha advertido, a través de diferentes voceros, que no permitirá comunidades armadas.

“Nosotros nos hemos organizado para la paz, no para generar más violencia... Hay unos señores que están en contra de esto, ellos viven por allá y nosotros vivimos una realidad afuera que ni se dan cuenta de cómo viven las comunidades. Porque cuando comienza la juventud a organizarse y toman el control, ellos son los que mandan, y ahí ni la Policía puede ayudarles. Acá antes tenían miedo de venir”, dijo uno de los vigilantes comunales, quien asegura que la organización comunal armada ha dado resultados.

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Esta organización no permite, según sus miembros, que jóvenes participen en patrullajes. Los pobladores de dos cantones de La Laguna sostienen que necesitan tener competencias claras para no ser blanco de críticas.

“Quién quita y en un futuro esto sea nuestro trabajo ya formal. Es que, mire, esto nunca va a acabar, nosotros vamos a seguir patrullando”, dijo otro de los hombres organizados.

El grupo armado empezó a operar, según su relato, luego de que algunos jóvenes iniciaron a reunirse y a autoproclamarse como miembros de la pandilla Barrio 18. Los pandilleros primerizos comenzaron a cobrar “renta” a los negocios y a pedir hasta $500 por permitir eventos como velorios en la comunidad.

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Los miembros de la organización relataron que debido a que todos los jóvenes conflictivos eran conocidos en el lugar decidieron empezar a cuidar sus propiedades y a tomar medidas, a finales de 2016. Desde ese momento empezaron a realizar operaciones de vigilancia armada durante las noches, a realizar registros de jóvenes y a retener a personas conflictivas del lugar para entregarlas a las autoridades.

Actualmente, según la versión de este grupo, los “simpatizantes” de la pandilla siguen viviendo en el lugar; sin embargo, no ejercen ningún control, por la organización de la comunidad.

La vigilancia comunal se extendió por La Laguna luego del asesinato con arma blanca de dos ancianos el 21 de abril de 2013, aunque en aquel momento no salían abiertamente a patrullar. Las comunidades sostienen que el doble crimen fue un acto de iniciación de algunos jóvenes en una pandilla que supuestamente estaba intentando formar una persona que viajó de La Libertad. Esta versión difiere con la de otras fuentes cercanas al caso, que sostienen que el móvil del doble homicidio fue una disputa de terrenos entre familias de la zona. El coordinador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Arnau Bauelas, ha señalado, por ejemplo, que existen irregularidades en el proceso judicial de ese caso (ver nota secundaria).

Apoyo institucional

El alcalde de La Laguna, Baltazar Elías Galdámez, dice que aprueba y apoya la conformación de estos grupos organizados en los cantones, siempre y cuando hagan labores de mera vigilancia y no tengan intervención armada.

“Si necesitan una lámpara en la noche, una capa en la noche, un café... darles lo básico, se los puedo dar como alcaldía, ellos me evitan que me roben las vacas, las cosechas, no solo va esto contra las maras... Si yo me dejo matar por miedo, tampoco estoy salvando la creación de Dios, si por cobardía no me defiendo cometo un delito, porque creo que mi dignidad no vale”, declaró el jefe municipal.

Galdámez aseguró que poner límites a los grupos de autodefensas comunales es “peligroso”, pues pueden surgir grupos que impongan sus métodos y desobedezcan al Estado. El alcalde, sin embargo, considera que de momento es necesario que las comunidades se organicen ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad para cubrir todo el territorio.

El alcalde asegura que promovió en años anteriores asambleas ciudadanas en las cuales participaron las autoridades locales. Fue desde esas asambleas que, según el funcionario, la población pidió que se impusieran medidas como toques de queda para los menores de edad después de las 8 de la noche.

Miembros de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Laguna afirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que los grupos de vigilancia, como llaman al grupo organizado en el marco del plan de Policía Comunitaria, cuentan con el apoyo local de los cuerpos de seguridad, ya que los consideran imprescindibles para el trabajo territorial de las autoridades.
 

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