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Después de la guerra política se propició la guerra social

El proceso de paz que empezó desde 1984 se consolidó y se concretó en unos acuerdos firmados el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México. Pero la construcción de la paz, la reunificación social, es aún un camino cuesta arriba, dicen los firmantes.
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La llaman guerra de baja intensidad, conflicto por el control de la situación o guerra social. Veinticinco años después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla integrada por cinco agrupaciones que conformaron el FMLN, en las calles de colonias, barrios, cantones del país, se disputa una guerra nueva, en la que los protagonistas integran pandillas que se matan entre sí, extorsionan, trafican con drogas y matan a otras personas, y en el bando contrario se encuentran las fuerzas de seguridad del Estado: la Policía, apoyada por el Ejército.

Las causas que han desatado esta guerra social, de acuerdo con firmantes de la paz de 1992, provienen de la desintegración familiar a la que fueron forzados miles de salvadoreños durante el conflicto armado de los años ochenta, aunada a un lastre de pobreza e injusticia social de décadas y que, a la fecha, lo admiten incluso exguerrilleros que pelearon aquel conflicto contra las desigualdades, no se ha resuelto ni con dos gobiernos de la guerrilla convertida en partido político.

Ana Guadalupe Martínez, miembro del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); Roberto Cañas, de la extinta Resistencia Nacional (RN) –dos de las cinco unidades que conformaron la guerrilla del FMLN–; y Mauricio Ernesto Vargas, general en retiro de la Fuerza Armada, fueron los tres invitados al Foro Político de LA PRENSA GRÁFICA para abordar la situación actual del país a la luz de lo que ellos firmaron el 16 de enero de 1992 y sus expectativas de lo que pensaban de un nuevo El Salvador.

De inmediato, la violencia social es lo que resalta en la opinión inicial de cada uno de los firmantes de la paz.

Sin embargo, los tres tienen la precisión de advertir que el acta de los Acuerdos de Paz que firmaron en 1992 no significó garantía alguna de que la violencia social actual no iba a ocurrir. Los Acuerdos de Paz terminaron con una guerra política para abrir paso a un proceso de pacificación, democratización y por último desarrollo económico y social de El Salvador, aseguran.

Pero los firmantes dudan de que a la fecha se haya alcanzado la completa democratización, mucho menos las bases de los procesos para llevar al país a una irreversible pacificación de la sociedad.

Cañas, por ejemplo, menciona la gravedad del incumplimiento de varios objetivos de los Acuerdos de Paz: “La reunificación de la sociedad salvadoreña, el irrestricto respeto a los derechos humanos y el derecho a la vida como el más importante, y los derechos al desarrollo económico y social”. Ante esto, Vargas se reconoce “feliz, pero no satisfecho” y precisamente trae a cuenta que el “proceso de paz” no tiene por qué confundirse con la “construcción de la paz”, algo que aún está lejos en la sociedad salvadoreña y en lo que, incluso, para Vargas, “se ha involucionado”.

Martínez, si bien destaca que los objetivos primarios de los Acuerdos de Paz se cumplieron al pie de la letra (la desmilitarización de las fuerzas de seguridad pública, la creación de nuevas instituciones protectoras de los derechos humanos y la incorporación pacífica del FMLN a la política), no deja de achacar responsabilidad a los mismos actores del acuerdo por no haber complementado el proceso de paz con políticas para la inclusión social y crecimiento económico en general.

Las causas de la guerra social de hoy en día, dicen los firmantes, pudieron haber sido abordadas con oportunidad en aquel momento ideal de entendimientos. Pero, al plantearse la realidad de esos días, admiten que los logros alcanzados en los acuerdos eran impensables en un primer momento y que abordar otros temas más neurálgicos como la justicia social y el desarrollo económico solo ponía en riesgo lo acordado.

Martínez recuerda que al debatir sobre el tema de la inclusión social y la economía, el gobierno se cerró en que esos temas le correspondían exclusivamente al proyecto político del gobernante y que por lo tanto no debían ser temas de negociación. El FMLN no tuvo más que acceder y se llegó a la convicción de que los temas sociales y económicos iban a tomar su tinte de acuerdo con el gobierno de turno, ya fuera de derecha o la opción política de izquierda que desde entonces iba a empezar a representar el nuevo partido FMLN.

Cañas cree que el momento idóneo para sentar las bases de una mejor sociedad se perdió en aquellos días y ahora aboga por que se creen las condiciones para volver a tener espacios oportunos para ello.

Vargas, ante todo, señala las diferencias que son más notables entre la violencia política del conflicto armado y la violencia social de grupos criminales de la actualidad. La primera buscaba el poder político para hacer cambios sociales, pero la criminalidad de las pandillas, dice Vargas, busca establecer un poder territorial para operar por sobre el Estado, y precisamente esa es la nueva guerra que se está librando en el país.

Martínez y Cañas, sin embargo, no hallan consenso con Vargas al hablar de que la reducción del Ejército y la eliminación de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, según el militar, son los vacíos que el crimen ha sabido aprovechar para ganar fuerza.

Los tiempos son otros, dicen, y las soluciones deben analizarse acordes a la actualidad.

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