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Diez instituciones acuden a la Sala Contencioso para no dar información

El Ministerio de la Defensa, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Economía, ISSS, BANDESAL, el INPEP, la UES y tres alcaldías han recurrido a este método, según los comisionados del IAIP.
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Denuncian. Comisionados del IAIP denunciaron que las instituciones públicas estén acudiendo a la Sala de lo Contencioso para evadir la ley.

Denuncian. Comisionados del IAIP denunciaron que las instituciones públicas estén acudiendo a la Sala de lo Contencioso para evadir la ley.

Diez instituciones  acuden a la Sala Contencioso para no dar información

Diez instituciones acuden a la Sala Contencioso para no dar información

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Estadísticas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revelan que 12 resoluciones que involucran a 10 instituciones públicas, cuatro de ellas incluyen sanciones económicas, han ido a parar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la búsqueda de no cumplir con la resolución de los comisionados del instituto, y por ende con lo que establece la Ley de Acceso a la Información pública (LAIP).

Lo curioso de esta práctica es que pese a que la LAIP faculta solo al ciudadano a acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo cuando crea que la resolución del instituto no es acorde a lo que esperaba, son los titulares de las entidades públicas, y no los ciudadanos que piden la información, los que buscan este mecanismo para evadir la ley.

El artículo 101 de la LAIP es que el que da esa facultad a los ciudadanos que han solicitado la información. “Los particulares (ciudadanos u organizaciones civiles) podrán impugnar las resoluciones negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”, reza el artículo.

Los mismos comisionados consideran que este es uno de los obstáculos que el país enfrenta para que haya un mayor éxito en la aplicación de la normativa, ya que la Sala de lo Contencioso Administrativo solo puede conocer de casos cuando se trata de resoluciones en las que la parte solicitante de la información está inconforme.

“El derecho de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo por estar inconforme con las resoluciones del instituto le corresponde al ciudadano y no al ente obligado. La Sala de lo Contencioso prácticamente ha hecho caso omiso a que nosotros siempre le decimos que de conformidad a la LAIP quienes están habilitados a acudir a ellos son los particulares y no las instituciones del Estado”, expresó el comisionado Jaime Campos.

De los 12 casos que han ido a parar a dicho tribunal, solo en cuatro el IAIP colocó multas y por lo tanto podrían apelarse ante los magistrados de la sala. Los ocho restantes son por acceso a la información y las instituciones públicas no deberían acudir a la Sala de lo Contencioso, porque la ley no se los permite.

Los comisionados aseguran que cuando las instituciones públicas, que están obligadas por ley a brindar información, acuden a la Sala de lo Contencioso también violan uno de los principios rectores de la LAIP que es el de la prontitud.

La sala tiene casos con más de dos años de haber ingresado y que aún no son resueltos. Solo el proceso por los asesores legislativos ha solventado decidiendo ratificar la resolución de los comisionados para que se hiciera pública la información que solicitó un periodista de LA PRENSA GRÁFICA para que se diera a conocer el listado que había negado el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes. Sin embargo, la sala demoró dos años en resolver.

La comisionada Herminia Funes también recordó que esto es un obstáculo para que la LAIP sea aplicada con prontitud: “Sería un obstáculo claro para el cumplimiento de la LAIP porque hay que hacer cuentas cuántos años van a pasar estos casos en la sala para que al final se pueda decir si el ciudadano que solicitó la información la va a tener o no”. Por su parte, el comisionado Mauricio Vásquez catalogó de “argucias legales” que las instituciones públicas intenten evadir el cumplimiento de la LAIP a través de apelaciones ante la sala.

Los casos y la información pedida

Los expedientes que han ido a parar a la Sala de lo Contencioso Administrativo recogen casos desde negativas por parte del ministro de Defensa, David Munguía Payés, por negarse a brindar información de operativos militares durante el conflicto armado. Este caso está en la sala desde 2014.

El ministro también acudió a la sala para no cumplir con la resolución del IAIP en la que ordenaban entregar información sobre captura, traslado y entrega de niños por parte de militares a entidades como la Cruz Roja durante la guerra, incluyendo el caso de las hermanas Herlinda y Ernestina Serrano.

El exministro de Economía y candidato a alcalde de Santa Tecla Armando Flores acudió a la sala para no entregar información sobre los precios promedio mensuales por venta de Alba Petróleos a diferentes gasolineras realizadas entre 2007 a 2013.

Otra entidad que busca en la sala no cumplir con la resolución del IAIP es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a la que le solicitaron información sobre la modificación del código de un producto. Por otra parte, el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) ha acudido en dos ocasiones ante los magistrados de la sala.

El primer caso de BANDESAL se ha negado a entregar información sobre el acuerdo que emitió el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para colocar $111 millones en bonos a un interés del 3 %.

El segundo caso en que la institución bancaria del Estado acudió a la sala es por la petición de actas que hizo un periodista de las actas del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE).

En los casos en los que el IAIP impuso multas están involucradas tres alcaldías y la Universidad de El Salvador. En uno de esos procesos se multó al oficial de información de la Alcaldía de San Francisco Chinameca, La Paz, con $6,993 por negarse a recibir las solicitudes de información que hicieron ciudadanos sobre el gasto en fiestas patronales y lo invertido en diferentes proyectos de construcción. (Ver nota secundaria).

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