Con 82 votos a favor, los diputados acordaron en sesión extraordinaria desaforar al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresiones sexuales a una menor de edad, en este caso de 10 años.

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Los parlamentarios han designado una comisión que se ha encargado de estudiar el caso. El pasado jueves 28 de febrero, Escalante había dicho que renunciaría a su fuero, sin embargo la comisión aclaró que esa no es una potestad del jurista, sino que solo los diputados pueden decidir si quitar o no el fuero a un funcionario.

La comisión designada acordó el pasado viernes emitir un dictamen favorable para desaforar a Escalante, el cual en esta sesión extraordinaria será conocido y sometido a votación para decidir si le es retirado su fuero.

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La diputada Patricia Valdivieso, de ARENA, quien es la fiscal en la comisión, expuso los hechos de la agresión según el testimonio de la víctima y los familiares. Dijo que el testimonio del magistrado sobre la razón de cómo llegó al lugar donde ocurrió la denuncia contrasta con el testimonio de los testigos y hay dudas en su veracidad.

Según el relato expuesto por Valdivieso, la niña se encontraba frente a la casa de su tía y hablaba con otro niño cuando vio a un hombre desconocido que tiró monedas en la acera. Se le acercó y sin decirle nada, la tomó de los hombros y le tocó sus genitales. La niña contó que asustada, corrió a contar lo sucedido a su madre y esta corrió detrás del agresor.

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La abogada defensora del magistrado Ana Concepción Urías Lozano dijo que su cliente niega todas las acusaciones. Justificó su presencia en la zona diciendo que había sufrido un percance vial en el que las personas afectadas le impidieron ingresar a su vehículo y por esto lo dejó abandonado junto con sus pertenencias.

Además, negó que el magistrado haya sido capturado en el lugar de los hechos y que estuviese en estado de ebriedad, como dijo la Policía Nacional Civil (PNC). La defensa asegura que fue capturado en la Cámara donde labora.

De alcanzar los votos necesarios, Escalante pasaría a las ordenes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes darían seguimiento al proceso judicial.