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Diputados aprueban aceptar veto presidencial a reformas de LAIP

Los diputados después de un corto debate aprobaron hoy con 52 votos a favor, un voto en contra y una abstención el veto presidencial a las reformas de la LAIP.
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Con 52 votos a a favor, un voto en contra y una abstención, los diputado aceptaron hoy el veto que dio hoy el presidente de la República, Mauricio Funes, a las reformas de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Los diputados de los partidos ARENA y FMLN se enfrascaron en un corto debate sobre las reformas a la LAIP, que se desvió en la solicitud de la diputada Lorena Peña, del partido FMLN, en la que reiteraba investigar las acciones del expresidente de la República, Francisco Flores, en el caso LaGeo. 

Sin embargo, debido a que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa había llegado a un acuerdo de finalizar la sesión plenaria a las nueve de la noche en punto, el debate fue detenido y se prosiguió con la votación para finalmente archivar el veto presidencial.

El presidente de la República, Mauricio Funes, vetó hoy las reformas que diputados de la Asamblea Legislativa hicieron a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Las modificaciones a la ley, impulsadas por el FMLN, fueron aprobadas la semana pasada en la Asamblea Legislativa, sin los votos de la fracción de ARENA.

Este mediodía, Casa Presidencial recibió el decreto, y el equipo jurídico del presidente estudió de inmediato el texto. 
 
Puntualmente, el Ejecutivo planteó su desacuerdo a la modificación de las facultades del Instituto de Acceso a la Información.

"Entre las funciones principales del instituto,  se le ha brindado la facultad de resolver de manera vinculante sobre controversias en relación a la clasificación y desclasificación de la información reservada, por lo que eliminar esta facultad es un retroceso a lo logrado por el Gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar la gestión y la transparencia con la que se ha venido actuando", argumentó el Ejecutivo sobre esta reforma.
 
Uno de los objetivos de dicha reforma, aprobada por los partidos FMLN, GANA y PCN, es  que las resoluciones del instituto fueran solamente recomendaciones y carezcieran del carácter vinculante que se le atribuyó desde su creación, es decir, ya no podría ordenar, solo  “recomendar” a las instituciones conceder el acceso de la información pública a las personas interesadas.

El presidente de la República tendría la facultad de elevar a la categoría de “información reservada” la de “personalidades que por la importancia de su cargo”, esto con el fin de preservar la seguridad nacional.
 
Además, la reforma buscaba incidir en el nombramiento de los cinco Comisionados del Instituto para que las entidades gubernamentales ejercieran un mayor peso en su elección, esto en detrimento de las elecciones sectoriales que prevé la ley.

El resto de las reformas también fueron vetadas por el presidente (ver detalles más adelante en esta nota)

Tras conocer la decisión del Ejecutivo, Donato Vaquerano, jefe de la fracción tricolor, afirmó que la presión de la población ayudó a esta decisión. Asimismo, el parlamentario aseguró que esta decisión lleva al FMLN a cambiar posición.

Al respecto, Marroquín señaló que "el Presidente de la República no responde a ningún grupo de poder ni de presión. Tomó esta decisión por convicción, por los argumentos técnicos y jurídicos que le formuló el equipo legal de la Presidencia y porque consideró que las reformas era inconvenientes a los fines de garantizar el acceso del pueblo a la información.”

A las declaraciones del legislador se unieron las de Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, que escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Bueno. Obviamente ya conocen mi opinion sobre las reformas a LAIP: BIEN POR EL VETO PRESIDENCIAL".
 
Aliados por la Democracia tildó hoy de "abuso" las reformas que fueron aprobadas el pasado viernes en la Asamblea Legislativa, y dijeron que se coarta el derecho al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. 

Detalle del veto hecho por el Ejecutivo a las reformas de la LAIP

* El derecho de acceso a la información es un derecho constitucional derivado del “Derecho a la Libertad de expresión” por lo que siempre ha estado a disposición del ciudadano, sin embargo, es hasta esta administración que se han proporcionado los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
·         Las reformas abarcan tres puntos: (1º) Inclusión de nuevas causales de reserva; (2º) Reforma en el proceso de elección de los comisionados, y (3º) Modificación de las facultades del instituto.
 
 
·         Respecto a la primera reforma se puede decir que la misma Sala ha reconocido que pueden existir excepciones al derecho de acceso, atendiendo a la existencia de objetivos estatales legítimos, valores o bienes jurídicos igualmente relevantes que podrían verse perjudicados por la publicación de información especialmente delicada, por lo que no hay mayor inconveniente con este punto.
 
 
·         Respecto a la segunda reforma, se puede decir que la ley actual tenia ciertos vacío que la reforma suple, como lo es:  

a) El hecho que los sectores sociales no estén interesados en participar; y

b) El hecho que los candidatos no cumplan los requisitos establecidos por la Ley para participar (lo cual efectivamente ha pasado en el primer proceso de elección, pues en el caso de dos sectores en específico –Asociaciones empresariales y  de Periodistas-, solo se presentó un participante –ANEP y APES- con sus respectivos candidatos, limitando el derecho de los demás grupos en participar), por lo que tampoco hay mayor inconveniente con esta reforma.
 
 
·         En cuanto a la tercera reforma, sobre la modificación de las facultades del Instituto, se puede manifestar lo siguiente:
 
a)      Que la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido un avance en la posibilidad de la persona para hacer efectivo su derecho.
 
b)      Que se ha demostrado el compromiso del Gobierno por la transparencia con la creación de la Subsecretaria de Transparencia, las oficinas de información y la entrega de más de 3,000 documentos de manera oficiosa. Adicionalmente, de 78 solicitudes únicamente se han declarado como reservados 6 documentos.
 
c)       Que en otros países no existe la figura del Instituto, habilitándose la vía judicial ordinaria para el reclamo de los derechos, sin embargo, dentro de las mejores prácticas en este ámbito se considera que la creación de un ente autónomo y especializado para asegurar el cumplimiento de la Ley constituye un elemento que dota de mayor efectividad en el ejercicio de los derechos.
 
d)      Que entre las funciones principales del instituto,  se le ha brindado la facultad de resolver de manera vinculante sobre controversias en relación a la clasificación y desclasificación de la información reservada, por lo que eliminar esta facultad es un retroceso a lo logrado por el Gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar la gestión y la transparencia con la que se ha venido actuando, por lo que no es procedente incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico.

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