“Es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales”. Eso fue lo que el presidente Nayib Bukele tuiteó el pasado martes, luego de que un grupo de alcaldes de Chalatenango presentaran, con apoyo del FMLN, una iniciativa para pedir información sobre por qué el ejército mantiene militarizada la zona fronteriza e impiden el paso a Honduras.

El tuit le valió al presidente una serie de reclamos de parte de diputados de la Asamblea Legislativa, quienes le exigieron que si tiene pruebas de vínculos con narcotraficantes que los presente ante la Fiscalía General de la República. 

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El diputado Julio Fabián (ARENA), del  departamento de Chalatenango, calificó la respuesta del presidente de “irresponsable”. “Si él (Bukele) tiene conocimiento de algún alcalde ligado al narcotráfico, lo que tiene que hacer es mandarlo a capturar, si tiene todo a su disponibilidad, y un alcalde no tiene fuero”, señaló.
Fabián explicó que los municipios afectados son territorios que el estado salvadoreño perdió con Honduras en la resolución de La Haya de 1992. Por ello, es gente que trabaja sus tierras en suelo catracho y vive en El Salvador.

“Son salvadoreños que sus tierras quedaron al otro lado y ellos comercializan el producto con los salvadoreños”, destacó Fabián, que defendió que aunque la sentencia de La Haya dejó a estas personas al otro lado de la frontera, “siguen siendo salvadoreños y pueden comercializar sus productos porque son salvadoreños”

Números

En el campo de los números, hay que destacar que, según datos de la Fiscalía General de la República en el período 2005-2019, Chalatenango no destaca entre los departamentos vinculados a denuncias por temas de drogas.

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Así, en el rubro de tráfico de drogas, en 2019 fueron presentados 995 casos, y solo 15 tuvieron a Chalatenango como origen. Y ninguno se produjo en municipios fronterizos.  Para encontrar un caso de tráfico  de drogas vinculado a los municipios que presentaron la iniciativa hay que retroceder hasta 2017, cuando Arcatao y Nueva Trinidad tuvieron dos denuncias cada uno.

Ante eso, la diputada Karina Sosa (FMLN), diputada que acompañó la iniciativa de los alcaldes, pidió al presidente acercarse a la población para conocer sus necesidades. “Ellos no son narcotraficantes. Son salvadoreños con derechos vulnerados”, insistió.