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Diputados proponen hasta 8 años de cárcel para quienes dañen imagen de personas mediante cuentas falsas en redes sociales

Los diputados explican que la iniciativa surgió debido a que, en la actualidad, la comunidad virtual "es débil en sus regulaciones". 

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Los diputados de la Asamblea Legislativa presentaron este viernes una propuesta que establece sancionar con prisión de cuatro a ocho años a quienes usen perfiles falsos y cuentas troll para dañar el honor e imagen de las personas.  

La iniciativa abarca también, con este mismo rango de penas, a las páginas, periódicos y revistas que no tengan identificación personal o jurídica. 

La iniciativa establece que la sanción quede plasmada con la creación del artículo 24-A de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. El artículo, según la propuesta, quedaría titulado como "Uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables". 

La moción establece que quien  violase este artículo se expondría a recibir esta sanción. 
"El que por medio de perfiles falsos, ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes, difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos para dañar el honor, la intimidad familiar o personal y la propia imagen de personas naturales o jurídicas o realizare Apología del Delito, a través de redes sociales o tecnologías de la información y comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión", se expone en el documento. 

Los diputados explican que la iniciativa surgió debido a que, en la actualidad, la comunidad virtual "es débil en sus regulaciones", por lo cual "es utilizada por personas o grupos de personas, para vulnerar derechos o garantías constitucionalmente protegidas, especialmente la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas". 

Manifestaron que estas violaciones se cometen por lo general "utilizando perfiles o identidades falsas, o creando medios de comunicación como periódicos digitales sin tener personas jurídicas o naturales responsables para verificar los ataques contra los bienes jurídicamente tutelados". 

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