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Diputados y Gabinete de Seguridad buscan recuperar territorio

Diputados de la comisión de seguridad, CSJ, FGR y Gabinete de Seguridad se reunieron ayer para discutir medidas ante el alza de homicidios.

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Apostarle a recuperar el control de zonas del país dominadas por pandillas para que la gente pueda movilizarse sin temor fue una de las coincidencias en la reunión privada que sostuvieron ayer los diputados de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa, representantes de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, ministerios de Seguridad y de la Defensa y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Para ello, según dijo el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, consideraron en que se podría establecer dos mesas técnicas: una para fortalecer el trabajo institucional en materia de investigación; y la otra para la recuperación del control territorial por parte del Estado. “Que no obedece a la presencia militar de vehículos artillados, de vehículos blindados, que no obedece ni siquiera a la presencia policial. Obedece a la presencia de la contraloría social en los territorios: que la gente pueda vivir en paz, que la gente no se sienta secuestrada, que la gente pueda realizar sus labores cotidianas de una manera normal”, indicó.

Su colega Mauricio Vargas dijo que debe impartirse un taller para desarrollar las estrategias operativas que conlleven a asegurar una zona de alta violencia, y cuando la autoridad tenga el control, que entre la Policía Comunitaria, se gane la confianza de la gente y luego ingresan las unidades de intervención social, incluidas las alcaldías. Expresó que se debe dar un “trato integral”. “El problema del Gobierno es que todo lo quiere hacer al mismo tiempo”, manifestó el tricolor.

Este año, de julio a octubre, el país pasó de un promedio de 10 homicidios diarios a 16.

Otras propuestas

Según dijeron los diputados, durante la reunión la FGR habría pedido que se reforme la ley de escuchas telefónicas para evitar burocracia, y se comprometieron a presentar una propuesta para que no existan medidas sustitutivas para los pandilleros.

Antonio Almendáriz, diputado del PCN, dijo que la CSJ también se comprometió a mandar una propuesta de reformas a la Ley de Carrera Judicial y ley orgánica para mejorar la depuración judicial. También dijo que volvió a surgir la iniciativa de crear un instituto forense.

Además, diputados de ARENA aseguraron que se discutió sobre dar un refuerzo presupuestario al programa de víctimas y testigos. Norman Quijano dijo que actualmente para ese programa se destinan $3.5 millones, de los cuales $2.4 millones se usan para pagar salarios y prestaciones de policías, y para “los verdaderos testigos” solo se asignan $1.1 millones.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, está pidiendo que le aprueben un préstamo de $100 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para infraestructura, investigación científica, transporte y telecomunicaciones, y fortalecer el trabajo policial.

Aunque la derecha dijo que el problema no es de dinero, sino de planes eficientes. “Cuando nosotros tenemos más dinero, tenemos más bienestar, y aquí con más dinero tenemos más delincuencia. Algo estamos haciendo mal”, expresó Vargas.

Sin embargo, Almendáriz aclaró que “no solamente se habló de recursos”. “Este tipo de reuniones permitió que cada uno hiciera observaciones a los demás institutos que tienen que ver en el combate a la delincuencia porque de nada sirve el trabajo de la Fiscalía y Policía si estos casos se caen en el sistema judicial. Creemos que todo el mundo salió satisfecho”, dijo.

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