Discusión en CSJ por divulgación de auditorías patrimoniales

Magistrados pidieron que se investigue cómo medios de comunicación tuvieron acceso a resultados de auditorías a expresidentes de la República.
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se tomaron buena parte de la sesión plenaria de ayer para discutir por las publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre los resultados a las auditorías patrimoniales de los dos expresidentes de la República: Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

“Se discutió cómo se maneja la información, por lo que sale publicado, pero no puedo ahondar porque está medio restringida ahí la información, le pido que me comprenda”, dijo uno de los magistrados que participó en la sesión de Corte Plena ayer.

La CSJ ordenó el martes pasado el inicio de un juicio civil contra el expresidente Funes, quien no pudo justificar ingresos por más de medio millón de dólares. La decisión fue adoptada por nueve de los 15 magistrados, que consideraron que existen indicios de enriquecimiento ilícito del exfuncionario.

Esta semana también fue notificado el expresidente Antonio Saca de los hallazgos que arrojó la auditoría a su patrimonio, según la cual deberá justificar un patrimonio de más de $6 millones a la Sección de Probidad de la CSJ.

Otro de los magistrados que estuvo en esa reunión comentó que hubo colegas que reclamaron porque salió a la luz pública la información de las declaraciones patrimoniales y recomendaron acudir a la Fiscalía para averiguar quién da información a la prensa.

El 1.º de septiembre de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes que la Sección de Probidad hizo sobre las declaraciones patrimoniales que presentaron tres expresidentes de la República debían ser públicos y dados a conocer por la Corte.

A partir de esa resolución, la Corte Suprema debe entregar las auditorías patrimoniales de Saca, de Funes y la del ya fallecido Francisco Flores, a más tardar el 23 de febrero, plazo que fue consensuado con los solicitantes de los informes finales: los abogados de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Ayer se le consultó al comisionado del IAIP, Jaime Campos, con respecto a la discusión que surgió en el pleno sobre la divulgación de los resultados de las auditorías. “Hay que conciliar dos cosas: el acceso a la información pública y el derecho a la intimidad. Una cosa es que te digan que hay indicios de enriquecimiento ilícito de un exfuncionario, y otra muy distinta es que se difundan datos sensibles del funcionario o de su grupo familiar”, comentó el funcionario.

No se puede divulgar, recordó Campos, números de cuentas personales, direcciones, datos de menores de edad. “Lo que es público es el examen final que la Sección de Probidad realizó, habría que ver en qué consiste ese examen final. Un documento puede contener datos personales del exfuncionario, eso no necesariamente es público”, recalcó el comisionado.

Sin acceso

Las sesiones de Corte Plena son a puerta cerrada. El único registro que queda de lo que se discute son las actas que redacta la Secretaría General y que son publicadas, con casi un mes de posterioridad, en la página web de la Corte Suprema. Recientemente, el IAIP determinó que las grabaciones de las reuniones de los magistrados también son de carácter público. “Desde que aquí está fuera de toda discusión el carácter público que reviste la información solicitada, conviene destacar la definición de ‘información pública’ como aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio”, se pronunció el instituto para avalar la divulgación de las deliberaciones.

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