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Discusión por ley de agua pasó hasta fase violenta

Un encontronazo entre supuestos estudiantes de la UES y vigilantes de la Asamblea Legislativa creó desorden y más tensión.
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La tensión en la discusión por el proyecto de la ley de agua alcanzó su punto más alto ayer, cuando supuestos estudiantes de la Universidad de El Salvador se enfrentaron de manera violenta con vigilantes privados en la Asamblea Legislativa, hasta donde llegaron en una marcha para protestar por lo que ellos llaman “privatización del agua”.

El punto de la discordia es el ente rector, y dos propuestas son las que predominan: la ley integral del agua, impulsada por las fracciones de la derecha en la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa, y la ley general de aguas, presentada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Iglesia católica.

Aunque coinciden en varios puntos no hay convergencia en quien controlará la institución, la propuesta oficial instituye una autoridad hídrica en la que la junta directiva estaría conformada por un presidente designado por el Órgano Ejecutivo, cuatro directores propietarios, con sus suplentes. Dos de estos saldrán de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

El posible predominio de la derecha en las alcaldías más los votos de ANEP son el foco privatizador que ven gremiales ambientales, la UCA, la Iglesia católica y ayer la Universidad de El Salvador.

De hecho, el martes, la Iglesia católica en una conferencia pidió a los diputados reconsiderar el proyecto que ellos avalan. La Conferencia Episcopal de El Salvador firmó un comunicado No Permitamos que los Pobres Mueran de Sed, en el que establece que el agua es un bien público y debe ser manejado por el Estado.

“No creo que nuestros diputados lleguen a cometer esta aberración jurídica”, dijo José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, quien agregó que el documento fue entregado a la Nunciatura Apostólica y será enviado al Vaticano.

La posición de la Iglesia es la misma que la UCA que establece una autoridad nacional de aguas en la que participan los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Obras Públicas, con un representante cada uno; dos del Consejo Nacional de Aguas y uno de COMURES. Es presidido por Medio Ambiente.

El tema del agua ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa por ya más de 12 años. En la Legislación 2012/2015 se discutió y avanzó en la ley general de aguas, propuesta por el Gobierno con el trabajo de organizaciones que velan por el recurso hídrico, y de la cual ya se habían aprobado 92 artículos que describían los fines, principios y bases de la ley.

Es precisamente lo que demandan las instituciones en desacuerdo con el de la comisión de medio ambiente, que se retome ese proyecto.

Pero la propuesta no parece lograr eco en la Asamblea Legislativa: “Hay muchas personas muriéndose de sed ahorita y no está privatizada, y ni se va a privatizar”, dijo el diputado del PDC Jorge Mazariego.

Un viceministerio

Para Ricardo Vacarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, lo ideal es que se cree un viceministerio que sea realmente el ente contralor del recurso hídrico en el país, esto permitiría evitar un privatización.

El especialista en medio ambiente advierte que el viceministerio obraría como lo hace el Ministerio de Obras Públicas, que controla las vías del país, decide sobre la viabilidad pero los proyectos son ejecutados por la empresa privada.

“Y aquí si quieren nombrar un organismo contralor que lo hagan allí ya pueden estar ambientalistas, ONG, empresa privada y otros, pero el control del recurso hídrico ya lo tiene el viceministerio”, explica.

Para la Unidad Ecológica Salvadoreña, el articulado que se está trabajando no responde a la grave crisis medioambiental que tenemos con el agua en el país. El Salvador es el país con el agua más contaminada de Centro América, y hasta 2017 se registraba que el 95 % de los cuerpos superficiales de agua estaban contaminados.

Para la institución se debe hacer un estudio que va más allá del ente rector y revisar de manera consultiva la ley.

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