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Discuten impacto de penalización total del aborto

Abogada insta al Estado a no actuar bajo premisas religiosas, sino a respetar el estado laico en emergencias obstétricas.

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Anabella Menjívar, consultora de IPAS para Centroamérica y México, una organización sin fines de lucro que promueve la interrupción segura del embarazo en 17 países, afirmó durante un foro realizado en San Salvador que hay "un temor silencioso de todo el personal de salud" en torno a las emergencias obstétricas.

"Muchas veces se dice que ellos son libres de actuar de acuerdo a la ciencia, pero no es cierto: muchos tienen miedo de actuar de conformidad a su conocimiento científico, médico, por temor a ser expuestos públicamente, por temor a ser desprestigiados socialmente, por temor a ser llevados a la cárcel", sostuvo.

El caso "Manuela" es el primero contra El Salvador ante la CIDH.

Durante su intervención en el foro "Caso Manuela: impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador", Menjívar recordó la época en la que El Salvador permitía interrumpir el embarazo por tres causas y, en ese sentido, habló de los retrocesos al reformar la legislación y las limitaciones que la penalización absoluta conlleva para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

"De ninguna manera había colas de mujeres afuera de los hospitales esperando abortar. Son falacias, son mentiras. Simplemente pasaba que cuando una mujer llegaba con emergencias obstétrica a un hospital, se reunía un equipo multidisciplinario de profesionales de salud para analizar su caso y para tomar decisión desde el punto de vista científico y eso se perdió", anotó la abogada.

Ese panel de discusión multidiciplinario se ha reducido a una visión religiosa, dijo, pese a que la Constitución de la República establece que el Estado es laico y su actuar hacia la ciudadanía debe estar basado en las leyes y en el conocimiento científico de los servicios de salud.

"Cuando una persona va a un hospital no le pregunta al médico de qué religión es o si es ateo", enfatizó.

Según declaraciones recogidas por la cadena de Noticias BBC Mundo, Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Organización Sí a la Vida, sostuvo que la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Manuela ha sido promovida por entidades pro aborto. Según Cardenal, Manuela se provocó un aborto de manera voluntaria: "Aquí la víctima es el niño", dijo.

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