Disputa entre fiscal general y el juez del caso Taiwán

El titular del Juzgado Séptimo de Instrucción conminó a la FGR a que compruebe la supuesta sanción de Estados Unidos por divulgar ROS.
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El juez Miguel Ángel García, titular del Séptimo de Instrucción de San Salvador, le recordó ayer al fiscal general de la República, Luis Martínez, que no existe ninguna norma legal que permita sancionar a nadie, ni a un funcionario judicial, por divulgar el contenido de un proceso judicial penal que es público, como el caso que se sigue contra el expresidente Francisco Flores (1999-2004).

Desde la semana pasada, oficialmente, el proceso judicial contra Flores por enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares está en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara el traslado del caso desde el Juzgado Primero de Instrucción.

El pasado 19 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un escrito al Séptimo de Instrucción en el que planteaba que emprendería “acciones legales” contra todo aquel que “mencionara” un documento emitido por la Agencia de Inteligencia Financiera (FinCEN) de Estados Unidos, que sirvió de inicio para investigar el caso Taiwán.

El documento, que se ha conocido públicamente como Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), estuvo dentro del proceso pero fue retirado.

La FGR tiene planeado procesar a todo aquel que divulgue información del supuesto ROS, aunque este ya no está en el expediente.

Flores está acusado de desviar $15 millones provenientes de la cooperación taiwanesa, destinados para ejecutar proyectos sociales y obras de mitigación.

Según la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM), el juez García contestó ayer, mediante un escrito, que como juez no tiene atribuciones de restringir que alguien divulgue algo que está dentro de un proceso judicial público.

García, según el CJIM, le recordó al fiscal Martínez que fue desde la institución que él dirige, y bajo su administración, que el ROS se filtró públicamente, dado a conocer por el expresidente Funes.

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) es una de las organizaciones que fungen en el proceso como acusadores particulares. Su presidente, Ramón Villalta, explicó ayer que el juez García, además, ha solicitado a la FGR que compruebe documentalmente la existencia de una sanción contra el país por parte del FinCEN.

Meses atrás, Martínez aseguró que el país había sido sancionado por el FinCEN, por la divulgación del ROS, lo que implicaba que Estados Unidos no compartiría más información financiera.

García, no obstante, “va a solicitar a la embajada de Estados Unidos, no sé si ya lo hizo, que confirme la existencia de esa sanción contra el país”, dijo Villalta.

El querellante agregó “que uno diga que existen documentos no puede ser el origen de un proceso judicial”, a propósito del proceso sancionatorio iniciado semanas atrás, precisamente contra los querellantes, en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, por supuestamente revelar información y mencionar la existencia del documento del FinCEN.

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