El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó hoy una audiencia de apelación debido a la negativa de la directora de transparencia de la Corte de Cuentas de la Repúiblica (CCR), Mirna Mercado Laínez, de entregar su registro de marcaciones laborales en el período entre el 10 de enero y el 10 de septiembre de 2018.

René Hurtado, empleado también de la CCR y utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), solicitó en septiembre del año pasado que se le facilitara el registro de entradas y salidas de la funcionaria a la institución gubernamental; pero Mercado, que también es oficial de información de la institución, no se lo concedió y alegó que dicho registro se trataba de información reservada porque ponía “en peligro evidente su vida y su seguridad”, según el artículo 19 de la misma LAIP.

Hurtado apeló entonces ante el IAIP y hoy Mercado, a través del director jurídico de la CCR, facilitó una versión de la información solicitada, aunque incompleta, según el apelante.

“En el informe que han entregado vienen las horas de entrada y salida, pero no el lugar en el que marcó, así que es incompleto y no permite determinar si es ella quien ha marcado o no”, declaró Hurtado. 

El apelante sostiene que hay varias denuncias dentro de la institución de que la funcionaria en cuestión no llega a trabajar o no cumple con el horario establecido. Dijo que la única manera de comprobarlo es que ella facilite la información real sobre sus marcaciones.

Mercado Laínez acudió hoy a la audiencia de apelación acompañada de varios miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República, quienes alegaron que todo se trata de una difamación y de un ataque directo contra la directora de transparencia. Incluso alegaron que podrían poner una demanda contra Hurtado por los ataques que ha realizado con la petición de información pública.

El artículo siete de la LAIP establece en su artículo siete que "todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la República, y las personas que laboren en las entidades mencionadas en este artículo, están obligadas al cumplimiento de la presente ley", lo que abre la puerta para que funcionarios como la directora de transparencia de la Corte de Cuentas deban someterse a las peticiones de información de los ciudadanos.

Ahora el IAIP debe determinar si la información es válida y de acceso público o si la reserva evocada se mantiene.