Dos leyes para desenmarañar la tramitología

Los empresarios esperan superar el veto presidencial que frenó una ley de facilitación de trámites aprobada por mayoría legislativa. También proponen una ley para el OMR.
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Unidad El sector privado dice que las propuestas de ley para facilitar 
trámites son fruto del consenso entre sectores.

Unidad El sector privado dice que las propuestas de ley para facilitar trámites son fruto del consenso entre sectores.

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Los empresarios han puesto sus esperanzas en dos propuestas de ley para desenmarañar lo que consideran un exceso de trámites. En el documento del XVII ENADE se incluye el texto de dos anteproyectos de ley: uno para los procesos administrativos y otro para el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), entidad creada bajo la sombrilla de la ejecución de un segundo compacto de los Fondos del Milenio donados por EUA (FOMILENIO II).

La Ley de Procesos Administrativos busca superar los argumentos que dio el presidente Salvador Sánchez Cerén para vetar una ley de facilitación de trámites que había sido aprobada con mayoría legislativa.

Esta busca que haya uniformidad en las disposiciones que rigen a la administración pública, garantizando el cumplimiento al principio de legalidad y seguridad jurídica.

Un segundo objetivo es promover la efectividad en el ejercicio de derechos fundamentales a través del sometimiento de la administración pública a la Constitución, según indica el documento. Además, fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en las actuaciones de la administración pública cuando las mismas resulten oportunas.

También propone la constitución de una ventanilla única, para cuando deba intervenir más de una entidad pública. “Dicha ventanilla ha de regirse por ciertas normas de atención al público mediante los cuales serán garantizados procedimientos ágiles y expeditos”, indica el documento.

En cuanto a la ley para el OMR, el documento del ENADE habla de tres objetivos: primero, promover el fácil acceso a instancias administrativas, mediante la uniformidad de criterios en la solución de problemas y realización de trámites administrativos; segundo, erradicar los obstáculos que se presenten en los actos administrativos, para generar condiciones que faciliten la inversión privada y el desarrollo nacional; y tercero, atender al interés público a través de la cooperación entre los sectores públicos y privados.

La ley propuesta da al OMR facultades de vigilancia para el cumplimiento de eficiencia en los procedimientos administrativos, y en lo concerniente a la calidad de los servicios públicos a los que la administración se encuentra obligada. El consejo directivo será el responsable del establecimiento de mecanismos idóneos para el cumplimiento de los fines de la administración pública, y será quien apruebe las políticas o planes de administración.

Además, describe las conductas que constituyen infracciones, la gradualidad de las sanciones y su monto, las cuales están dirigidas al titular de la institución administrativa, pues se busca que la administración cumpla efectiva y eficazmente con la generación de trámites y procedimientos que resulten factibles para los interesados.

También introduce cambios en el cuerpo normativo encargado de facilitar los trámites y consecuentemente promover la inversión.

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