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VIDEO: Organizaciones abordan situación de seguridad pública y brindan cifras de víctimas de abuso atendidas en el régimen de excepción

Desde que inició el regimen de excepción en El Salvador han sido muchas las violaciones a derechos humanos y abusos de poder por parte de las autoridades. 

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Foto: Archivo

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Redes y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos brindan la mañana de este martes 5 de abril una conferencia para abordar la situación de seguridad pública y Estado de derecho en el contexto actual de la situación de violencia, además de datos estadísticos de atención a víctimas en el marco del régimen de excepción.

Desde que inició el regimen de excepción en El Salvador, el pasado 27 de marzo, han sido muchas las violaciones a derechos humanos y abusos de poder por parte de las autoridades hacia sectores de la población que históricamente han sido marginados y estigmatizados por las zonas en que residen.

Organizaciones nacionales e internacionales se han dado a la tarea de condenar los malos tratos injustificados hacia los detenidos en las redadas masivas que han sido realizadas en los últimos días, donde se han capturado a más de 6 mil personas sin que se les brinde una explicación del porqué están siendo arrestados.

 "En 2021 cerramos con una tasa de 17.7 personas asesinadas por 100 mil habitantes, una suma que continúa siendo elevada para nuestro país y de ahí la necesidad de poder contar con políticas integrales de seguridad pública que aborden no solo la parte represiva de la violencia sino también la parte preventiva y la parte de inserción de las personas involucradas en ese tipo de hechos", dijo Danilo Flores del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

Además, lamentó la forma en cómo el gobierno ataca a las organizaciones que velan por los derechos humanos ya que estas solamente buscan que se respete la dignidad e integridad de la población.

Por su parte, Anabel Recinos de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana indicó que desde hace años las organizaciones han presentado propuestas de políticas públicas de seguridad de las cuales no se ha tenido respuesta.

Al respecto, Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso, indicó que estas iniciativas son con base a la experiencia de las organizaciones y otros países que han tenido éxito en la implementación de estas, las cuales involucran de manera integral a diferentes entidades de gobierno, organizaciones y a la ciudadanía.

Por otra lado, Astrid Valencia de Amnistía Internacional mostró su preocupación ante las medidas implementadas bajo el régimen de excepción que incluyen la suspención de derechos fundamentales.

"Observamos con preocupación que las medidas implementadas incluyan la suspensión y la eliminación de elementos fundamentales del debido proceso... y también una ola de denucias públicas de abusos en el ejercicio de la implementación de estas medidas", dijo.

Valencia aseguró que las medidas represivas en El Salvador son parecidas a políticas que ya han sido fallidas y que las violaciones a derechos humanos no puede ser la solución a la violencia "porque solo profundizan la grave situación generando un contexto de abusos y de arbitrariedades".

Las organizaciones que han brindado atención a las víctimas son Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Asociación Azul Originario (AZO) entre el 27 de marzo y el 4 de abril.

Según informaron, atendieron a 26 personas que fueron víctimas de lesiones, detención e intimidación por parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en los departamentos de San Salvador, San Vicente, Cuscatlán, Morazán, Sonsonate, La Libertad y La Paz.

Los atendidos por estas organizaciones son algunos de los muchos casos de abusos que se han dado, ya que muchas personas prefieren no denunciar por temor a represalias. 

 
 
 

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