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ES investiga empresas ligadas a corrupción en Guatemala

Empresas que importan fertilizantes son investigadas por supuestamente evadir impuestos aduaneros en El Salvador. Esas empresas también tienen relación con corrupción guatemalteca en caso La Línea.
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Tres empresas que importan fertilizantes desde Guatemala hacia El Salvador se encuentran bajo una investigación que realiza la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) por, supuestamente, ingresar al país productos fertilizantes hechos en Rumania y China, pero etiquetados y empaquetados como si hubieran sido elaborados en Guatemala. De acuerdo con una denuncia que llegó a la Dirección General de Aduanas (DGA) en noviembre de 2015, la razón por la que estas empresas importan los fertilizantes con etiquetas guatemaltecas es porque así evitan los impuestos aduaneros que tendrían que pagar si los productos pasaran por las fronteras con sus etiquetas originales.

Tras analizar la denuncia, la Policía comenzó a investigar las tres empresas y encontró que una de ellas, TIGSA S. A. de C.V., es una extensión en El Salvador de una de las empresas involucradas en el caso La Línea y cooptación del Estado en Guatemala, por lo que la investigación pasó de rastrear la supuesta evasión de impuestos aduaneros y de comprobar de dónde vienen los fertilizantes a indagar los vínculos que TIGSA podría tener con la corrupción en Guatemala, que involucra al expresidente de esa nación Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Los vínculos, según la investigación policial, podrían ser más que superficiales, ya que el representante legal de TIGSA fue detenido por ser parte de la red de corrupción que pagaba sobornos al Gobierno guatemalteco para que el Ministerio de Agricultura de ese país concediera las licitaciones a algunas empresas de productos fertilizantes.

El representante de esa empresa, Karl Christian Kaehler de León, también es el representante legal de TIGSA El Salvador, según consta en el registro de comercio del Centro Nacional de Registro (CNR), que este periódico consultó. Según el acta de constitución, TIGSA fue fundada en El Salvador por Kaehler el 6 de febrero de 2009, y sus instalaciones fueron ubicadas en la avenida El Cóndor, de la colonia Marabú, en San Marcos, San Salvador. Kaehler está detenido en Guatemala a la espera de que finalice el proceso en su contra en ese país.

La Policía, para averiguar todos los movimientos de TIGSA El Salvador, designó a un equipo de investigadores, que llegaron encubiertos hasta las instalaciones de las oficinas y bodegas, donde documentaron que un camión con placas RE-9-044 salió de las instalaciones con todos los bienes y documentos.

Cuando los investigadores revisaron por fuera, constataron que las oficinas y bodegas habían sido desalojadas. Tras ello, intentaron seguir al camión, pero por falta de combustible para el vehículo particular en el que andaban no lo lograron.

Este periódico también fue a buscar a los encargados de TIGSA a esa dirección en San Marcos, para obtener su versión acerca de las denuncia en contra de la empresa, pero no fue posible contactarlos porque, efectivamente, las oficinas están desalojadas y los teléfonos están desconectados.

“No tengo detalle del avance de la investigación de este caso, pero lo que sí le puedo decir es que son expedientes de investigación que tenemos con la dirección funcional de Fiscalía, que muchas veces en estos casos no se logran completar en un corto tiempo, dado que hay revisiones documentales, obtención de información a través de fuentes oficiales y que eso no se obtiene pronto o no se obtiene de manera completa, y así se van a verificaciones y pidiendo los complementos”, confirmó el subdirector de Investigaciones de la Policía, Juan Carlos Martínez Marín. El subdirector también explicó que, para el caso concreto de la posible evasión de impuestos, la Policía sigue investigando, aunque a paso lento.

“Aquí todavía hace falta identificar la posible existencia de los productos que se han identificado como tal; primero, técnicamente, demostrar que son productos cuyos contenidos no son de los que produce una planta particular, sino que provienen de otra, de una forma no adecuada, no vamos a decir ilícita, haciéndolo ver como si fuera producto hecho en Guatemala. Todos esos detalles primero deben ser probados y luego identificar los delitos”, dijo Marín, quien agregó que la subdirección tiene una cantidad de casos que son prioridad y que por eso este caso aún continúa en investigación.

“No recuerdo en este momento que me haya llegado un informe ejecutivo de los avances del caso. Me han llegado de otros casos que son prioridad, pero no de este. Es también porque es todo un proceso determinar las relaciones con casos judicializados en Guatemala y si existe realmente el etiquetado inadecuado de los productos”, dijo el subdirector.

El director de Aduanas, Carlos Alfredo Cativo, alegó que desconocía a las empresas denunciadas por su nombre comercial. Se le mencionó la denuncia que ingresó a aduanas en noviembre de 2015, pero dijo que sospecha que se trató de una denuncia anónima y que ese tipo de denuncias no prospera en los procesos administrativos. Cativo renunció poco después. Según la oficina de comunicaciones de Aduanas, el exdirector se reincorporó desde noviembre a su cargo anterior en el Banco Central de Reserva.

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