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EUA dudó de la investigación en caso PARLACEN

Memos revelan que Estados Unidos tenía dudas importantes sobre las investigaciones que llevó a cabo el gobierno de Óscar Berger en torno al caso PARLACEN y, luego, de los asesinatos de los cuatro policías presos en la cárcel El Boquerón acusados de matar a tres diputados.
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En mayo de 2007, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, James M. Derham, envió a Washington el primer resumen exhaustivo sobre el caso PARLACEN, los asesinatos de los diputados salvadoreños William Pichinte, Eduardo d'Aubuisson, Ramón González y su motorista Gerardo Ramírez. El cable, dirigido al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca (NSC) con copia en la embajada estadounidense en San Salvador, parece, en primera lectura, un espaldarazo a las autoridades guatemaltecas. Pero no lo es.

En el último párrafo, el de conclusión, Derham aparece resignado respecto a la resolución de todas las dudas que entonces surgieron alrededor de los asesinatos, sus implicaciones políticas, la participación en ellos de agentes del Estado guatemalteco y las sospechas de encubrimiento por parte de altos funcionarios del gobierno Berger: “Las investigaciones continúan –informa el embajador a Washington 10 semanas después de los asesinatos– pero debido a las realidades de Guatemala, uno no debería ser muy optimista (en pensar) que se resolverán muchos de los cabos sueltos”.

El memo empieza así: “El punto central es que los guatemaltecos han tenido progresos razonables en algunos aspectos de la investigación”, escribe Derham basado en informes que le ha facilitado el FBI, para entonces desplegado en Guatemala para asistir en las investigaciones y en “conversaciones con oficiales del Ministerio de Gobernación”, dirigido entonces por Carlos Vielman, quien a la postre sería arrestado en España en conexión con estos hechos.

La conclusión final de Derham, sin embargo, deja mal parado al gobierno de Berger y arroja nuevas dudas sobre las investigaciones y los móviles de ambas masacres, la de los diputados y los policías.

“Aunque el GOG (Gobierno de Guatemala) haya progresado en las investigaciones, estas no se realizaron muy profesionalmente”, escribe el embajador en el penúltimo inciso de su memo. El resto de ese párrafo, al menos 20 líneas que a juzgar por el resto del texto se refieren al desempeño de las autoridades en las pesquisas, está censurado, tachado, como la mayoría de los otros 10 documentos sobre el caso PARLACEN que el Departamento de Estado desclasificó en 2008, a petición del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) de la Universidad George Washington y que se hacen públicos hasta ahora.

En siete puntos desplegados a lo largo de tres páginas de su primer memo, el embajador Derham reitera que el móvil inicial de los policías guatemaltecos para matar a tres diputados salvadoreños y su motorista fue un tumbe, palabra con la que se designa en el bajo mundo del narcotráfico a un robo de drogas o dinero.

“Gracias en parte a (tecnología GPS), cámaras de vídeo y otros medios técnicos, emerge un escenario sobre los asesinatos de los diputados del PARLACEN y su motorista. Los cuatro oficiales de la PNC recibieron información (desde un teléfono celular en Jalpatagua) de que los diputados transportaban drogas o dinero...”, se lee en el memo, referenciado como R 071350Z. Luego, citando a las fuentes que ya había mencionado, el diplomático concluye que los policías no encontraron ni droga ni dinero y por eso los mataron: “al parecer, en este punto, (los policías y otras personas operadores de un grupo de narcotráfico en Jalpatagua, al sur del país) decidieron matar a los salvadoreños y quemar el carro para cubrir sus huellas”.

Dudas sobre El Boquerón

El caso PARLACEN desencadenó una especie de efecto dominó en las instituciones guatemaltecas que provocó una purga en el Ministerio Público (Fiscalía), el arresto de Vielman y de otros funcionarios de alto nivel y la preeminencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida entonces por el juez español Carlos Castresana, que jugó un rol determinante en las pesquisas posteriores y en reformas a la Fiscalía que arrancaron en aquellos días según se detalla en los mismos cables estadounidenses.

Los ecos del caso se extendieron hasta el gobierno que sustituyó al de Berger, el del presidente Álvaro Colom, y, por supuesto, hasta la representación estadounidense en El Salvador.

En marzo de 2007, Charles Glazer, entonces embajador estadounidense en San Salvador, escribió un memo clasificado –referencia P 022239Z– dirigido al Departamento de Estado y a la Casa Blanca para informar que “los asesinatos PARLACEN siguen resonando”.

En el memo, de tres párrafos, el embajador Glazer reconstruye las versiones recabadas de medios de comunicación y las que también le ha enviado a él su colega guatemalteco. Además, informa que en El Salvador el diputado de ARENA Roberto d'Aubuisson, hermano de uno de los salvadoreños asesinados en Guatemala, ha dicho que no confía en las investigaciones que realiza el gobierno Berger.

Lo más interesante del cable, sin embargo, es la referencia que Glazer hace a las investigaciones en torno a los asesinatos de los cuatro policías encarcelados como principales sospechosos por las muertes de los diputados. El embajador deja claro que no sabe qué pasó en la cárcel El Boquerón el 25 de febrero, cuando esos policías fueron también asesinados. Más aún: Glazer deja implícito que él tampoco confía demasiado en las pesquisas guatemaltecas: “El FBI está dedicando personal de investigación para realizar entrevistas a profundidad, recoger nueva evidencia y analizar los datos disponibles con el fin de saber qué pasó realmente”. Los sucesos en El Boquerón, más que los asesinatos de los diputados, están en el centro de las dudas estadounidenses.

En el cable con referencia O 270007Z, escrito pocas horas después de la masacre en la cárcel guatemalteca, el embajador Derham revela a Washington que uno de los policías presos había mostrado intenciones de colaborar con las investigaciones en torno a la muerte de los diputados. “Agentes del Ministerio Público dijeron al oficial político (de la embajada en Guatemala) el 23 de febrero –dos días antes de los asesinatos en El Boquerón– que está dispuesto a cooperar”.

Escribe Derham, además, una primera hipótesis sobre los asesinatos en la cárcel ubicada en Cuilapa: “El miedo a que los supuestos homicidas –los policías– hablaran es percibido ampliamente como el motivo para que los autores intelectuales de los asesinatos de los diputados silenciaran a sus asesinos”.

El embajador de Washington en Ciudad Guatemala también expresa dudas sobre el traslado de los policías acusados a El Boquerón el 23 de febrero, dos días antes de que fueran asesinados en esa cárcel. En el cable de mayo de 2007, el R 071350Z, Derham escribe: “El traslado de los cuatro agentes de la PNC (guatemalteca) a El Boquerón no se hizo en regla y el director de la prisión en ese momento dijo que la seguridad debió haber sido mayor en el recinto...”.

Más adelante, el diplomático asegura que el director de El Boquerón estuvo directamente implicado en los asesinatos de los policías y lo liga a la organización de narcotráfico de Jalpatagua: “El director de la prisión tenía vínculos familiares con Jalpatagua, como lo tenían varios de los guardias en la prisión”.

Al final de ese párrafo, Derham vuelve a sus dudas principales: “Lo que no está claro es quien es el responsable último de los asesinatos (de los policías)”, escribe a sus jefes en la capital de Estados Unidos.

Las dudas e informaciones estadounidenses en torno a los casos PARLACEN y El Boquerón, patentes en los cables desclasificados por el Departamento de Estado, ocupan también otros memos, estos de la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés) y del FBI. En 2008, el NSA solicitó la desclasificación de todos los cables relativos a ambos hechos, pero las dos agencias respondieron que no lo harían; su argumento: se trata de investigaciones aún abiertas, según explicaron en Washington fuentes cercanas a los procesos de desclasificación en ambos casos.

El inicio de la purga

Aquel 19 de febrero de 2007, los asesinatos de los diputados salvadoreños dejaron al descubierto el alcance de la penetración del crimen organizado en el Estado guatemalteco. Fue ese mismo año, dos meses después, que el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, el sueco Anders Kompass, dijo a la prensa de Guatemala que el país era, en muchas áreas, “un Estado fallido”.

En los memos de Estados Unidos relacionados con el caso PARLACEN hay, también, referencias a la interpelación del ministro Vielman en el Congreso de Guatemala y a las purgas que siguieron luego en el Ministerio Público guatemalteco, que culminaría año y medio después con la renuncia del fiscal general y del jefe de fiscales que dirigió las investigaciones de ambas masacres.

Los cables también arrojan luz sobre el papel de CICIG y del comisionado Castresana, quien a la postre presionó en público y en privado por cambios en la Fiscalía guatemalteca. El español, además, se enfrentó con el Ministerio Público por otro evento que también tuvo relación con El Salvador: el asesinato del asesor venezolano Víctor Rivera, alias Zacarías, un controversial personaje que asesoró a Vielman y había asesorado, a principios de los noventa, al entonces viceministro de Seguridad salvadoreño, Hugo Barrera.

La información estadounidense en torno a esa purga, sin embargo, es también incompleta. En agosto de 2008, el nuevo embajador estadounidense en Ciudad Guatemala, Steven McFarland, envió un memo al secretario de Estado, a la CIA, al FBI, a la DEA y a la Casa Blanca para informar de varias renuncias en el Ministerio Público. Al final de esa comunicación, que fue desclasificada solo en parte (dos tercios del contenido están tachados), el embajador asegura que CICIG investiga a más posibles implicados en los asesinatos de los diputados salvadoreños. Los nombres de esos sospechosos están tachados.

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