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EUA publica sentencia que muestra abusos de exgeneral

The New York Times gana demanda que permite conocer la resolución de un tribunal de Inmigración contra el exgeneral Vides Casanova, condenado a ser deportado desde EUA. El documento muestra su vinculación en torturas y ejecuciones durante guerra civil.
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Dorothy Kazel

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En la mira.  El exgeneral Eugenio Vides Casanova, en una foto de archivo tomada en 2000.

En la mira. El exgeneral Eugenio Vides Casanova, en una foto de archivo tomada en 2000.

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La lista de crímenes es larga: la ejecución extrajudicial de cuatro religiosas estadounidenses el 2 de diciembre de 1980, tres asesinatos en el Hotel Sheraton el 3 de enero de 1981, las ejecuciones de tres personas en La Puerta del Diablo en 1988 y la masacre de San Sebastián el 21 de septiembre de 1988, por mencionar algunos de ellos. El tribunal de Imigración de Orlando, en Florida, presidido por el juez James K. Grim, determinó que el exgeneral salvadoreño Carlos Eugenio Vides Casanova, de 76 años, será deportado desde Estados Unidos, tras acreditar que “asistió” o “participó de alguna manera” en graves violaciones contra los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

La información sobre la resolución en contra de Vides Casanova, exdirector de la Guardia Nacional (entre octubre de 1979 y abril de 1983) y ministro de la Defensa (entre abril de 1983 y 1989), fue hecha pública este miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de quien dependen los tribunales de Inmigración. La sentencia que ordena deportar al exgeneral, que aún se encuentra en Florida, pues ha apelado la decisión, fue dada a conocer gracias a una demanda que ganó el periódico The New York Times, que solicitaba que los pormenores del juicio fueran hechos públicos dada la importancia de los testimonios y casos develados.

La sentencia contra Vides Casanova fue dictada en febrero de 2012, y ratificada en agosto de ese año; sin embargo, el Departamento de Justicia mantenía en reserva su contenido tras alegar que los procesos de inmigración son de carácter reservado. Cuando falló, el juez Grim ya había considerado que los detalles de su sentencia debían darse a conocer, pero se enfrentó con la negativa del Departamento de Justicia. Hizo falta la demanda judicial del Times, motivada por la periodista Julia Preston, que ha cubierto la historia en Estados Unidos, para que la decena de acusaciones contra Vides Casanova saliera a la luz.

Es la primera vez que el exgeneral salvadoreño ha sido declarado responsable, mediante declaraciones de víctimas, expertos, informes de la Comisión de la Verdad y cables diplomáticos enviados desde la embajada de Estados Unidos en San Salvador, de asistir o participar en crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

La publicación de la sentencia, en cualquier caso, no conlleva ninguna –ninguna– responsabilidad penal o civil contra Vides Casanova. El juicio celebrado en Florida, donde Vides Casanova vive desde 1989, cuando se retiró del Ejército, únicamente trataba sobre la posibilidad de deportar o no al exgeneral. Esto debido a que Estados Unidos tiene una normativa legal, vigente desde 2004, que prohibe la entrada o estancia en el país de personas que hayan cometido o hayan sido cómplices de torturas y asesinatos. Amparado en esa premisa, el juez Grim decidió que Vides Casanova debía ser expulsado de Estados Unidos tras comprobar que estaba vinculado a torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en la guerra.

“Dado el vasto número de matanzas extrajudiciales de este caso, la corte encuentra inverosímil que el acusado no tuviera conocimiento de la implicación de sus subordinados en al menos una de esas muertes”, expuso Grim en su sentencia, publicada el jueves por el Times y un día antes por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por su siglas en inglés), una de las organizaciones civiles que posibilitó que Vides Casanova y otro exgeneral, Guillermo García, su antecesor en el cargo de ministro de Defensa, fueran procesados en un tribunal de Inmigración de Florida.

Algunos casos

La atención de Estados Unidos hacia el conflicto salvadoreño fue evidente tras el rapto, la violación y posterior ejecución de las religiosas estadounidenses Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan, cometidos el 2 diciembre de 1980. El Gobierno estadounidense protestó de inmediato y solicitó una investigación.

La Guardia Nacional, bajo el mando de Vides Casanova en ese momento, ordenó una investigación que, dirigida por el mayor Lizandro Zepeda, en primer momento determinó que ningún cuerpo de seguridad de El Salvador estaba involucrado en el crimen.

Según la sentencia, un grupo de guardias nacionales, comandados por un efectivo de apellido Colindres, interceptó a las mujeres cuando abandonaban el Aeropuerto internacional El Salvador. Las mujeres fueron encontradas asesinadas y con evidencia de haber sido abusadas. Colindres dijo a su grupo, sostiene el fallo, que la orden de matar a las religiosas vino de sus superiores.

Cables diplomáticos desclasificados “muestran que el demandado (Vides Casanova) fue rápidamente consciente de la participación de guardias nacionales en el asesinato de las religiosas”.

Una investigación estadounidense determinó que la Guardia Nacional fue la responsable. De hecho, cuatro guardias fueron condenados tiempo después tras admitir los homicidios y decir que recibieron “órdenes de arriba”.

Familiares de las religiosas intentaron, sin éxito, procesar civilmente a Vides Casanova, junto con el exgeneral García, por aquel crimen. En octubre de 2000, un tribunal estadounidense determinó que no se podía responsabilizar a los dos exgenerales de las vejaciones y asesinatos de las religiosas porque no tenían “control efectivo” de sus subordinados.

Ambos exgenerales, sin embargo, sí fueron condenados civilmente dos años más tarde. En 2002, un tribunal de West Palm Beach, en Florida, hogar de Vides Casanova, los condenó a pagar $54 millones para indemnizar a tres personas que sobrevivieron las torturas de los cuerpos de seguridad salvadoreños al mando de los exgenerales García y Vides Casanova. Las víctimas, representadas por el CJA, son Juan Romagoza Arce, un doctor que fue secuestrado el 12 de diciembre de 1980 acusado de ser un líder subversivo; Neris González, una trabajadora que fue privada de libertad el 26 de diciembre de 1979; y Carlos Mauricio, un profesor de la Universidad de El Salvador secuestrado en junio de 1983.

Los tres casos también aparecen en la sentencia del juez Grim, que encontró responsable de “participar de alguna forma” a Vides Casanova en esos casos de tortura. En el juicio, Grim determinó que el exgeneral había sido consciente de las torturas (Romagoza declaró que Vides Casanova incluso estuvo presente en dos momentos de su detención ilegal), pero que no hizo nada para castigar a sus subalternos en la Guardia Nacional.

De la misma forma lo encontró responsable de participar en las ejecuciones extrajudiciales de Manuel Toledo y Vinicio Bazzagalia, el 3 de octubre de 1980; la matanza de por lo menos 16 personas en Las Hojas, Sonsonate, el 22 de febrero de 1983; los asesinatos de tres personas más en La Puerta del Diablo, el 1.º de febrero de 1988; o las muertes de los estadounidenses Michael Hammer, Mark Pearlman y el salvadoreño José Rodolfo Viera, asesinados por guardias nacionales el 3 de enero de 1980 en el Hotel Sheraton de San Salvador.

Presión de EUA

La sentencia del tribunal de Inmigración también menciona que el Gobierno de Estados Unidos presionó a Vides Casanova, durante el conflicto armado, para que supuestamente frenara los abusos a los derechos humanos en el país.

El fallo hace referencia a un pasaje que menciona al expresidente George H. Bush (padre), en ese momento vicepresidente del entonces presidente Ronald Reagan. Bush visitó El Salvador en diciembre de 1983 y se reunió con Vides Casanova. Según el fallo, el vicepresidente llevaba una carta de Reagan en la que se solicitaba la remoción de ocho militares y oficiales de seguridad por sus “extensos abusos contra los derechos humanos”. Esa lista estaba encabezada por el coronel Nicolás Carranza, viceministro de la Defensa entre 1979 y 1981, ahora residente en Estados Unidos y condenado en octubre de 2005, en un juzgado de Memphis, a pagar $6 millones como responsabilidad civil por crímenes de guerra.

Vides Casanova, responsabilizado en la sentencia de premiar a sus oficiales en lugar de castigarlos, por cierto, fue condecorado con la medalla al mérito por parte del presidente Reagan.

El exgeneral, que espera la fecha de su deportación, argumentó en el juicio que el Gobierno de Estados Unidos debería detener su deportación porque durante el conflicto armado él estaba “basándose en el asesoramiento, la asistencia militar y financiera del Gobierno de Estados Unidos”, que además era “plenamente consciente de la conducta de las unidades militares salvadoreñas y de la Guardia Nacional”.

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