Ejecutivo desafía resolución de Sala de lo Constitucional

La resolución de la Sala deja claro que, si bien la población está obligada a acatar la cuarentena domiciliar, los decretos del Ejecutivo no tienen la potestad para respaldar el confinamiento sanitario forzoso para las personas que incumplan la orden de cuarentena y su lugar deben ser llevadas a sus viviendas. Tampoco tiene potestad para decomisar vehículos de personas. Exige que el Gobierno entregue listado con los nombres de todos los detenidos.

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El presidente Nayib Bukele aseguró que no acatará la resolución de obligatorio cumplimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: archivo

El presidente Nayib Bukele aseguró que no acatará la resolución de obligatorio cumplimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: archivo

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El presidente Nayib Bukele aseguró que no acatará la resolución de obligatorio cumplimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el miércoles en seguimiento a un hábeas corpus promovido por la detención arbitraria de tres personas que fueron puestas en confinamiento sanitario forzoso al haber salido a comprar provisiones en el Jiquilisco (Usulután) el 22 de marzo, horas después de que el Gobierno anunció -de noche- el inicio de la cuarentena domiciliar obligatoria.

La resolución de la Sala deja claro que los decretos del Ejecutivo no tienen la potestad para respaldar el confinamiento sanitario forzoso para las personas que incumplan la orden de cuarentena, tampoco para decomisar vehículos de personas, entre otros puntos.

Reitera que todo internamiento sanitario forzoso (aunque se cambie por palabras de "retención", "traslado", "evaluación", "localización")   carece de base legal y que todos los afectados deben recibir por escrito las razones de su detención y el nombre de las autoridades que participaron en el acto de detención, así como entregar en cinco días un listado que contenga los nombres de todos los que han sido privados de libertad y que mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley siguiendo el proceso constitucional las personas no pueden ser detenidas sino obligadas a retornar a sus viviendas.

En un claro desafío, Bukele dijo que continuará "ejecutando al 100 % el decreto ejecutivo 19", que incluye internamiento sanitario forzoso, decomiso de vehículos y obliga a todo el que vive en El Salvador a dejar que "delegados de Salud" entren a las viviendas, en contraposición al artículo 20 de la Constitución que establece que la morada es inviolable.

Para Bukele, todo lo resuelto por la Sala constituye una orden para "la muerte del pueblo" y la acusó de seguir órdenes por dinero e intentar "cruzar sus propias limitantes".

El secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro reafirmó la posición del Gobierno este jueves y alegó que "no es la Presidencia de la República ni la Policía quien retiene a la persona sino que es el ministerio de Salud que determina el cumplimiento de la cuarentena vigilada para garantizar la salud de los salvadoreños".

Por su parte, el fiscal general Raúl Melara recordó que las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento y que la Fiscalía "se mantendrá siempre como garante de la legalidad". 

Mientras, la supresión de las garantías constitucionales de libertad de circulación, derecho a no cambiar de domicilio y a reunirse pacíficamente quedó sin vigencia esta semana cuando venció el plazo del estado de Excepción, por lo que dichos derechos quedan restituidos. El Estado de Emergencia, prorrogado por 4 días, está por vencerse. La Asamblea discute modificaciones para evitar abusos de poder en una nueva prórroga.

Según cifras oficiales, 4476 personas se mantienen en cuarentena controlada por el Gobierno en 91 centros y 2108 personas fueron detenidas porque no presentaron una justificación válida para circular ante el policía o militar que los intervino.

Un número desconocido de personas que fueron sometidas a internamiento sanitario forzoso bajo cuido del Gobierno ya no pudieron salir pues fallecieron por causas supuestamente ajenas al covid-19 y que no han sido esclarecidas públicamente, pues el Gobierno mantiene silencio al respecto y ni siquiera se conoce la cifra total de decesos. Unos casos se han conocido públicamente por la denuncia de los familiares. Solo una de esas muertes está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) mientras Bukele acusó a quienes exigían respuestas de promover un ataque político.

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