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Ejecutivo estudiará las recién aprobadas reformas a LAIP

Esta madruga, con 47 votos a favor y 27 en contra, los diputados reformaron algunos artículos de la Ley de Acceso de la Información Pública.
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El presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que junto a su equipo jurídico estudiará las reformas aprobadas esta madrugada a la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP), previo a tomar la decisión de sancionarlas, vetarlas o hacer observaciones.

“Con esta reformas, vienen a cambiar las reglas del juego”, afirmó el mandatario, que a su vez aseguró que la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información será en próximos días.

Durante esta madrugada, con 46 votos a favor y 27 en contra, los diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley, mismas que restan facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Varios actores de la sociedad se han pronunciado ante el caso, uno de ellos, el gremio de la Asociación de Periodistas (APES) lo hará el próximo lunes.

José Luis Benítez, presidente de la Asociación, lamentó las reformas y aseguró que estas mandan un mal mensaje de transparencia.

La pieza de correspondencia que solicitó las reformas a los artículos 6, 19, 53, 58, 75, 76 y 96 de la LAIP fue presentada por el partido FMLN y recibió el apoyo de toda la bancada de GANA y PCN durante la discusión en el pleno legislativo.

Con las reformas, el IAIP ya no podrá ordenar, solo podrá “recomendar” a las instituciones conceder el acceso de la información pública al interesado, una vez haya sido determinado que esta no es reservada o confidencial.

Asimismo, el mandatario acotó que no haber juramentado a los comisionados en fechas anteriores, no quiere decir que se haya violentado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado diciembre; agregando además que seguirán en estudio.

Según el fallo de la Sala de lo Constitucional, los artículos vulnerados son el 86 inc. 1°, 131 ord. 5° y 168 ord. 14° de la Constitución de la República, al establecer limitaciones al derecho de acceso a la información pública, dificultar la finalidad del procedimiento legal de elección de los comisionados, y atentar contra el principio de indelegabilidad de las atribuciones de los órganos del gobierno, según detalla el comunicado girado por la Corte.

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