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El Ejército salvadoreño mantendrá el bloqueo a diligencia por masacre de 1981

El juez Guzmán recibió el jueves la información que requirió a Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respecto a la "obstaculización" del ingreso al sitio en el que se iniciarían las inspecciones el pasado 21 de septiembre en San Salvador.

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El Ejército salvadoreño mantendrá el bloqueo a diligencia por masacre de 1981. Foto cortesía/ Ministerio de Defensa

El Ejército salvadoreño mantendrá el bloqueo a diligencia por masacre de 1981. Foto cortesía/ Ministerio de Defensa

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San Salvador, 2 oct (EFE).- El Ejército salvadoreño mantendrá de forma "invariable" el bloqueo a la inspección judicial de sus archivos en el Estado Mayor ordenada por el juez instructor del proceso por la masacre de El Mozote (1981), Jorge Guzmán, según la posición oficial del Gobierno de Nayib Bukele plasmada en una resolución del juzgador y a la que Efe tuvo acceso este viernes.

El juez Guzmán recibió el jueves la información que requirió a Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respecto a la "obstaculización" del ingreso al sitio en el que se iniciarían las inspecciones el pasado 21 de septiembre en San Salvador.

La resolución del juez, en la que dichos informes se incorporan al proceso judicial, da cuenta de que el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en representación de Bukele, y Merino enviaron informes en los que "el contenido es el mismo".

POSICIÓN "INVARIABLE"

"Debo exponer a usted que la posición institucional de la Fuerza Armada de El Salvador manifestada en el presente escrito es invariable para los hechos objeto del presente informe y sobre cualquier otra inspección futura", señalan ambos informes.

En los mismos, de acuerdo con la resolución de juez del 1 de octubre, se da cuenta que el coronel Carlos Vanegas "comunicó" al juez Guzmán "la posición institucional de la Fuerza Armada de El Salvador".

Vanegas dijo a Guzmán el pasado 21 de septiembre que "no se va a permitir el ingreso a los archivos" en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada y se amparó al artículo 168, numeral 7, de la Constitución en el que "hay una prohibición expresa de la revelación de planes militares secretos".

Bukele y Merino hicieron eco de este argumento en sus informes, del que se desconoce aún su contenido íntegro, y agregaron que el artículo 246 de la Carta Magna establece su "supremacía constitucional" frente a las decisiones de las autoridades.

SUSPENDEN EL SEGUNDO INTENTO

El juez Guzmán manifestó en su resolución que la posición oficial consiste en "no permitir el ingreso a los archivos ubicados en el Estado Mayor Conjunto para su inspección y registro", por lo que suspendió un segundo intento programado para el próximo 5 de octubre.

Es decir, el juez atribuye dicha posición del Gobierno y del Ejército únicamente para los archivos ubicados en el referido sitio y no para las otras unidades militares y el Archivo General de la Nación (AGN), a cargo del Ministerio de la Cultura.

El juzgador reprogramó las inspecciones que restan para que se realicen desde el 12 de octubre próximo, estás tendrían lugar en los archivos de la Fuerza Aérea, otros cuatro destacamentos militares y el AGN.

El presidente salvadoreño aseguró el pasado 24 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión, que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos.

En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre, sin que hasta el momento se conozca si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.

"La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años", sostuvo el jefe de Estado al presentar cinco cajas pequeñas con documentos.

Un grupo de organizaciones sociales pidió este viernes a la Fiscalía que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de "encubrimiento" de la masacre, en la que militares ejecutaron a unos 1.000 campesinos en 1981.

"Creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos", dijo a la prensa David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal por la matanza.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados. EFE
 

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