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El Estado se niega a revelar dónde están Jorge y Francisco

La CIDH ha dado hasta junio para que el Estado salvadoreño brinde su informe sobre dos jóvenes a quienes el Ejército desapareció en 1981, pero su familia teme que eso nunca suceda.

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Simbólico. La familia pide una estatua de Francisco Melitón Rodríguez Sequeira afuera del cuartel san carlos, en honor a la lucha que hizo por sus hijos.

Simbólico. La familia pide una estatua de Francisco Melitón Rodríguez Sequeira afuera del cuartel san carlos, en honor a la lucha que hizo por sus hijos.

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En enero de 1981, después que le informaran que soldados de la Primera Brigada de Infantería se habían llevado a dos de sus hijos rumbo al Cuartel San Carlos, Francisco Melitón Rodríguez Sequeira llegó a la base militar para pedir información sobre ellos y que los dejaran en libertad, pero no pasó ni una cosa ni la otra. Por varios días permaneció sentado afuera del lugar, esperando volver a ver a Jorge y Francisco, pero no lo logró. Ni el Ejército ni el Estado se los devolvió y él murió en 2014 sin conocer a dónde estaban, vivos o muertos.

Hoy, 41 años después, el caso de la desaparición forzada de Jorge Alberto Rodríguez Romero y Francisco Milton Romero Sequeria ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promovido principalmente por Jimmy Ortiz Rodríguez, nieto de Francisco, quien en nombre de toda su familia espera que por fin, después de tanto tiempo, logren justicia y reparación. Pero se han encontrado con un Estado salvadoreño quese niega a abrir los archivos militares de la época para conocer la verdad sobre lo que sucedió con los dos jóvenes.

"Por el actuar del Estado de El Salvador, mis expectativas han bajado. Ya hay sentencias previas de la CIDH, como el caso de Manuela, en el que no han hecho caso. Tampoco lo han hecho por el caso de la masacre de El Mozote. Básicamente mi lucha va encaminada a un reconocimiento internacional del hecho y de la participación del Estado en la privación de libertad de mis tíos", explicó Jimmy Ortiz Rodríguez, cuando LA PRENSA GRÁFICA le preguntó sobre cuáles son sus expectativas en el caso.

Él y su familia exigen ante la CIDH que el Estado salvadoreño cumpla con una reparación integral que incluya medidas como la investigación diligente sobre qué pasó con Jorge y Francisco, indemnizar a su familia por los daños causados y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Pero entre las peticiones hay una que simboliza no solo la lucha que se ha hecho por Jorge y Francisco, sino por los cientos de salvadoreños que desaparecieron durante la guerra salvadoreña: "Solicitamos una estatua de Francisco Melitón Rodríguez Sequeira en el Cuartel San Carlos de San Salvador a efecto de reparar plenamente a la familia, haciendo referencia a la inclaudicable lucha por la verdad y justicia en el caso de sus hijos", sostiene Jimmy en su misiva a la CIDH.

SILENCIO ESTATAL

En 1981, cuando Francisco Melitón Rodríguez Sequeira esperaba afuera del Cuartel San Carlos, un soldado se acercó a él y le dijo: "Ya no venga, sus hijos a lo mejor están en el cráter del volcán", haciendo alusión a los alrededores del volcán de San Salvador, donde iban a tirar los cuerpos torturados de las personas que ellos capturaban en aquel tiempo.

A partir de ese momento, se avocó a varias instituciones para pedir ayuda y promovió varios habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, sin éxito. No fue hasta 2015 cuando Jimmy, su nieto, logra que uno logre frutos. Desde entonces ha mantenido una lucha para que el Estado responda por la desaparición de sus tíos.

Al agotar las vías nacionales, la familia de Francisco y Jorge recurrió a la CIDH y esta en 2021 hizo una primera petición al Estado salvadoreño para que brindara un informe del hecho.

La respuesta fue una solicitud para que el caso no fuera admitido por la Comisión, alegando que este había pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador (Conabúsqueda, creada en 2017) y que por lo tanto aún sigue la investigación. El inconveniente es que esta institución sigue varios casos a la vez y por un tiempo indefinido.

Jimmy Ortiz Rodríguez hizo una ampliación de los hechos después de esta respuesta estatal y a finales de febrero de este año, la CIDH le dio un plazo de cuatro meses a El Salvador para que se pronuncie sobre ello. Después de eso, el caso pasará ante la Corte IDH, donde se espera que cobre relevancia internacional y por fin se sepa de Jorge y Francisco.

"Quiero que se sepan que El Salvador es un Estado violador de derechos", concluyó Ortiz Rodríguez, quien busca que este caso se convierta en un precedente para otros que aún esperan justicia.

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