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Periódico El Faro denuncia acoso fiscal por parte del Ejecutivo

El periódico considera que la auditoría iniciada en julio  por el Ministerio de Hacienda excede sus atribuciones legales. El presidente dijo en cadena nacional que la investigación está relacionada con un presunto caso de lavado de dinero.

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Indagan. Una comisión especial del parlamento investiga el acoso hacia la prensa en el país. La semana pasada se citó a periodistas de El faro.

Indagan. Una comisión especial del parlamento investiga el acoso hacia la prensa en el país. La semana pasada se citó a periodistas de El faro.

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El periódico El Faro interpuso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de septiembre pasado, al considerar que el proceso de fiscalización al que está siendo sometido por parte del Ministerio de Hacienda excede las atribuciones del fisco.

En julio de este año,  Hacienda notificó al periódico sobre el inicio de una auditoría a los ejercicios   de 2014, 2016, 2017 y 2018. Al periódico le pareció inusual que entre los  documentos solicitados por los auditores se incluyeran los libros completos con las actas de junta directiva, datos personales de sus suscriptores, y que la revisión abarcara años que están fuera de plazo para ser auditados. 

“El Faro ha entregado toda la información contable que ha solicitado Hacienda. Pero en ciertos puntos les estamos pidiendo que sean precisos en sus solicitudes y que se limiten a información o documentos que tienen impacto tributario”, afirmó José Luis Sanz, director de El Faro. Carlos Dada, periodista fundador de El Faro, calificó como un “acoso fiscal” el procedimiento seguido por Hacienda, ya que a su criterio este ministerio “ha sobrepasado  sus facultades al exigir cosas que exceden sus potestades”. Dada compareció la semana pasada ante una comisión legislativa que investiga el acoso a periodistas.        

“Esta auditoría coincide con el Ejecutivo en una campaña permanente de ataque, insultos y descrédito a El Faro y otros medios de comunicación. Por eso nos parece extremadamente preocupante que Hacienda nos esté pidiendo información que no tiene relación directa con lo que supuestamente está investigando”, coincidió Sanz, quien añadió que el medio siempre ha pagado impuestos de manera puntual. 

El presidente de la república, Nayib Bukele, dijo el jueves anterior en cadena nacional, que el procedimiento está relacionado con un presunto caso de lavado de dinero. El medio, por su parte, negó haber cometido algún ilícito, al tiempo que señaló que las declaraciones del mandatario buscan dañar su credibilidad. “Ellos (El Faro) tienen ahorita una investigación por lavado de dinero s eria; y el Ministerio de Hacienda les está pidiendo los documentos”, manifestó el gobernante durante su intervención, en la que también se quejó de la cobertura informativa de la prensa salvadoreña tras el bloqueo del ejército a la inspección de archivos militares relacionados con la masacre del Mozote por parte de un juez.

“Es inaceptable que el gobierno nos asocie con lavado de dinero en público sin prueba alguna, y antes siquiera de haber terminado la auditoría. Y es muy grave que nos enteremos de esta investigación a través del presidente, que según la ley no debería conocer los detalles de la auditoría, y en una cadena nacional en la que dedicó la mayor parte del tiempo a acusarnos de mentir y de tener una agenda oculta", respondió Sanz  a lo dicho por Bukele.  “Es falso que El Faro haya cometido ningún delito, y esta investigación es uno más de los ataques de Nayib Bukele contra el periodismo que le incomoda, que publica lo que no quiere que se sepa”, aseveró Sanz.

El medio no ha sido notificado sobre una investigación de este tipo, según confirmó su abogado, Arnau Baulenas: “el  Faro no ha recibido un solo requerimiento de Fiscalía, El Faro ha recibido requerimientos de Hacienda, y Hacienda no es una entidad para investigar delitos. Por tanto, se ha confirmado nuestra sospecha de que es una auditoría con fines políticos, que se está utilizando a una institución del Estado para otros fines, y esto es sumamente grave”. 

El abogado, quien también asistió a la comisión especial,  manifestó ante los legisladores que “no hay ningún interés real en hacer una auditoría conforme a lo que  marca la ley   sino que hay un interés, de censura o de restricción indirecta del derecho a la libertad de expresión,  libertad de información”, lo que vulnera el art,  6 de la Constitución, así como otros convenios internacionales. La Sala aún no se ha pronunciado sobre la demanda. 
  


Registro de casos

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha documentado más de 60 casos de agresiones a periodista en esta administración. 

1. Alarma
En la misiva en la que los congresistas manifestaron su preocupación por la hostilidad hacia la prensa, se hizo referencia a un ciberataque al sitio web del medio Gato Encerrado. 

2. Postura oficial
Los congresistas también expresaron su alarma por los casos de agresiones que registra la APES a la fecha. El presidente Nayib Bukele dijo la semana pasada que su gobierno respeta a la prensa. 
 

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