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El Salvador, un caso "atípico" con medidas "punitivas más que preventivas" frente a la pandemia, dice Miguel Vivanco

"Cuando estamos frente a un jefe de Estado que se rehúsa a acatar decisiones reiteradas y consistentes del máximo Tribunal del país, efectivamente estamos ante una ruptura del orden constitucional y eso, en cualquier democracia, debería generar un juicio político y probablemente la destitución de ese jefe de Estado, que se niega a respetar las normas básicas del Estado de Derecho", dijo el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco.

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El director de Human Rights Watch recordó el episodio de febrero en el que Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y se frenó de disolverla luego de supuestamente hablar con Dios.

El director de Human Rights Watch recordó el episodio de febrero en el que Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y se frenó de disolverla luego de supuestamente hablar con Dios. "Esas conductas no son normales", dijo Vivanco. Foto EFE/Rodrigo Sura, archivo

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El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco dijo este lunes 25 de mayo que "en América Latina la reacción de los distintos gobiernos ha sido diferente" para enfrentar la crisis por el coronavirus y que "en el caso de El Salvador, es un caso atípico porque se han impuesto normas punitivas más que preventivas con el propósito de controlar la pandemia, pero con muy poca transparencia, muy poca información, y una decisión arbitraria de detener a las personas".

"Lo que está ocurriendo lamentablemente en El Salvador, desde el 21 de marzo, cuando se adoptan las medidas, el enfoque es más bien de castigo, punitivo... yo diría más bien casi policial y militar", señaló Vivanco en la entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Vivanco advirtió que "es un problema muy grave" y "muy serio". Recordó que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional han cuestionado las medidas y exigieron que para "producir este tipo de detenciones la persona debe ser trasladada al establecimiento médico más cercano al sitio donde estaba circulando para hacerle una evaluación médica", pero que "eso no se da en la práctica en El Salvador porque esos establecimientos médicos prácticamente no existen y la autoridad policial es la que decide el traslado de una persona a un centro de cuarentena" de los cuales muchos no cuentan con las condiciones para garantizar el aislamiento o los mínimos estándares de salud.

Dijo que han recibido 1,500 demandas de personas de los centros de contención que no conocen el resultado de sus propios exámenes o cuándo podrán salir, así como de los "varados". Indicó que muchos de los que han denunciado ante HRW son personas que fueron detenidas cuando iban a la farmacia o a realizar compras necesarias para sobrevivir durante la pandemia.

"La emergencia no es un pretexto para concentrar el poder y actuar policialmente frente a la ciudadanía", subrayó.

Respecto a la pugna que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, Vivanco señaló que las tensiones entre ambos poderes son habituales "en una sociedad democrática" y "también existe en Estados Unidos, entre el Capitolio, el Congreso norteamericano y la administración del presidente Trump y en muchos países de América Latina" pero que "lo grave y particular en El Salvador es que la Suprema Corte -que es la última instancia máxima de autoridad que interpreta la Constitución- en varias oportunidades ha hecho reparos a las políticas del Gobierno, específicamente lo que tiene que ver con la cuarentena y las detenciones, y el presidente Bukele personalmente ha desobedecido, ignorado, se ha burlado de las decisiones de la Corte".

"Eso es muy grave, porque produce una ruptura grave del Estado de Derecho en un país como El Salvador que tiene una democracia joven pero que sí cuenta con instituciones democráticas judiciales que están defendiendo sus fueros y haciendo valer la Constitución", consideró.

Además, advirtió que "cuando estamos frente a un jefe de Estado que se rehúsa a acatar decisiones reiteradas y consistentes del máximo Tribunal del país, efectivamente estamos ante una ruptura del orden constitucional y eso, en cualquier democracia, debería generar un juicio político y probablemente la destitución de ese jefe de Estado, que se niega a respetar las normas básicas del Estado de Derecho".

"La conducta del actual mandatario, del señor Bukele, frente a la Corte Suprema, frente a los críticos, a los medios de comunicación, a la sociedad civil... la manera que se ha comportado frente a la Asamblea Legislativa, no solo durante la pandemia sino en el mes de febrero cuando decidió amenazarlos con la presencia del Ejército no solo en la parte exterior del edificio sino también ingresando a él y luego invocando a Dios, porque tuvo una conversación el señor Bukele con Dios durante unos minutos y solo gracias a Dios, según él, logró suspender persuadido por los consejos que según él le daba Dios, la invasión militar a la Asamblea Legislativa. Esas conductas no son normales en una sociedad democrática", señaló Vivanco.

Destacó que no solamente desde HRW se ha catalogado a Bukele como un potencial dictador sino también lo han hecho muchos analistas internacionales y medios de opinión importantes del mundo, quienes "se han pronunciado con gran preocupación y han utilizado la categoría de un virtual o inminente dictador por la conducta que ha tenido el señor Bukele frente a otros poderes del Estado y libertades individuales".

Resaltó además que "gracias a la Emergencia (el Gobierno) ha suspendido el acceso a la información pública".

"Bukele ha estado constantemente desafiando las normas del sistema de Derecho de un estado constitucional, debe reflexionar qué país quiere para El Salvador... independientemente de su popularidad actual, sabemos que las popularidades van y vienen... el compromiso debe ser el respeto al Estado de Derecho", apuntó.

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