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El cáncer que invadió a Centros Penales

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El juez del caso tregua dijo ayer que a Centros Penales le dio cáncer durante la tregua. Una enfermedad que fue permitida y promovida por las máximas autoridades de seguridad pública de ese entonces.

Esa analogía presagió, ayer por la tarde, el fallo absolutorio que el juez otorgó a favor de 18 imputados, la mayoría exempleados de la Dirección General de Centros Penales, a quienes la fiscalía acusó de favorecer a pandilleros con el ingreso de objetos ilícitos a las cárceles.El juez inició la lectura del fallo a las 2:03 minutos, cuando citó documentos en los que la administración del expresidente de la república Mauricio Funes plasmó el interés de promover el diálogo como salida a la escalada de violencia en el país. Lo hizo para evidenciar que la responsabilidad de las decisiones que se tomaron durante la tregua entre pandillas, que inició en marzo de 2012 con el traslado de 30 cabecillas del penal de máxima seguridad a cárceles con menos controles, recae en el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y el expresidente Funes.

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Tras argumentar que la tregua fue una política de Gobierno que fue pensada desde finales de 2011, el juez restó credibilidad a las declaraciones que ofrecieron Munguía Payés y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Francisco Salinas durante el juicio: “El señor Munguía Payés y el señor Salinas, como testigos en este caso, han alterado la realidad”, dijo.

Frente al juez, los dos fiscales del caso hablaban entre ellos mientras revolvían documentos y los defensores asentaban con la cabeza las palabras del juzgador.

El juez fue más allá y dijo con tono claro y firme que ambos testigos no ofrecieron detalles durante el juicio para aclarar los hechos, sino que declararon “para autodefenderse”.

Luego el juez dibujó las dificultades que enfrentó para corroborar las supuestas evidencias que la fiscalía le presentó para probar que los imputados habían cometido agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, introducción de objetos ilícitos y falsedad ideológica.

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Dijo que no podía aceptar que se cometieron agrupaciones ilegales porque en las reuniones que sostuvieron los exmediadores Raúl Mijango y el suboficial de la PNC Roberto Castillo Díaz con los cabecillas de pandillas en centros penitenciarios hubo representación del Estado.

Además, dijo que esas reuniones fueron responsabilidad de las máximas autoridades y no solo de los funcionarios de menor rango.

Dijo también que una de las pruebas de esas reuniones solo muestra que existe un “locutorio” en el centro penal de máxima seguridad, donde supuestamente iniciaron los encuentros entre los exmediadores y los pandilleros, pero no hay pruebas de esos encuentros.

Sobre el cometimiento de actos arbitrarios, el juez dijo que el traslado de los cabecillas de pandillas no solo fue del conocimiento de Mijango, sino que también del “general Munguía Payés” porque se trató de una acción que ponía en riesgo la seguridad.

Y respecto a la realización de fiestas dentro de las prisiones, el juez dijo que los directores de los centros penitenciarios cumplieron con su deber. Aunque reiteró que todos los eventos que ocurrieron en ese entonces fueron producto de un proceso “cancerígeno que invadió los centros penales porque otros no cumplieron con su trabajo. El fin no justifica los medios”, en alusión a la permisividad que desde las máximas autoridades hubo hacia el ingreso de ilícitos en las cárceles.

Esos ingresos de objetos ilícitos, a juicio del juez, fueron “indiscriminados” durante la tregua entre pandillas, pero con las pruebas presentadas por la fiscalía “quedaron impunes las personas que los ingresaron a las cárceles, los directores de seguridad y todos los que tuvieron contacto con esos objetos”.

Además, el funcionario señaló que los libros de novedades que registran los ingresos de cosas y personas a las prisiones no fueron verificados por la fiscalía y, además, presentan “un gran desorden”.

Por último, el juzgador dijo que imputarles delitos a los nueve miembros del consejo criminológico porque supuestamente falsificaron los dictámenes para trasladar a los pandilleros fue “un acto de injusticia” que cometió la FGR. Luego dejó en firme el fallo absolutorio, se levantó de su asiento y se marchó.

El primero en reaccionar fue el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda. Con ojos rojos por las lágrimas dijo que agradecía a Dios porque puso “este proceso en las manos de Dios”.

Unos metros más allá, uno de los fiscales pidió tiempo para reaccionar: “Vamos a esperar la resolución final para tomar las acciones que consideremos pertinentes”. Esas acciones tendrán que esperar hasta el 21 de septiembre próximo.
 

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