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El caso de asilo polémico para Funes no es el único en los gobiernos de Ortega

Al menos hay cinco casos más de asilados en Nicaragua vinculados con terrorismo y narcotráfico. También se critica que un exdiputado de Guatemala se refugia en ese país.
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Investigación. El expresidente Mauricio Funes es investigado por la Fiscalía por varios delitos y aún no ha emitido orden de captura en contra del exfuncionario.

Investigación. El expresidente Mauricio Funes es investigado por la Fiscalía por varios delitos y aún no ha emitido orden de captura en contra del exfuncionario.

El caso de asilo polémico para Funes no es el único en los gobiernos de Ortega

El caso de asilo polémico para Funes no es el único en los gobiernos de Ortega

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El asilo político en Nicaragua otorgado al expresidente de El Salvador Mauricio Funes, investigado por corrupción durante su mandato, viene a engrosar la lista de asilados políticos polémicos, en los que se cuentan al menos cinco casos, algunos acusados de delitos de narcotráfico y terrorismo

Con esto, el gobierno de Daniel Ortega ha sido señalado por sus detractores de convertir a Nicaragua en un “refugio de delincuentes”.

El primero de los casos polémicos es el de las colombianas Martha Pérez Gutiérrez, Doris Bohórquez Torres y Lucía Morett, de origen mexicano, vinculadas con las guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes recibieron asilo en Nicaragua en 2009, luego de sobrevivir a un ataque el 1.º de marzo de 2008 de las Fuerzas Armadas de Colombia a un campamento de las FARC.

El segundo caso es el del líder indígena amazónico de Perú Alberto Pizango, que recibió asilo político en Nicaragua, también en 2009. Pizango era acusado por el Gobierno peruano de instigar los enfrentamientos que causaron al menos 24 policías y nueve indígenas muertos, según las cifras oficiales reveladas en su momento.

Los delitos de los que se le acusaba y por los que rige una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que habría sido condenado a un máximo de 35 años de cárcel.

Luego, en 2010, el Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al hermano del guerrillero colombiano de las FARC Rodrigo Granda (conocido como “el Canciller”), Rubén Darío Granda. Quien fue señalado por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de las FARC, entre las que se incluían compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces. Este es el tercero de los casos.

El cuarto asilo político polémico que ha otorgado el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, fue el del hijo del narcotraficante Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, quien reveló en entrevistas y en el libro “Pablo Escobar: mi padre, las historias que no deberíamos saber”, que su padre y él habían estado refugiados en Nicaragua en la década de los ochenta, durante el primer mandato de Ortega en Nicaragua.

“Siendo un niño viví en Nicaragua y también en Panamá y era evidente la protección de la cual (Escobar) gozaba en su momento. Quizá la de Panamá le duró menos y finalmente nos escapamos hacia Nicaragua como familia, a vivir. Pero era claro que había un compromiso por parte de las autoridades de turno de darle una especie de protección”, reveló Marroquín hace cinco años en una entrevista a la cadena CNN.

Por último, se cuenta el caso del italiano Alessio Casimirri, miembro de la organización extremista de izquierda Brigadas Rojas, quien reside en Nicaragua aunque está condenado en su país de origen por participar en el secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro en 1978.

Casimirri adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1988, durante el primer gobierno de Ortega, y su extradición, solicitada por Roma, ha sido denegada en varias ocasiones por las autoridades del país centroamericano.

El argumento que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua han reiterado es que la Constitución Política de este país establece que no existe la extradición por delitos políticos o comunes conexos, y que los ciudadanos nicaragüenses no podrán ser objeto de la extradición del territorio nacional hacia otro país.

Mientras tanto, al tiempo que se daba la noticia desde Nicaragua del asilo político para Mauricio Funes, ayer mismo la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, se mostró “favorable” a fijar una recompensa que ayude a la detención del expresidente del Congreso de Guatemala y actual diputado Luis Rabbé, sobre quien pesa una orden de captura desde el lunes pasado. Rabbé, han constatado medios de Nicaragua, ha sido visto en ese país.

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