El caso que dio origen a la investigación contra el general Benítez

La investigación contra un exdirector de Logística de la FAES, iniciada en 2012, conllevó a perfilar al exministro Benítez como supuesto cabecilla de una estructura de venta fraudulenta de armas.
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El jefe fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO), Will Ruiz, informó el pasado jueves que uno de los casos que se imputan al general José Atilio Benítez Parada, exministro de la Defensa Nacional, es la supuesta venta de un fusil que había sido rearmado con partes de otro incautado años antes. Ese es uno de los casos que dio origen, en 2012, al arresto del exdirector de Logística de la Fuerza Armada (FAES) Salvador Alberto González Quezada.

“La investigación está abierta, eso sí, queremos dejarlo bien claro, que la investigación aquí no se cierra con esto. Que incluso ya hay personas condenadas en este tema, relacionado con el origen de la investigación que sí efectivamente, todavía no se ha resuelto la situación del coronel al que se hizo referencia”, dijo el fiscal Ruiz sin querer mencionar el nombre de González Quezada, mientras presentaba la acusación contra Benítez, actual embajador del país en Alemania y para quien la Fiscalía presentó una petición de antejuicio el jueves, ante la Asamblea Legislativa.

La persona condenada a la que se refirió Ruiz se trata del teniente José Arístides Figueroa, subalterno de González Quezada en la Dirección de Logística, y quien fue sentenciado a siete años de prisión el 28 de noviembre de 2014.

Figueroa se mantuvo procesado junto a su jefe, pero, al llegar a la etapa de juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que existía reserva total sobre el caso de González Quezada y sería procesado por aparte y evitó referirse al respecto. El otro juicio nunca sucedió.

Fuentes judiciales confirmaron varias veces, en cambio, que González Quezada se convirtió en testigo criteriado; aunque ni la FGR ni allegados al coronel quisieron confirmarlo.

Esto pese a que durante el juicio contra Figueroa, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador fustigó a la Fiscalía, porque toda la prueba presentada apuntaba a que el autor principal de nueve ventas fraudulentas de armas era González Quezada y no el teniente Figueroa.

En 2012, la FGR acusó a González Quezada de vender un fusil cuya aguja percutora pertenecía a otro fusil. Uno que había sido incautado en 2001 y que permanecía en depósito en la FAES. Esa arma de fuego fue decomisada a un grupo de personas detenidas por el delito de secuestro y posteriormente condenadas. Desde el jueves, este mismo caso es uno de los 15 que la FGR imputa a Benítez, quien se desempeñó como viceministro de Defensa entre 2009 y 2011; y posteriormente como ministro, entre 2011 y 2013.

Según la teoría de la FGR, Benítez se valió de su cargo y emitió órdenes a sus subalternos para inscribir de forma fraudulenta armas ilegales, algunas sin registro; otras ligadas a diversos delitos y en depósito de la FAES; y otras, incluso, de los depósitos de la institución castrense.

En el pasado, la FGR admitió que investigaba al actual ministro de Defensa, el general de Brigada David Munguía Payés, por tráfico de armas. El funcionario era superior de Benítez mientras sucedieron algunos de los casos.

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo ayer: “La evidencia que hemos encontrado en este momento es solamente en contra del general Benítez (por eso no se ha procedido contra Munguía Payés); hay un militar que ya fue condenado y hay otras personas que se encuentran en investigación, pero todo apunta al general Benítez”.

Meléndez añadió: “Lo único que puedo decir es que sí existen destinatarios y personas, que en este momento no podemos decir que si de buena forma o de mala fe compraron esas armas. Esos nombres están ahí en la información que llevamos a la Asamblea, pero no podríamos estar adelantando nombres”.

La FGR no ha querido pronunciarse acerca de los compradores de las 29 armas que imputan a Benítez, algunos de los cuales están considerados como víctimas de estafa. De las ventas cuestionadas, 22 corresponden a fusiles de guerra.

Los nombres que sí constan, al menos en el expediente de González Quezada, son las cerca de 100 personas que utilizaron el decreto de 25 de mayo de 2009 para inscribir armas que tenían situación irregular, el que la FGR dice que utilizó Benítez para las ventas fraudulentas. En tal expediente, consta que el exministro registró nueve armas con el decreto. Munguía Payés, por su parte, inscribió cinco armas con el decreto.

Otro militar inscribió cinco fusiles, todos del tipo M-16.

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