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El conflicto de interés que teje a la relación Secretaría de Inclusión, Ciudad Mujer y Plenus

Funcionarios tienen familiares en la Fundación Plenus, mientras que exempleados de la SIS ganaron licitaciones para proyectos de Ciudad Mujer. Otros dieron el salto al BID. La relación se extiende hasta el ISDEMU.

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Manuales BID - Plenus   Este marco conceptual deja constancia del trabajo de Plenus a escala internacional con el BID. Se basa en información de Ciudad Mujer.

Manuales BID - Plenus Este marco conceptual deja constancia del trabajo de Plenus a escala internacional con el BID. Se basa en información de Ciudad Mujer.

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Miembros de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) ignoraron el conflicto de intereses que existía a la hora de fundar y trabajar para la Fundación Plenus, una organización no gubernamental que promovió la imagen de Ciudad Mujer en el extranjero y que cobró por consultorías y manuales hechos con bienes y fondos públicos.

Tal como ya reveló LA PRENSA GRÁFICA, funcionarios que laboran en la SIS crearon una organización no gubernamental que utilizó bienes y fondos del Estado para obtener ganancias usando el proyecto de Ciudad Mujer.

Al hacerlo, violaron los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental relacionados con el conflicto de intereses, pero también podrían haber cometido los delitos de malversación y tráfico de influencias, contenidos en el Código Penal de El Salvador.

Plenus fue fundada en 2013 y su primera directiva estuvo conformada por Vanda Pignato, como presidenta; Elsa Adriana Millán García, vicepresidenta; Luz Elena Renderos de Hernández, secretaria; Andrea Carolina Trigueros Ávalos, tesorera; José Pedro Cedillos, síndico; y Ricardo Ernesto González Arbizú, vocal.

Con esa primera directiva, Plenus comenzó a gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consultorías para promover la viabilidad del proyecto de Ciudad Mujer en países como Honduras y República Dominicana, sin importar que varios de sus directivos estuvieran ligados a funcionarios con puestos dentro de la SIS que tienen poder de decisión sobre planos, infraestructura, transporte, información, documentación y bienes del proyecto.

Pignato era la secretaria de Inclusión Social; Millán García es la esposa del exministro de Hacienda Carlos Cáceres; Renderos de Hernández es la madre de Guadalupe Hernández de Espinoza, subsecretaria de Inclusión Social; Trigueros Ávalos es hija de la expresidenta del FISDL Carolina Ávalos (que también fue directora ejecutiva de Plenus); Cedillos Moreno es hermano de la directora ejecutiva de la SIS, Tania Cedillos; mientras que González Arbizú es su esposo.

El artículo 5 literal c de la Ley de Ética Gubernamental sostiene que todo funcionario tiene el deber de "excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés". Mientras que el artículo 6 literal g prohíbe a los funcionarios "mantener o aceptar un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública", lo cual desobedecieron las funcionarias de la SIS en su relación con Plenus.

De la sis a plenus y de ahí al BID

Durante los últimos años también fue común que extrabajadores de la SIS se pasaran a Plenus y luego trabajaran con el BID para llevar Ciudad Mujer a otros países o para realizar consultorías.

Ese es el caso de Xenia Gómez, quien fue parte de la Fundación Plenus y actualmente se encuentra en Bolivia como consultora para nuevos proyectos, procesos, desarrollo organizacional y planeación estratégica del BID. En ese país trabaja en la implementación del proyecto Ciudad Mujer.

LA PRENSA GRÁFICA la contactó para pedirle una entrevista para hablar del tema, pero dijo que necesitaba permiso del BID para concederla.

Otro nombre es el de Carlos Urquilla, quien fue subsecretario de Inclusión Social hasta el 31 de mayo de 2014 y tres meses después de abandonar ese puesto realizó trabajos con Plenus y ganó proyectos con la SIS. En uno de ellos cobró $19,888 por realizar el marco jurídico de Ciudad Mujer.

Urquilla, al ser consultado por este periódico, dijo que su relación con la Fundación Plenus "fue excepcional para la realización de dos consultorías, por lo tanto me limité a prestar servicios profesionales que me fueron solicitados de manera puntual".

El artículo 7 de Ley de Ética Gubernamental deja en claro las situaciones en las que un exservidor público no puede laborar o brindar asesoramiento a instituciones públicas donde ya laboró. El abogado sostiene que en su caso particular no había impedimento porque "me contrató no una tercera entidad, sino la Presidencia de la República (con fondos del BID) —la misma entidad para la que yo había trabajado— para que proveyera un servicio requerido por la SIS el cual no se dirigía en contra de los intereses legítimos de la institución, y muy por el contrario, mis servicios profesionales se orientaban a suplir una necesidad a favor de los intereses de la SIS". Una necesidad que antes, cuando era empleado, no había podido ser subsanada.

También está el caso de Susana Castillo. Ella ganó una gran suma de dinero por un proyecto que no realizó por sí sola, sino con bienes y documentación en poder de la secretaría, según empleados.

A Castillo la contrataron como "especialista de planeación, monitoreo y evaluación" para un proyecto relacionado con Ciudad Mujer, en 2013. Le pagaron con fondos del BID y ganó $52,250 por un trabajo que duró, en teoría, 20 meses: $2,612.60 mensuales.

El BID, en un memo firmado por Nidia Hidalgo y que está en poder de LA PRENSA GRÁFICA, pidió que se revisara la posibilidad de un conflicto de intereses porque Castillo era asistente de Urquilla cuando este fue subsecretario de la SIS.

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Para superar esa observación del organismo internacional, Urquilla hizo una declaración jurada para avalar la contratación ante los oficios notariales de Tania Cedillos, la directora ejecutiva de la SIS. Así finalmente Castillo pudo ejercer la labor.

Relacionado a este caso, Urquilla dijo que nunca hubo conflicto de intereses porque Castillo renunció a la SIS para poder realizar la consultoría.

Finalmente está el caso de Paulino Espinoza, esposo de la actual subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe Hernández de Espinoza. Él fue contratado en reiteradas ocasiones por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), cuya presidencia ocupa Vanda Pignato y donde la directora ejecutiva es Yanira Argueta, hermana de una de las tesoreras de la Fundación Plenus, Mirna Argueta.

Varias órdenes de compra revelan que Espinoza fue contratado para servicios artísticos y culturales, como en el evento conmemorativo del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 11 de noviembre de 2013, por el cual cobró $23,140 de fondos públicos. También fue contratado por la SIS para organizar y diseñar el disco musical de Ciudad Mujer "La Fuerza de Nuestra Voz" e incluso, Pignato le agradeció en el informe de rendición de cuentas de 2015.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía, que ha confirmado que existen al menos dos investigaciones sobre posible lavado de dinero en la Secretaría de Inclusión Social.

Manuales BID - Plenus Este marco conceptual deja constancia del trabajo de Plenus a escala internacional con el BID. Se basa en información de Ciudad Mujer.

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