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El congreso ampliaría a 48 meses el período de la detención

El plazo actual de privación de libertad para un reo que establece el Código Procesal Penal es de 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para los delitos graves, mientras se le procesa. Se busca ampliar la detención hasta 24 meses más.
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A discusión.  La propuesta para ampliar los plazos de la detención provisional de un máximo actual de 24 meses hasta 48 meses será discutida por los diputados del congreso.

A discusión. La propuesta para ampliar los plazos de la detención provisional de un máximo actual de 24 meses hasta 48 meses será discutida por los diputados del congreso.

El congreso ampliaría a 48 meses el período de la detención

El congreso ampliaría a 48 meses el período de la detención

FMLN solicita reformas para ampliar plazo de audiencias de reos

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Los reos que entren a procesos judiciales acusados de delitos cometidos en la modalidad de “crimen organizado” o “realización compleja” podrían pasar en detención provisional, a la espera de una resolución de su caso, hasta 1,440 días, es decir, 48 meses. Cuatro años.

Esa es una nueva propuesta legislativa para mejorar los mecanismos de las medidas extraordinarias de seguridad pública que el Gobierno de la República echó a andar desde principios de abril, con la venia de todos los partidos políticos representados dentro de la Asamblea Legislativa.

La propuesta, que fue presentada ayer por el grupo parlamentario del FMLN, partido en el Gobierno, busca que las detenciones provisionales sean más prolongadas cuando se trate de investigaciones por delitos graves y de realización compleja. “Resulta que actualmente una persona cuando es detenida la Fiscalía tiene hasta 24 meses para determinar si es culpable o es inocente. Pero si la Fiscalía en 24 meses no actúa, esa persona sale libre aunque haya sido capturada in fraganti”, explicó la diputada Jackeline Rivera luego de enviar la iniciativa al pleno legislativo.

El propósito específico del grupo parlamentario efemelenista es reformar el Código Procesal Penal en los artículos 8 y 331. El artículo 8 habla de la privación de libertad y establece que “la detención o internamiento provisional deberá guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso se podrá sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves ni de 24 meses para los delitos graves”.

La reforma propuesta radica en modificar el tercer inciso del artículo 8, que reza: “La privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por 12 meses más para los delitos graves, durante o como efecto de la sentencia condenatoria”. Al inciso se le añadiría: “En los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado o de realización compleja, el plazo podrá ampliarse hasta por 24 meses”.

“Estamos dándole a la Fiscalía un poquito más de plazo para que en aquellos casos que los delitos sean cometidos por pandillas, por crimen organizado, por personas que cometen delitos de conformidad a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, para esos casos la Fiscalía va a tener hasta 48 meses para investigar. Es decir, no van a salir libres en dos años si no presenta la acusación la Fiscalía, sino que se contará con un plazo mayor”, manifestó la diputada Rivera.

“Negligencia de la FGR”

La propuesta, que en un principio goza de cierto apoyo dentro del Legislativo, es parte de una respuesta al desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) que se ha visto imposibilitada en varios casos, según la legisladora efemelenista, de poder recabar evidencias y preparar un caso en el plazo de 24 meses que tiene en la actualidad.

“Mi llamado reiterado es al Órgano Judicial, que dé demostraciones concretas de que no se excuse en los plazos legales parea dejar libres a los malos. Que no nos ponga de excusa que la Fiscalía en dos años no le presentó pruebas y que por eso los dejó libres. Y lo mismo la fiscalía, que no se escude en que no le alcanzó el plazo para sustanciar el proceso y como consecuencia muchos delincuentes hoy están en la calle, no porque no fueron capturados, sino porque el sistema judicial no hizo su tarea”, reclamó la diputada.

Por otra parte, la reforma al artículo 331 del Código Procesal Penal es un complemento a la iniciativa de modificación del artículo 8. En esta propuesta, se plantea una serie de delitos bajo los cuales “no procederá aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional”, es decir que los jueces no tendrán la libertad de ordenar libertad bajo fianza, sino que de forma obligatoria, por ley, enviarán a la prisión preventiva a los acusados (lea recuadro adjunto).

Las reformas serían estudiadas en la comisión de legislación y puntos constitucionales. Esta misma comisión tiene en estudio una reforma a la Ley Penal Juvenil que buscaría ampliar el rango de edad para poder aplicar la sanción máxima de 15 años de encierro contra los menores de edad que cometan delitos graves. En la actualidad el rango es de los 16 años a los 18 años de edad. Podría ser desde los 14 años a los 18.

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