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El contrato con el que el ex fiscal general logró la prosperidad

La FGR acusa a Martínez de recibir dádivas a cambio de otorgar impunidad. Una práctica que lo sacó de una profunda crisis financiera.

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Beneficio.  La fiscalía acusa al ex fiscal general de recibir dádivas y sustraer fondos de la institución. Una práctica que también benefició a su familia, como a su esposa Carla Francesca García, que fue llevada ayer a los tribunales.

Beneficio. La fiscalía acusa al ex fiscal general de recibir dádivas y sustraer fondos de la institución. Una práctica que también benefició a su familia, como a su esposa Carla Francesca García, que fue llevada ayer a los tribunales.

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Luis Martínez tenía tres cuentas en dos bancos diferentes antes del 4 de diciembre de 2012, cuando asumió como fiscal general de la república: una estaba congelada desde 2006; otra, con un saldo negativo de $136.19, y la tercera, con un saldo promedio mensual de $11.33, a la que le hacía depósitos por $28.57 cada 15 días. Pero los problemas financieros de Martínez no terminaban con esa limitada liquidez. Un reporte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) da cuenta de que tenía una deuda de $301,001.22 repartida en 18 cuentas, entre préstamos y tarjetas de crédito, en cinco bancos, antes de sentarse en la silla del fiscal general.

La deuda más agobiante de Martínez era un crédito hipotecario, otorgado el 10 de marzo de 2005 por un monto de $172,500, para un plazo de 20 años, con cuotas mensuales de $1,327.06. Ese dinero, según declaró en los documentos del crédito, lo ocuparía para comprar un inmueble ubicado en residencial Joyas de las Piletas, polígono C, casa n.º 8, del municipio de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Esa vivienda sirvió como garantía para que le otorgaran el préstamo.

Martínez hizo el último pago de ese préstamo el 14 de agosto de 2009, por lo que el banco inició en 2011 la gestión de cobro por la vía judicial bajo la referencia 06266-11-PE-1CM1.

Cuando Martínez fue juramentado en la Asamblea Legislativa como nuevo fiscal general de la república esa deuda ascendía a $212,735.16, incluidos los intereses, la mora y la comisión por la recuperación del crédito.

Esa deuda y las otras 17, de montos menores, llegaron a ser consideradas por el sistema bancario como "irrecuperables".

Sin embargo, los datos de la SSF muestran que Martínez logró cancelar en los primeros tres meses de su gestión como fiscal general todas sus deudas. Algo que a la Fiscalía General de la República (FGR) le parece "imposible", pues los ingresos que Martínez obtuvo durante su gestión al frente de la institución (04/12/2012 al 03/12/2015) fueron un total de $171,852.35, entre salario, gastos de representación, aguinaldos, bonos de desempeño y otras retribuciones.

Al restarle a esa cantidad los gastos de vida y los descuentos de ley, el ingreso que Martínez obtuvo, según la FGR, en los tres años como fiscal general fue de $38,991.88. Una cifra muy distante al cuarto de millón que logró pagar en los primeros meses de su administración.

La fiscalía sostiene que las finanzas de Martínez empezaron a mejorar a las 6 de la tarde del 5 de febrero de 2013 –dos meses después de asumir como fiscal general– cuando firmó un préstamo "falso" con el empresario Aldo Vinicio Parducci, ex secretario privado de la Presidencia.

Ese día, Martínez recibió de Parducci $200,000 como préstamo para "gastos personales".

La acusación fiscal, que fue presentada ayer al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, certifica que ese contrato fue "simulado o falso" porque se trató de un dinero entregado como una "dádiva para obtener beneficios desde fiscalía, específicamente para dar en arrendamiento un inmueble propiedad de una sociedad en la que el señor Parducci es accionista y representante legal".

Según la acusación, Martínez firmó un contrato con Parducci donde le alquiló para la FGR un local ubicado en San Juan Opico, La Libertad, para instalar el archivo general de la institución por un monto que sumó $711,900 entre 2013 y 2016. La fiscalía considera que ese contrato elevó los montos a pagar anualmente para saldar la "deuda" de $200,000 que Parducci entregó a Martínez.

El planteamiento fiscal es que Martínez también recibió dádivas, dinero y bienes del expresidente de la república Mauricio Funes, del prófugo Enrique Rais y de otros empresarios para omitir investigaciones o fabricar casos, como parte de una supuesta red de corrupción enquistada en la institución en su período.

Además, acusan al ex fiscal general de apropiarse del patrimonio de la FGR por medio de consultorías falsas, y de apropiarse del dinero incautado en los narcobarriles en 2010.

En total, la fiscalía presentó ayer la acusación contra 30 personas –14 de ellos ausentes– por los delitos de soborno, lavado de dinero, falsedad documental, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, omitir investigación y peculado (malversar fondos). La audiencia inicial está programada para sábado a las 10:30 de la mañana.

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