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El debate por la ley de agua: todo lo que un salvadoreño debe saber al respecto

Conozca las propuestas de ley de agua que están sobre la mesa, algunas de ellas como insumos para la discusión de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa.
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Foto de LPG/Archivo

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La polémica que gira en torno a la aprobación de una de las propuestas de ley de agua es bastante grande. Miles de salvadoreños han levantado diversas protestas en contra de lo que llaman “privatización” del recurso hídrico.

La diputada de ARENA Martha Evelyn Batres, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, cree que ha reinado un ambiente de desinformación. Asegura que se ha utilizado el término privatización para definir el estudio de una ley que “no tiene ese contenido”. 

Sin embargo, la titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, cree que se trata de algo más grave. Ha dicho en muchas ocasiones que no puede hablarse de una ley privatizadora, pero que lo realmente preocupante es que entes privados tomen decisiones con respecto al agua. Además, lamenta que todavía no se haya aprobado una ley de agua, luego de una lucha y creación de documentos que data del año 2006.

“En ninguno de los cuatro proyectos de ley que existen dentro de la comisión hay un factor privatizador. Existe una propuesta de conformación de junta directiva y eso es lo que ha generado polémica”, afirma la diputada Batres. A continuación, una serie de las principales preguntas y respuestas para entender la discusión:

¿Cuántos artículos de la ley de agua han sido ratificados en comisión hasta el momento?

Se han ratificado 13 artículos. Cinco por la legislatura pasada y ocho por la actual. El artículo número 10 recoge la creación de la Autoridad Hídrica. Sin embargo, el tema de la conformación de la junta directiva del ente regulador del agua se toca en el artículo 14, que todavía no ha sido discutido. La legislatura pasada ya había consensuado 92 artículos que fueron dejados de lado. Se inició de cero tomando como base la propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de la Ley Integral del Agua.

¿Cuáles son las propuestas que están sobre la mesa?

Son cuatro propuestas. Según la diputada Batres, se tomó la decisión de escoger un proyecto base (Ley Integral de Agua) “para tener una guía”. “Podrán imaginarse que tener un cuadro comparativo de cuatro proyectos de ley en donde los artículos pueden variar de uno a otro se vuelve un tema complejo a la hora de la practicidad para poder estudiarlo”, dijo.

Es por ello, según explicó, que en la comisión se estableció que los otros proyectos de ley y otros documentos se retomaran como insumos para la discusión. “Hay mucho señalamiento con el proyecto de la ley general de aguas, pero el equipo técnico tiene el mandato de estudiar articulados para que presenten semana a semana a la comisión. Lo que hacen es una comparación de los artículos y hacer una mejor redacción”, señaló.

Las propuestas son las siguientes, según información del MARN

¿Por qué se tomó como base la ley integral? 

La diputada Batres sostiene que se eligió esa propuesta porque consideran que recopila “lo mejor de las otras tres leyes”. Asegura que este proyecto se elaboró con la participación del Ministerio de Economía (MINEC) y con la del MARN. Además, en el grupo que expertos hídricos que la creó figuraban miembros del sector privado.

“Se crearon mesas técnicas porque, en virtud de que no se avanzaba con los otros proyectos existentes, decidieron hacer un proyecto que se asemejara más al consenso para avanzar. Por más de 12 meses se reunió un equipo técnico con personal del MARN y surge este proyecto de ley. Por razones que desconocemos no se le da crédito a lo que venía siendo trabajado, se desconoce el proyecto y tengo entendido, tengo entendido (repite) que el FMLN no permite que se presente. Es así como el grupo de técnicos o expertos que habían estado trabajando en la materia lo presentaron a la Asamblea y así surgió la iniciativa de ley. Desconocemos por qué el Gobierno no lo presentó. Al parecer hubo diferencias con el FMLN”, indicó Batres.

Sin embargo, el MARN asegura que el documento de carácter técnico que realizaron junto a MINEC y ANEP entre 2014 y 2015 nunca llegó a la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ni fue documento oficial. Asimismo, critica que los diputados aducen que la Ley Integral del Agua recoge todas las propuestas anteriores.

¿Qué dice el FMLN al respecto?

El FMLN cree que, con el estudio de la Ley Integral del Agua, los partidos de derecha buscan entregar a la ANEP la gestión del agua. Al menos así lo manifestaron en junio de este año, cuando reiteraron que ya hay 92 artículos previamente aprobados por la legislatura pasada. Además, el partido asegura que la derecha se vale de ser mayoría en la comisión para anteponer los intereses de los privados.

En 2017, diputado efemelenista Guillermo Mata dijo que había razones de sobra para descalificar el documento por cómo se proponía la conformación de la autoridad hídrica. Esto, cuando fungía como presidente de la comisión de Medio Ambiente.

“Esta propuesta viene a entorpecernos el trabajo (...) Es una ley totalmente privatizadora porque tiene una autoridad, es decir, una rectoría de la ley que está en manos de privados. La constitución es fácilmente analizable y fácilmente decir que es privatización porque únicamente va un delegado nombrado por el presidente de la república, que lo ensalzan diciendo que él va a ser el presidente de la autoridad, luego van cuatro privados y las decisiones se toman por mayoría de votos; entonces estamos hablando de un funcionario de gobierno y de cuatro privados”, alegó en aquel entonces.

¿Es adecuado el término privatización?

Este es el término que la sociedad civil y el FMLN han utilizado para resumir la polémica en torno a la ley de agua. Sin embargo, no es el concepto correcto, porque la Constitución de la República establece que el Estado ejerce jurisdicción sobre las aguas territoriales, el mar y el subsuelo. Además, el artículo 4 de la propuesta de Ley Integral del Agua, ya ratificado, contempla que el agua es un bien nacional de uso público y que su dominio pertenece a la nación, por tanto el encargado de su regulación es el Estado.

“No hay, no existe y no puede haber privatización del agua porque la Constitución de la República no lo permite. Porque ya hay jurisprudencia a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional que hablan de la imposibilidad de privatizar el recurso hídrico, porque es un derecho humano y no puede ser privatizado. Ese fantasma ya se cayó porque ahora cuando se escuchan intervenciones de quienes estaban con ese tema, ellos mismos te dicen que no puede ser privatizada”, afirma la diputada de ARENA Martha Evelyn Batres.

La titular del MARN, sin embargo, matiza esta situación. Varias veces ha insistido en que ella nunca habló de una ley privatizadora; su preocupación está en quiénes tomarán las decisiones sobre el uso del agua.

Mientras tanto, el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), sopesa que la privatización del agua ya existe. "Si lo entendemos como el uso privado del agua, para beneficio privado, eso ya existe -con permiso del Estado-. Está el agua Cristal, el agua para cervezas, el agua de los regantes. Yo no estoy en contra de ese tipo de privatización, pero sí creo que el uso del agua para beneficio humano debe estar en manos del Estado", estima.

Tojeira valora que, en el tema del derecho al agua, la prioridad es el consumo de agua potable y su uso para saneamiento. "Luego puede haber uso industrial o comercial del agua, pero dentro de una legislación que tiene que dar el mismo Estado", reflexiona.

Hay una necedad de decir que estamos contra la empresa privada y no es una cuestión de polémica, está bien que usen el agua, que nos la vendan, lo que les dé la gana, pero que todo el mundo tenga agua potable en su casa y agua para saneamiento. Ningún gobierno, ni FMLN ni ARENA, ha sido capaz de responder adecuadamente a ese derecho. Padre Tojeira.

¿La Constitución establece que el agua es un derecho humano?

No. En el año 2010, la ONU declaró el agua como un derecho humano y El Salvador, junto a otros 33 países, apoyó la iniciativa. En el año 2012 se aprobó una reforma constitucional que así lo establece, pero nunca fue ratificado por los diputados y el agua todavía no se reconoce como derecho humano en nuestro país.

Sin embargo, los partidos ARENA, PCN y PDC, así como el candidato presidencial Carlos Calleja, presentaron el 4 de julio de 2018, una iniciativa de reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para que se agregue un tercer inciso que garantice el derecho humano al agua.

También el pasado 10 de julio, el Colectivo Socioambiental "Cuidemos la Casa de Todos" presentó una propuesta al artículo 2 de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua.

 

En abril de 2012, el grupo parlamentario del FMLN propuso una reforma constitucional para garantizar el agua como un derecho humano. La iniciativa fue aprobada, pero no ratificada en la siguiente legislatura.

¿Cuál es el debate o punto de estancamiento?

La polémica se ha generado por quién va a conformar el ente regulador del agua, es decir, quiénes tomarán decisiones sobre el agua. La ministra Pohl considera que hay una situación todavía más grave que una “privatización del agua”: poner a los privados a tomar decisiones. Esto, porque el artículo 14 de la propuesta de Ley Integral del Agua establece que la junta directiva estaría conformada de la siguiente manera: 

UN miembro designado por el presidente de la República, que sería el presidente de la junta.
DOS directores electos por los miembros de la ANEP.  
DOS directores electos por COMURES (la gremial de alcaldes).     

Es decir, menor representación del Estado y mayor representación de la empresa privada. Sin embargo, es un artículo que todavía no ha sido estudiado. La diputada Batres dice que “no hay nada escrito en piedra”.

“Yo sí quiero ser enfática en decir algo: los proyectos que ingresan a esta Asamblea Legislativa están sujetos a cambios, a modificaciones, no hay nada escrito en piedra. Los diputados somos quienes podemos modificar cualquier proyecto de ley existente. Ese es nuestro trabajo precisamente, darle estudio a los proyectos, más no aprobarlos tal cual entran”, apunta.

La legisladora dice que cuando se llegue a esa discusión se tomarán cartas en el asunto para escuchar a la población y que el diálogo no está cerrado, sino que se trata de una discusión totalmente transparente.

El padre Tojeira estima que "el tema fundamental es que tres instituciones (UCA, Iglesia Católica y PDDH) creen que el agua, al ser un bien público, debe ser gestionada por el Estado, que es a quien corresponde gestionar los derechos humanos".

Entonces, ¿por qué la UCA y la Iglesia se vieron en la necesidad de exigir estar presentes en la discusión?

Fue hasta la reunión de la Comisión de Medio Ambiente que se llevó a cabo el martes 26 de junio de 2018 que se aprobó, con 10 votos, la propuesta de abrir la discusión en torno a la ley de agua a todas las organizaciones, universidades, iglesias, oenegés y sociedad civil en general. La diputada Batres propuso realizar foros consultivos con todos estos sectores, mientras que el diputado Leonardo Bonilla propuso la apertura de las sesiones de la comisión.

El martes 10 de julio la comisión de medio ambiente recibió a los representantes de la Iglesia, de la Uca, del Foro de Agua y la PDDH.

¿Por qué la reacción ante un artículo que todavía no ha sido discutido?

"Lo que pasa es que los miembros de la Asamblea dijeron: 'Vamos a discutir sobre el proyecto de Ley Integral de Agua. Entonces, si van a discutir ese proyecto, quiere decir que van a tirar en esa dirección", dijo a LA PRENSA GRÁFICA el padre Tojeira.

Pone como ejemplo que, cuando el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, y el rector de la UCA pidieron audiencia a la Asamblea, los diputados respondieron que mandaran por escrito lo que quisieran decir. "Es hasta ahora que han aceptado recibirlos, después de la polémica, han ido suavizándose", enfatizó.

Recomendación de lectura del padre Tojeira para entender el panorama nacional.

¿Qué se dice sobre la participación de dos miembros del sector privado en la junta directiva del ente regulador?

La diputada Batres dice que no está casada con un número, pero sí cree en la participación de los privados. Enumera como ejemplos de autónomas que involucran a privados a la SIGET, ANDA, CEPA y CEL. Afirma que el objetivo es buscar que exista participación del Estado, pero también que haya un contrapeso. “Recordemos que cuando pasan a formar parte de una autoridad autónoma se vuelven funcionarios públicos; sujetos a Corte de Cuentas, a Probidad”, aseveró.

Por otra parte, el padre Tojeira no solo considera que el sector privado no debería formar parte de la junta directiva del ente rector, sino que, además, cree que tampoco debería formar parte de las autónomas en general.

"Lo que no veo yo es que la ANEP tenga que estar (en la junta directiva). Ellos dicen: 'es que estamos en las autónomas'. Bueno, las autónomas son empresas, esto no es una empresa. Y además, es que yo tampoco sé por qué tienen que estar en las autónomas. Ellos argumentan eficacia y que porque funcionan mejor, o porque son usuarios. Sí, bueno, nosotros (la UCA) también somos usuarios del Ministerio de Educación y no estamos en el sector directivo", dijo. 

Tojeira agregó que los privados, según su criterio, podrían exigir más al Estado desde afuera. 

¿Cuál es el problema de que esté el sector privado en entes de decisión sobre el agua? Pues que no hay ninguna garantía de que el sector privado se preocupe prioritariamente del consumo público del agua para beber y que se preocupe de que tenga agua para saneamiento cada hogar de El Salvador. José María Tojeira, director del Idhuca.

¿Por qué el Ejecutivo está en contra de la participación del sector privado?

La ministra Lina Pohl ha dicho en reiteradas ocasiones que en ningún país del mundo están involucrados entes privados para la toma de decisiones con respecto al agua, no porque este rubro no sea respetado, sino porque velarían por sus propios intereses. 

El padre José María Tojeira también cree que es el Estado el que debe tener el control sobre el agua y que no debe haber privados en la junta directiva del ente rector.

"Que se pregunte a las oenegés, a la empresa privada, eso está bien, pero una cosa es consultar y otra es la capacidad de toma de decisiones. En derechos humanos, quien debe de tener la responsabilidad es el Estado, creo que sería absurdo que las instituciones privadas fueran las que tomaran decisiones sobre ese tema. Si hay un fallo del Estado, vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en el caso de ANEP, ¿a quién reclamamos internacionalmente?", cuestionó.

“Es un bien común y público y el sector privado no tiene entre sus tareas velar por un derecho de la ciudadanía. Para nada se está satanizando al sector privado, es un sector primordial para el país, dinamiza la economía, genera empleos. Simplemente en ningún país del mundo la gestión del agua está en manos de privados”. Lina Pohl.

¿Por qué en El Salvador sí se está considerando?

De acuerdo con Batres, es solo una propuesta, tomando en cuenta que lo que se está haciendo es la creación de una autoridad autónoma y en ese tipo de entidades participan los privados. “No pasaría que las decisiones las tomen los privados. Esa propuesta que está, no es la que va a quedar. No estamos de acuerdo con esa conformación y en eso vamos a trabajar, en generar la confianza de que no hay intención de que los privados manejen plenamente el recurso, pero sí que exista la participación de ambas partes”, manifestó.

¿Cuál es la postura de la Iglesia?

La Conferencia Episcopal de El Salvador emitió, en junio de este año, un pronunciamiento público titulado "No permitamos que los pobres mueran de sed". En el documento, piden a los diputados respetar los 92 artículos consensuados entre 2012 y 2015. También destacan la importancia de que en el ente rector predominen miembros estatales. Por ello fue que, junto a la UCA, presentaron su propia propuesta.

¿Cuál propuesta apoya el MARN?

La ministra Pohl afirma que apoyan la propuesta de conformación presentada por la UCA y la iglesia. Mientras, algunas organizaciones ambientalistas dicen que apoyan el Consejo Nacional de Agua propuesto en el anteproyecto de la Ley General de Aguas, en la cual el MARN es la máxima autoridad. Consideran que el MARN debe tener dominio sobre este recurso natural.

Según Tojeira, la propuesta de la UCA, la iglesia y la PDDH se creó para intermediar entre las dos anteriores (MARN y ANEP). Busca que el Estado sea el garante del derecho del agua, pero que para las decisiones grandes, tenga que consultar con un sector amplio. 

"Consultar con la sociedad civil es obligatorio para la toma de decisiones, pero la responsabilidad de la gestión es del Estado, porque es fundamentalmente al que se le puede exigir", dijo.

¿Cuál es la diferencia entre la propuesta que apoya el MARN y la propuesta de la ANEP?

La propuesta de la UCA y la Iglesia contempla la creación de una Autoridad Hídrica Nacional (ANA), al igual que la propuesta de la ANEP. La diferencia es quiénes conforman ese ente.

La Ley Integral del Agua (ANEP) busca una regulación bajo la responsabilidad de privados y técnicos y establece que la junta directiva sea conformada por cinco personas, dos del sector privado (como se mencionó antes). Mientras que la de la UCA y la Iglesia busca una regulación pública con participación ciudadana. En ella se plantea la posibilidad de que la junta directiva de ANA sea conformada por un titular del MARN, uno del MAG, uno del MINSAL, uno del MOP, dos representantes del Consejo Nacional de Agua (que bien podría ser de la empresa privada, pero serían minoría) y uno de COMURES. Es decir, mayor representación del Estado.

También se toma en cuenta la creación de un Consejo Nacional de Agua con la participación de actores claves de la sociedad y de las redes nacional y zonales de comités de cuenca. Además, según el MARN, la propuesta de ANEP elimina al tribunal sancionador y solo incluye una dirección de vigilancia.

Uno de los artículos ya ratificados, el 10, establece la creación de una entidad autónoma para tener un mayor control en el ejercicio de la administración del agua. “La UCA y la iglesia están a favor, el nombre de ANA (Autoridad Nacional de Agua) fue propuesta de ellos”, señala Batres.

En ese sentido, Tojeira afirma que la propuesta del MARN buscaba la creación de un Consejo Nacional de Agua y la de ANEP, la creación de una Autoridad Hídrica Nacional; entonces se apoyó la idea de esta autónoma (ANA), pero no la propuesta del sector privado de cómo estará conformada.

“Sí estoy de acuerdo con que sea el Estado quien tome el control, pero el mejor ejemplo es lo que ocurre en ANDA. Es una autónoma que tiene la participación de privados en junta de Gobierno, pero hoy por hoy es una muestra de la utilización político partidaria que se da del recurso. El tema de agua no debe ser político”. Martha Evelyn Batres.

¿Cuál es la postura de la ANEP?

El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, sostiene que la propuesta de ley de agua que se gestó entre el Gobierno y el sector privado contemplaba que ANA estuviera conformada por siete personas, dos propuestas por la ANEP, pero luego la propuesta se modificó porque asumen que son demasiadas personas.

Cardenal también ha cuestionado que se afirme que "dos es mayoría de cinco". “El agua todos estamos de acuerdo que es un derecho universal del ser humano, todos queremos que exista agua abundante para todos los salvadoreños. Nadie está interesado en privatizar el agua", ha dicho en ocasiones anteriores.

¿Qué dice la UCA al respecto?

El padre José María Tojeira expresa que solo pide a la empresa privada "ser coherentes", ya que reconocen que el agua es un derecho público.

"Yo quisiera ver que la empresa privada dijera "sí, nosotros confesamos que antes de preocuparnos del regadío, antes de preocuparnos de envasar agua, vamos a poner todo nuestro potencial y fuerza de influencia para que en cada hogar haya agua potable y para saneamiento. Que lo digan, qué más quisiera yo, que lo dijeran", reitera.

¿Qué pasaría con ANDA?

Con la aprobación de una ley, estaría regulada, al igual que las Juntas Administradoras Rurales de Agua, que están conformadas por vecinos residentes en las comunidades. 

¿Por qué el MARN no ha sido tomado en cuenta para conformar la junta directiva en la propuesta de ley integral?

Según la diputada Batres, el MARN sí está dentro de una de las propuestas (la de la UCA), pero “no han llegado al tema y no está cerrada la conformación”. La ministra Pohl ha externado su preocupación por la falta de representación del Estado.

Mientras, Batres argumenta que lo que no quieren es crear una “supra autoridad” por parte del MARN, cuando han visto “poca efectividad en su trabajo como ministerio”. 

“No ejecuta arriba del 60 % de su presupuesto anual y a nosotros nos llama la atención el por qué. Hoy por hoy, tiene una enorme responsabilidad en la calidad medio ambiental, pero sobre todo en la calidad del agua. Siendo ANDA el proveedor de servicio de agua que contamina más, hasta el momento tampoco hemos visto que se haga nada por controlarlo. El tema de agua también afecta la salud, pero no hemos visto una posición firme por parte del MARN”, enfatizó.

¿Por qué ministros y viceministros fueron inhabilitados para formar parte de la junta directiva?

Porque ellos están al frente de carteras de estado y los diputados esperan que “realicen sus funciones” y se ocupen de ellas en su totalidad. Creen que cuando se crean instituciones de este tipo, se asigna siempre a personas técnicas, porque los ministros no siempre pueden estar presentes. “Siendo el agua un recurso tan vital que amerita tomar decisiones trascendentales, se consideró que fuesen técnicos en representación de los ministerios”, argumenta Batres.

Y si los ministros, viceministros y miembros de partidos políticos no pueden conformar la junta directiva, ¿qué opciones tendría el presidente para designar?

Este es un artículo que se aprobó en la legislatura pasada que también busca que no integren la junta directiva representantes de empresas relacionados con el tema del agua. La idea es que sea designado personal técnico.

¿Podrían ser más de cinco los miembros de junta directiva?

No hay un escenario planteado, pero según Batres, sí podría abrirse la participación. “El número de cinco miembros no es un mandato expreso, pueden ser más. Lo que no queremos también es abrirlo tanto que se vuelva una junta directiva burocrática. Pero podría variar el número de cinco a siete, siempre bajo la lógica de que será el Estado quien tenga el control”, plantea la diputada.

¿Cuál es la preocupación de las organizaciones ambientalistas?

Organizaciones como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) han urgido la aprobación de una ley de agua porque aseguran que el recurso se encuentra en amenaza. CESTA sugirió creación de un viceministerio del agua que sea dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero al ver que la Asamblea Legislativa no le prestó la debida atención a los anteproyectos presentados, esta y otras fundaciones apoyan la propuesta de la Ley General de Aguas (MARN).

Ricardo Navarro, de CESTA, cree que para evitar una privatización, lo ideal sería la creación del viceministerio. Compara la labor que este tendría con la del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que controla las vías de El Salvador, toma decisiones sobre viabilidad, pero permite que los proyectos sean realizados por la empresa privada.

Por otra parte, Alejandra Rivera Santos, directora ejecutiva de la fundación Let’s Do It El Salvador, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que al tener una ley de aguas en la cual las decisiones serán tomadas con base en un conocimiento parcial de la realidad nacional (en caso fueran solo cinco personas), se dificultaría la recepción del recurso a la mayoría de la población, incrementando la brecha de pobreza a través del acceso al agua, limitando el desarrollo de un país.

Mientras que Douglas Montano, director de proyectos de la misma entidad, considera preocupante que la autoridad hídrica tenga intereses privados y que, con el paso del tiempo se llegue a un estrés hídrico (grave escasez de agua). "Si la empresa privada va a controlar el recurso hídrico, ¿quién va a regular sus acciones sobre cómo utilizar y explotar el recurso subterráneo?", cuestionó. "Pues al agotarse se necesitará otra fuente, como el agua superficial, pero si esta está contaminada por los vertidos generados por la misma empresa privada, no habrá recurso ni para el sector privado ni para la población", agregó.

¿Cuál es el problema de no contar con una ley de agua y por qué se insiste tanto en su aprobación?

Según el MARN, al no tener una ley que regule la gestión del agua, se da una sobreexplotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas y no hay un control del aprovechamiento de este recurso. La falta de un marco regulatorio deriva en una deficiente distribución del agua en todo El Salvador.

El MARN insiste en la creación de una ley de agua porque considera que esto reduciría los costos de su tratamiento para que pueda ser utilizada para consumo humano.

¿Qué ha ocurrido hasta el momento con las marchas por el tema del agua?

El 14 de junio de este año, una de ellas terminó en violencia. Supuestos estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) se enfrentaron de manera violenta con vigilantes de la Asamblea Legislativa. Los manifestantes lanzaron piedras contra las ventanas de la estructura y quebraron los vidrios. Esto dejó como resultado un camarógrafo herido.

 

El rector de la UES, Roger Arias, denunció que los vigilantes tiraron gas pimienta y con ello justificó la respuesta violenta de los estudiantes.

  • Un camarógrafo lesionado y daños en vidrios de la Asamblea durante protesta UES por ley de agua

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